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San José.
Un fallo de la Sala I del 5 de febrero dejó sin efecto medidas dictadas por el Juzgado de Familia que aparentemente, habían resuelto el conflicto legal en la empresa Gas Zeta en Costa Rica, provocado por el divorcio de sus propietarios. Aún se desconoce si la decisión podría afectar la distribución de ese combustible en el país, como ocurrió el año pasado.
En junio del 2015, el Juzgado de Familia confirmó a Noel Bustillos, como el único representante legal de la firma en Costa Rica. Bustillos es el yerno de Evangelina López, una de las dueñas.
En consecuencia, se le ordenó a Miguel Monge, representante de Miguel Zaragoza, el dueño, desalojar los planteles de la gasera.
Aquella decisión, entonces, dejó la empresa bajo control de la esposa.
Sin embargo, la Sala I en su fallo 000033-E-S1-2016, de este mes, anuló las decisiones del Juzgado de Familia al concluir que este invadió competencias de los jueces de lo contencioso administrativo, respecto a la tutela de la concesión de gas licuado de petróleo.
La Sala I indica en su fallo que: "Está dentro de las prerrogativas del Tribunal Contencioso Administativo, cuando así precise, ordenar medidas de tutela cautelar provisionalísima, respecto a la concesión pública del gas licuado de petróleo sobre las que los órganos de la jurisdicción de familia carecen de atribuciones para revertirlas, deviniendo nula toda disposición de estos en este sentido".
Todavía las partes están revisando los alcances del fallo y los eventuales cambios en el manejo de la compañía, que para 2015 tenía el 70% del mercado del gas.
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Según abogados que defienden los intereses del marido, ahora habrá un nuevo cambio en el manejo de la compañía.
"Todo vuelve a su situación anterior de forma que al frente de las empresas deben estar los socios suizos y la persona que ellos nombren. La Sala I ha delimitado las competencias y le ha dicho a Familia que se ocupe en lo que corresponda solo aquello relacionado con el proceso de divorcio", expresó Sergio Artavia.
Por su parte, Carlos Quesada, representante legal de Evangelina López, insistió que el fallo de la Sala I aún no está en firme por lo cual "ya se están utilizando todos los remedios legales para revertirlo".
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De hecho, para este miércoles fue convocada una conferencia, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José, a la que acudirán para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el fallo 000033-E-S1-2016. Además, según adelantaron, plantearían dos gestiones por considerar que existe conflicto de competencia: una ante la Corte Plena y otra ante la Sala II.
"Mientras la empresa esté en manos del Señor Bustillos, los costarricenses pueden estar tranquilos que el suministro está garantizado. Si la Sala I se tomó de junio del año pasado a febrero de este año para resolverle a la otra parte, entenderíamos que estudiará nuestros argumentos con el mismo detalle y tiempo", manifestó Quesada.
Mientras, Irene Villalobos, vocera de los trabajadores, aseguró que el suministro continuaría con normalidad.
Miguel Zaragoza Fuentes y Evangelina López Guzmán, ahora de 79 y 83 años, respectivamente, se casaron en octubre de 1953 en Ciudad Juarez, México. La pareja es propietaria de gran cantidad de empresas y otros bienes, incluyendo aviones, en America Latina y Europa.
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Su divorcio se tramita en el Condado de Harris, en Texas, y pasa por un complicado proceso de división de bienes que incluyó las 12 empresas que poseen en Costa Rica.
Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) recordó que en este caso corresponde al ministerio de Ambiente y Energía velar por la distribución del gas en el país por ser el encargado de autorizar a las empresas distribuidoras y asegurar ese sunministro.
Aresep, explicó Quesada, verifica que el servicio se ejecute según ciertas reglas de calidad establecidas.
"En el ejercicio de nuestras competencias, seguiremos haciendo las visitas correspondientes tres veces al mes a las nueve plantas distribuidoras de gas que existene en el país", advirtió Quesada quien prometió las sanciones correspondientes si detectan irregularidades.
El año pasado el intendente de Energía confirmó que hubo tres incumplimientos por lo cual solicitaron acciones contra Gas Zeta. En dos casos, inspectores de Aresep detectaron plantas que no estaban brindando el servicio y en otro se les impidió el acceso al plantel.
De imponerse sanciones, las multas pueden ser entre ¢2 y ¢8 millones e incluso hasta se le puede revocar la concesión a Gas Zeta, explicó Quesada.
