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En mayo, el regulador general Roberto Jiménez Gómez dejará el cargo y reclamar ¢18,5 millones por acumular 67 días de vacaciones a enero de este año, como confirmó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Así como Jiménez, tampoco sus asesores disfrutaron de las vacaciones que les correspondían por lo cual, en conjunto, podrían cobrar ¢9,7 millones.
¿Por qué no tomó las vacaciones y ahora podría cobrarlas? Ante consulta de La Nación, Aresep respondió, mediante su oficina de prensa, que el jerarca no tomó los periodos de descanso por el temor a una parálisis institucional ante su ausencia.
“Don Roberto ostenta el cargo de jerarca administrativo de la Aresep que regula más de 36 servicios públicos de tres sectores de gran relevancia para la economía del país. Además, por el cargo que ejerce no solo le corresponde ser miembro de la Junta Directiva, sino también, es el presidente de la misma”, indicó el área de prensa de la Autoridad.
La situación, dijeron, deja escaso margen a Jiménez para descanso y aún más en los últimos dos años cuando por la pandemia debía “atender temas de crisis y de gran relevancia nacional que requieren” su presencia.
“Es evidente que, ante todo en este contexto, si se ausenta por vacaciones la institución y la Junta Directiva se verían afectadas en su gestión por no decir que paralizaría la acción institucional”, añadió prensa de Aresep.
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Esta urgencia ocurre aunque la Aresep también tiene una persona en el cargo de regulador general adjunto, que según la ley de la entidad (número 7593), ese funcionario tiene como uno de sus deberes sustituir al regulador general en sus ausencias temporales. Ese cargo lo ocupa actualmente Xinia Herrera Durán.
Según prensa, Jiménez queda limitado para tomar un descanso a pesar de la existencia de la reguladora adjunta porque Xinia Herrera está inhibida para participar en sesiones de Junta Directiva “en algunos temas” y citó como ejemplo los relativos a la generación de energía privada.
La Autoridad no precisó otras razones por las cuales la funcionaria no puede presidir la Junta, en sustitución de Jiménez, en otras sesiones cuando se discuten asuntos vinculados a alguno de los 36 servicios públicos regulados.
Actualmente, participan en esas reuniones, Jiménez Gómez y los directivos Jorge Blanco Roldán y Ana Lorena León Marenco. El Consejo Gobierno sigue sin nombrar a dos miembros faltantes luego de la salida de Sonia Muñoz Tuk, en mayo del 2021, y de Édgar Gutiérrez López, en mayo del 2020.
Reglamento lo contempla
En agosto del año pasado, la Junta Directiva de Aresep que preside el regulador modificó el llamado Reglamento Autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, su órgano desconcentrado y sus funcionarios. El Artículo 36 del mismo indica que a un funcionario se le pueden pagar sus días vacaciones al salir de la institución bajo ciertas condiciones.
Según esa política, se le pagan si el funcionario ha cumplido el mínimo de ley de dos semanas de vacaciones por cada 50 laboradas. Si a la persona no se le han compensado vacaciones en los últimos dos años de trabajo y el pago será solamente por un máximo de tres periodos de vacaciones anuales acumuladas. Jiménez cumple con esas condiciones.
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Los 67 días de vacaciones que acumula Jiménez Gómez hasta enero le costarían a la entidad ¢18,5 millones, suma que el funcionario recibiría al vencer su período en mayo, luego de seis años en el puesto. La otra opción sería tomar las vacaciones a partir de esta misma semana, lo que pareciera descartado.
Uno de sus asesores de despacho, Román Navarro Fallas, recibiría al menos ¢4,3 millones por 30 días de vacaciones no disfrutados a enero del 2021. Sus asesores Juan Carlos Martínez Piva y Herley Sánchez Víquez recibirían ¢2,5 millones por 17 días y ¢2,8 millones por 24 días; respectivamente, confirmó la Autoridad.
Jiménez Gómez empezó a laborar en mayo del 2016 en la Aresep bajo el régimen de salario global por el cual devenga 20 días hábiles de vacaciones por cada año.
Código de Trabajo
Xiomara Solís Murillo, especialista en derecho laboral y socia del Bufete Solís & Rodríguez, explicó que el artículo 156 del Código de Trabajo indica que las vacaciones serán absolutamente incompensables excepto cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa en cuyo caso tendrá derecho a recibirlas en dinero.
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Sin embargo, recordó que en este caso, si la institución lo hubiera mandado a vacaciones cuando correspondía según el Código de Trabajo, ahora no habría saldo de vacaciones pendientes de disfrute o, a lo sumo, serían del último período tal y como lo pide la legislación.
En ese sentido, la especialista citó el artículo 159 del Código, el cual prohíbe acumular vacaciones más de una sola vez cuando el trabajador tiene labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas que dificulten especialmente su reemplazo.
“De hecho, si el patrono no se asegura de que se disfruten dentro de los plazos de ley, se expone al cobro de multas por infracción de leyes laborales”, comentó.
Édgar Cubero Castro, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aresep y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) criticó el eventual pago al regulador y sus asesores de confianza.
“Nos preocupa que, con el estado financiero de la Aresep por los recortes en los cánones al sector de transporte público, se giren grandes sumas para compensar vacaciones no disfrutadas y en contra de la política de vacaciones aprobada, cuando hacen faltan fondos para fortalecer las actividades sustantivas regulatorias”, expresó.
Cubero explicó que, por lo general, a los funcionarios no se les permite acumular vacaciones y las jefaturas y el área de recursos humanos controlan esto.
Para el vocero gremial, la tónica ha sido que los funcionarios tomen sus días libres sin distinción alguna. Dadas las condiciones presupuestarias de la institución, dijo, lo que procedería es que al regulador y a sus asesores se les programe un plan de vacaciones para que al vencer sus nombramientos no acumulen días.
