Por: Juan Fernando Lara.  Hace 4 días
Mayid Brenes, director jurídico de Recope y Sara Salazar, expresidenta de Recope durante una visita a la Sala Constitucional el 13 de marzo del 2016 .Fotografía: Graciela Solís
Mayid Brenes, director jurídico de Recope y Sara Salazar, expresidenta de Recope durante una visita a la Sala Constitucional el 13 de marzo del 2016 .Fotografía: Graciela Solís

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) declinó sancionar a su director jurídico, Mayid Brenes Calderón, luego de que la Procuraduría de la Ética detectara una posible falta al deber de probidad.

A él se le cuestiona por participar en cambios en la convención colectiva de esa empresa que hoy permiten su permanencia en el cargo, hechos por los cuales la Procuraduría recomendó abrirle un procedimiento administrativo.

No obstante, Recope descartó esa posibilidad, aunque admite que "resulta inconveniente que funcionarios de la empresa, cobijados por la convención colectiva, participen en procesos de negociación, aun como asesores, por lo que en general debe evitarse en el futuro".

Así lo señala el acuerdo JD-0098-2018 del pasado 4 de mayo del 2018 de la Refinadora.

El informe AEP-INF-010-2018 de la Procuraduría, descartado por Recope, halló posibles faltas al deber de probidad por parte de Brenes y otros trabajadores, quienes participaron en la renegociación de la convención que permitió dejar nombrados a al menos 10 de sus directores de área antes del cambio de Gobierno. Entre estos está el director jurídico.

Específicamente, el ente determinó que Brenes integró la representación laboral de Recope durante la modificación del artículo 4 del acuerdo laboral que entró a regir el 8 de julio del 2016.

Con el artículo se introdujo un transitorio, el cual dicta que los directores de área nombrados antes de la entrada en vigencia de esa convención tienen que someterse a un proceso de concurso interno para quedar firmes en el cargo.

En la convención anterior, ese artículo establecía que el nombramiento y remoción de estos directivos quedara a discreción de la Presidencia y Gerencia General de Recope.

Para la Procuraduría se habría aprovechado "indebidamente de su cargo de director jurídico", con los cual se generó una " duda razonable sobre su imparcialidad".

Según la Procuraduría, la presencia de Brenes en las negociaciones le permitía "beneficiarse potencialmente de la modificación del artículo 4, participando en el concurso interno para adquirir la plaza de Director Jurídico en propiedad".

El citado informe advierte de que la designación de estos representantes es discrecional y corresponde al jerarca de la entidad (anteriormente Sara Salazar); sin embargo, apunta que por el solo hecho de participar en el proceso "quedan automáticamente excluidos de la convención colectiva".

La Junta Directiva de Recope, encabezada por Sara Salazar, tuvo una opinión distinta.

Según el acuerdo JD-0098-2018, en poder de este diario, Brenes Calderón se abstuvo de conocer la modificación del artículo 4 y tampoco participó en la votación, ya que consideró "que podía existir un conflicto de interés por su investidura de director jurídico y por ser beneficiario de la modificación de la convención colectiva".

Además, este cuerpo colegiado aclara que la iniciativa de modificar ese artículo del convenio laboral surgió de los directores de área de Recope –según consta en una nota que estos firmaron el 27 de octubre del 2014– y agregan que Brenes Calderón no firmó ese documento.

Finalmente, los directivos de Recope indicaron que su director jurídico "no era miembro de la delegación negociadora sino meramente asesor".

El acuerdo concluye que, por esas razones, se declina acoger la sugerencia de procedimiento administrativo contra el Director Jurídico de Recope y que, en el futuro, ningún empleado cobijado por la convención colectiva participe en forma alguna en la renegociación de esta.

El documento también instruye a la secretaria de la Junta Directiva a comunicar el acuerdo a la Procuraduría de la Ética.

No obstante, el área de prensa de la Procuraduría General de la República confirmó que dicha resolución no ha sido enviada.

"El Presidente Ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz Villalobos, comunicó a la Procuraduría de la Ética Pública que el Informe AEP-INF-10-2018 continúa siendo confidencial, debido a que la nueva Junta Directiva va a analizar y revisar los acuerdos tomados por la anterior Junta Directiva", agregó el área de prensa ante consulta de este diario.