En promedio, cada día son detenidas en Costa Rica siete personas al volante en completo estado de ebriedad. La cifra se deriva del número de conductores que fueron trasladados a la Fiscalía como responsables del delito de conducción temeraria durante el 2021, aunque autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconocen que la cantidad de choferes borrachos podría ser mucho mayor.
Se trata de personas que conducen con una concentración de alcohol superior a 0,75 gramos por cada litro de sangre o, en aire, superior a 0,38 miligramos por litro, como está tipificado en el artículo 261 bis del Código Penal. Para los conductores profesionales como choferes de bus o taxi y los que tienen menos de tres años de tener su licencia, la pena aplica con una concentración de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por litro o, en aire, por arriba de 0,25 miligramos.
Aunque parezca inofensivo, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que altera y dificulta la concentración y, en ocasiones, el juicio; disminuye la apreciación de los colores, luces y sonidos, además de provocar sedación y apatía. Afecta todos los órganos del cuerpo, puede generar trastornos psicológicos y la intoxicación se asocia con el deterioro de funciones neurológicas y habilidades motoras, como demuestran cientos de investigaciones y estudios médicos.
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No se puede estandarizar cuánto alcohol se puede tomar sin exceder los límites permitidos para conducir en el país, ya que la sustancia reacciona diferente en todos los cuerpos y también se comporta distinto si la persona está inestable anímicamente, sin comer o sin dormir. Por eso, la recomendación siempre es: si toma, no maneje, porque tomar y manejar es un crimen.
La legislación nacional indica que este delito se castiga con uno a tres años de cárcel, pero como explica el exjuez penal y excoordinador del Juzgado de Tránsito de San José, David Hernández, en la práctica muchos conductores logran evadir la prisión en los tribunales de flagrancia con el instrumento procesal de suspensión de proceso a prueba, con el que dan una cierta cantidad de dinero a una organización de bien social o hacen voluntariado por 180 horas. Con ese compromiso regresan tranquilos a su casa.
Para Hernández, esta irresponsabilidad en carretera ocurre por la gran escasez de educación vial que hay en el país, pero también porque los únicos cursos que se imparten sobre el tema tienen una visión solamente sancionatoria, en la que la única consecuencia por manejar borracho es una multa que se puede saldar y se acaba el problema; además hay una percepción de impunidad por la falta de condenas. “Es una visión amenazante, donde se le dice a la persona que si lo hace se le va a sancionar, pero hay que recordar que el ser humano reacciona de forma negativa cuando se siente amenazado”, agregó.
Faltan ojos en vías
El exjuez recordó otro aspecto fundamental, y es que la Policía de Tránsito carece de suficientes oficiales que vigilen las calles. Lo mismo argumentó el subjefe de Operaciones de este cuerpo policial, Juan Rodríguez, quien reiteró el gran faltante de funcionarios, principalmente en las noches, cuando la planilla se reduce más. “Si tuviéramos el recurso humano suficiente estos números serían otros”, aseguró, en referencia a los conductores que manejan bajo los efectos del licor.
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“Nosotros venimos pidiendo desde 2014 que lo aumenten y siempre nos ofrecen hasta 400 oficiales, pero no nos dan ninguno. En este momento se está en un proceso de reposición de las plazas que han sido dejadas por personas que se jubilaron o han dejado de trabajar en el Ministerio, pero plazas nuevas ninguna, desde hace años”, reclamó el funcionario.
A pesar de esa escasez, Rodríguez resaltó que los conductores tampoco deben esperar a encontrarse un policía en la calle para cumplir la ley.
Para todo el país hay 729 policías de Tránsito y, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), alrededor de 1,6 millones de vehículos (un oficial por cada 2.200 automotores). Para Rodríguez, esto es preocupante, porque se trata de un problema muy grande para tan pocas manos, ya que “el tico tiene una conducta de manejar con alcohol de una manera muy irresponsable; muy fácilmente consume licor y conduce vehículos”.
De hecho, en todo el 2021 solo se logró trasladar a 2.560 conductores alcoholizados a la Fiscalía, es decir, unos siete por día, y en el caso de las multas de tránsito (¢280.000), que se aplican a choferes que manejan con una concentración de alcohol en sangre de 0,10 mg/l a 0,38 mg/l en aire respirado, únicamente se hicieron 367 en todo el periodo, o sea, una por día. Las autoridades reconocen que estos números no reflejan la realidad nacional, pero insisten en que es lo que se puede lograr.
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Según la Policía de Tránsito, entre los puntos calientes donde más se detienen borrachos tras el volante se encuentran el concurrido barrio La California en San José y las zonas vacacionales de las costas, principalmente en Guanacaste y Puntarenas. Las noches y madrugadas se mantienen como las franjas horarias con más detenciones, pero los oficiales afirman que siempre es posible encontrar conductores ebrios a lo largo de todo el día, en absolutamente todo el país.
Así lo confirmó el oficial Juan Diego Fernández, quien durante una visita de un equipo de La Nación a un operativo realizado la noche de este jueves en el viaducto de Circunvalación, bajo la rotonda de las Garantías Sociales, explicó que aunque se hagan controles de carretera todas las semanas, principalmente al llegar el sábado y domingo, los conductores continúan manejando bajos los efectos del alcohol, más que todo desde que se relajaron las medidas sanitarias y se dio más apertura. “No hay un perfil de mayor incidencia, esta conducta no respeta ni edad ni sexo, lamentablemente es muy común y preocupante”, declaró.
‘El berrinche ha sido el mismo’
El secretario general de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), Joselito Ureña Vega, comentó a este diario que la escasez de suficientes policías de Tránsito y, por ende, la reducida atención que se le da a la gran cantidad de borrachos al volante es un problema al que ningún gobierno ha querido entrarle, tampoco el actual.
“Esto ya es una pandemia, una situación que enciende cualquier alarma, y el ministro (Luis Amador) no hay forma de que entienda que efectivamente se necesita recurso humano. Hay demasiada gente que maneja ebria en las calles que no es detectada”, manifestó Ureña.
Agregó que además de la reducida cantidad de oficiales, también se debe tomar en cuenta que hay funcionarios de vacaciones o incapacitados, y que en delegaciones, como la de Limón, a veces solo hay una pareja por guardia para cubrir a todo el cantón y sus alrededores, y que “por eso es que nunca se ven en las calles”. Asimismo, reclamó que es extraño que no se invierta en una Policía que es autosuficiente, por la gran cantidad de recursos que se obtienen por las multas de tránsito.
Por último, Ureña destacó que otro asunto que se debe modificar para atender este problema es la forma en que se aborda a los conductores alcoholizados, porque los protocolos existentes dificultan en gran medida el margen de acción de los policías, ya que en ocasiones se les va todo el día trasladando a un solo chofer a la Fiscalía. Reclamó que esto no solo genera que se desatiendan otros temas en carretera, sino que representa un gasto para el Estado que se puede reducir con otros métodos.
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“Tenemos un problema de ley, porque todas las normas de Tránsito se han hecho detrás de un escritorio. No le preguntan a un policía qué necesita la ley para hacerla más práctica. Lo que más se necesita es un juzgado de flagrancia que se dedique solo a tratar situaciones de conducción temeraria, porque no es solo licor, los piques también. Entonces lo que tenemos no es un problema de actuación, sino de aplicación. Toda la vida el berrinche ha sido el mismo”, dijo el oficial con 25 años de carrera.
El sindicalista resaltó que recientemente le solicitó una reunión a la viceministra de Transportes, Laura Ulloa Albertazzi, para advertirle sobre esta situación y las necesidades de la Policía de Tránsito, pero alegó que su solicitud fue rechazada.
La Nación también envió consultas a la jerarca, quien comentó que en los últimos años ha aumentado la cantidad de conductores ebrios que son trasladados a la Fiscalía y que considera necesario modificar los límites de alcohol en la Ley de Tránsito.
“Una probable solución puede ser la modificación de los niveles de alcohol en la ley, de manera que los conductores siempre reciban una multa en sede administrativa y que vayamos descongestionando los casos en sede judicial, para que en esta sede se vean ciertos casos solamente”, mencionó Ulloa, al reconocer que se necesitan de unas 600 a 1.000 plazas de oficiales de Tránsito para poder brindar un servicio adecuado y eficiente, pero por el momento solo hay 110 vacantes por ocupar.
Ebriedad en carretera
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FUENTE: Ley de Tránsito y MOPT. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.