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Juan Fernando Lara S.
Hace dos años, la escasez de agua en Guanacaste castigó tanto a los pobladores de esa provincia que el Gobierno decretó, en setiembre del 2014, una alerta de emergencia por la sequía severa de fuentes.
La Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecutaron ese año ¢1.100 millones en ayuda durante la primera fase del decreto para contener los efectos del fenómeno El Niño en la Región Chorotega y otras.
Más de 9.000 productores agrícolas y pecuarios se beneficiaron de la primera etapa del proyecto, según el Ministerio.
Pero una de las manifestaciones más claras del problema fue la creciente salinización de acuíferos en zonas costeras.
Esto ocurre cuando se pierde el equilibrio natural entre agua dulce y agua salada. Por densidad, el agua dulce está sobre el agua salada; pero si la primera se extrae, la segunda empieza a subir y esto elimina la vida útil de pozos explotados al límite.
Por esta razón, la extracción de líquido de los pozos debe limitarse, para permitirles su recuperación y así mantener un mínimo de agua dulce en el acuífero y prevenir que este se seque.
El proceso en Guanacaste se aceleró en diversas zonas por la construcción de pozos legales e ilegales para abastecer a habitantes, hoteles y fincas.
Tal es la situación que en mayo del año anterior, la Sala Constitucional respaldó la decisión de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada) de Playa Potrero, en Santa Cruz de Guanacaste, de negar agua para un proyecto de condominio debido al riesgo de salinización del acuífero.
A junio del 2015, el Instituto Meteorológico Nacional no registra, desde 1937, tanta sequía en la zona de Liberia, situación declarada entonces como la de condiciones climáticas más extremas de los últimos 78 años.
