EscucharEn la sesión de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) del 23 de agosto de 2022, cuando se iba a discutir y votar sobre un aumento salarial retroactivo para más de 2.400 trabajadores, Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva de la entidad, tomó la palabra y pidió que se declarara confidencial el debate.
“Para que no nos genere bulla”, fue la explicación que dio ante su solicitud.
La jerarca no mencionó aspectos legales, técnicos o financieros que justificaran la declaratoria de confidencialidad. Incluso, en su intervención reconoció que el asunto podía ser público, pero que ella prefería que se manejara con “perfil bajo”.
“Lo colocamos (el tema) en confidencial, aunque pudo haber sido un tema público, para que no nos genere bulla en este momento. Mientras más confidencial se maneje, de bajo perfil, mejor”, dijo Araya Esquivel en la sesión de ese 23 de agosto.
El acta se mantuvo en secreto hasta que, el 25 de noviembre, los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron a Araya Esquivel entregar la información relacionada con el alza de 1,7% para los funcionarios del Instituto. Sin embargo, al momento de remitir el documento a la persona que presentó el recurso de amparo, solo enviaron los considerandos y el acuerdo, es decir, omitieron entregar todas las manifestaciones de los directivos al respecto.
Ante las omisiones, La Nación solicitó al INS el acta completa, la cual fue enviada el viernes 23 de diciembre, vía correo electrónico.
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El miércoles 28 de diciembre, se le plantearon consultas a Araya Esquivel a través de la oficina de prensa del INS, pero al cierre de esta información no había contestado. También se le llamó a su teléfono celular, pero no respondió.
Una de las preguntas realizadas es a qué se refería con “no generar bulla” y si la propuesta de declarar confidencial la discusión fue iniciativa suya o de la Gerencia General del INS.
Contrario a lo expresado en la sesión del 23 de agosto, en una entrevista realizada el 19 de setiembre anterior, la presidenta ejecutiva mencionó el Código de Ética y la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información para justificar su decisión. “Es una decisión empresarial”, comentó en esa ocasión.
En esa misma entrevista, Luis Fernando Monge, gerente general del INS, declaró que el ajuste salarial “toca temas de competencia” y que “son asuntos de interés comercial”.
“Diay... tampoco le corresponde revelarle a nadie, por temas de competencia, cuánto le va a aumentar a sus funcionarios”, manifestó Monge.
