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La nueva administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) cesó esta semana a su director jurídico, Mayid Brenes Calderón, a quien la administración pasada rechazó sancionar luego de que la Procuraduría de la Ética alertará sobre una posible falta al deber de probidad del ahora exfuncionario.
Desde el año pasado, a Brenes se le cuestiona porque participó en la negociación de la convención colectiva de Recope del 2016. En esta se crearon condiciones para que él y otros directores permanecieran en sus cargos, hechos por los cuales la Procuraduría recomendó abrirle un procedimiento administrativo.
Recope, sin embargo, descartó esa posibilidad, aunque admite que resulta inconveniente que funcionarios de la empresa, cobijados por la convención colectiva, negocien sus propios beneficios, aun como asesores, por lo que en general debe evitarse en el futuro. Así lo señala el acuerdo JD-0098-2018 del pasado 4 de mayo del 2018 de la Refinadora.
El informe AEP-INF-010-2018 de la Procuraduría, descartado por Recope, halló posibles faltas al deber de probidad por parte de Brenes y otros trabajadores, porque esa renegociación permitió dejar nombrados mediante un concurso interno a al menos 10 de sus directores de área antes del cambio de Gobierno. Entre los beneficiados estaba Brenes.
Ante consultas de este diario, la oficina de prensa de Recope confirmó que Brenes quedó cesante al ser superado por otra persona en el concurso que él mismo contribuyó a impulsar desde el 2016. Según la entidad, “el señor Brenes no tiene otra plaza en la empresa y por tanto quedó cesante”.
La Procuraduría determinó que Brenes integró la representación laboral de Recope en la modificación del artículo 4 del acuerdo laboral vigente desde julio del 2016. Con el artículo se introdujo un transitorio, el cual dictó que los directores de área nombrados antes de la entrada en vigencia de esa convención debían someterse a un proceso de concurso interno para quedar firmes en el cargo.
En la convención anterior, ese artículo establecía que el nombramiento y remoción de estos directivos quedara a discreción de la Presidencia y Gerencia General de Recope.
Para la Procuraduría se habría aprovechado “indebidamente de su cargo de director jurídico”, con lo cual se generó una “duda razonable sobre su imparcialidad”.
Su presencia en las negociaciones le permitía “beneficiarse potencialmente de la modificación del artículo 4, participando en el concurso interno para adquirir la plaza de Director Jurídico en propiedad” detalla el informe AEP-INF-010-2018.
La Junta Directiva de Recope, encabezada por Sara Salazar, tuvo una opinión distinta.
Según esta, Brenes Calderón supuestamente se abstuvo de conocer la modificación del artículo 4 y, al parecer, tampoco participó en la votación, ya que habría considerado “que podía existir un conflicto de interés por su investidura de director jurídico y por ser beneficiario de la modificación de la convención colectiva”.
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Legalidad en duda
Desde el año pasado, la Procuraduría atendió una denuncia sobre la legalidad de dicho concurso pues Recope abrió ese proceso basándose en una normativa interna sin aval de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), adscrita al Ministerio de Hacienda.
Recope sometió para análisis de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria un estudio integral de puestos llamado “Modelo de Gestión de Talento Humano basado en competencias”; así como su Manual de Clases y su Manual de Cargos.
El 2 de octubre anterior, la Secretaría rechazó seguir el análisis del estudio integral de puestos de Recope, conforme el oficio STAP-1519-2017, en poder de este diario.
“Nos permitimos informarles que tal como se ha indicado en varias reuniones con funcionarios de Recope, para que esta Secretaría pueda realizar el estudio técnico correspondiente, es necesario contar con toda la información requerida, la cual debe estar de conformidad con la normativa vigente”, se lee en el documento.
A la fecha, Recope no ha remitido la información.
De esta forma, aún no dispone de autorización oficial para su estudio integral de puestos el cual permite, entre otras acciones, decidir técnicamente los nombramientos de personal.
Tal circunstancia podría vaciar de legalidad eventuales nombramientos para esos puestos directivos en proceso de concurso interno; situación que ahora está bajo investigación de la Procuraduría de la Ética Pública, adscrita a la Procuraduría General de la República.
