Los efectos de ley de reforma fiscal comienzan a reflejarse en los pagos por incentivos salariales de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que tuvieron una caída de casi ¢1.300 millones en el 2019, un año después de que entrara a regir la normativa.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas introdujo medidas para el equilibrio de las finanzas públicas como un freno al crecimiento y orden para los sobresueldos que depositan instituciones y empresas estatales a sus trabajdores. La reforma se aprobó en diciembre del 2018.

En el caso de Recope, el costo en estos pagos para sus 1.700 trabajadores se traslada todo a las tarifas de combustibles costeadas por los usuarios; de ahí la importancia por el efecto ahorro que pueda tener la nueva legislación.

Informes de ejecución presupuestaria entregados por la Refinadora a la Contraloría General de la República (CGR) revelan que en el 2018 se pagaron ¢22.121 millones por concepto de incentivos salariales mientras en el 2019 ese mismo pago descendió a ¢20.825 millones.

Se registró así una disminución de 5,8% (¢1.295 millones) de un año a otro; la mayor en los últimos 10 años.

Estas cifras están expresadas en términos reales o deflactadas, es decir, con montos traídos al valor presente ya que el dinero pierde valor con el tiempo debido al efecto de la inflación.

Sin embargo, al restarse el efecto inflacionario en los pagos de incentivos salariales de Recope, puede compararse el ritmo de esas remuneraciones en términos reales (colones constantes) usando de referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del 2019.

Recope incluye en su casilla de “incentivos salariales” el pago de antigüedad por años de servicio o anualidad, prohibición, aguinaldos y salario escolar, así como una cuenta de “Otros incentivos salariales” donde cuenta pluses como peligrosidad, trabajo expuesto a alta temperatura, trabajo a altura, desarraigo, carrera profesional, incentivo a trabajadores no profesionales y mantenimiento de poliducto en caliente; todos estos derivados de artículos de su Convención Colectiva.

Menor ritmo

Los pagos por incentivos salariales comenzaron a bajar el ritmo en 2018 durante la discusión legislativa de la reforma fiscal. Ese año ocurrió una caída de 4% en términos reales al pasar dichas remuneraciones de ¢23.088 millones en el año 2017 a ¢22.121 millones (¢966 millones menos) en 2018.

Entre 2018 y 2018; entre discusión y entrada en vigencia de la Ley 9.635, el depósito de incentivos se encogió ¢2.262 millones lo cual equivale a una caída acumulada de 10% entre ambos años.

Al revisarse la ejecución de esas remuneraciones, Recope siempre depositó en sobresueldos al menos ¢23.000 millones en términos reales del 2012 al 2017.

Ante consultas de La Nación, la Refinadora atribuyó la variación en los pagos a una sustitución de trabajadores que se acogieron a la pensión, con personal que devenga menos pluses y sobresueldos debido al efecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).

“Cabe aclarar que algunos pluses salariales se modificaron a montos nominales fijos y otros que se aplican como porcentajes, bajaron considerablemente. A lo interno, la Administración percibe para el 2020, un comportamiento similar al del 2019”, explicaron autoridades de la entidad.

Estas modificaciones se explican por la disposición de la reforma de que los incentivos se deben pagar no por cálculos porcentuales sino como montos fijos.

Por ejemplo, las anualidades o reconocimiento anual por años de servicio es un 1,94% para los profesionales y 2,54% para los no profesionales, calculadas a montos fijos con base en el salario de enero de 2018.

Menos personal veterano

La caída en el pago de incentivos también se vincula con la salida de parte de su personal en el 2018 quienes, avisados de la reforma y sus implicaciones para ellos, decidieron salirse de la empresa.

Con la aprobación de la reforma fiscal, el tope al pago de cesantía en el sector público se fijó en ocho años. Antes de la ley, Recope reconocía hasta 20 años por ese plus.

En el 2018, la Refinadora pagó en cesantía ¢4.814 millones mientras en el 2017 fueron ¢2.137 millones debido a la partida de 126 personas; de ellas 68 por renuncia.

En el 2017, en cambio, salieron 74 trabajadores entre jubilaciones y dimisiones.

Recope reconoció a la Contraloría General de la República que en el 2018 experimentó renuncias de trabajadores y jubilaciones “por temor a perder años en la cesantía”, revela una modificación presupuestaria de noviembre del 2018 remitida al ente contralor.

“En el mes de julio de 2018 se dio un comportamiento atípico en cuanto al número de funcionarios que se desvincularon de la empresa (36 colaboradores), cuando el promedio mensual es de cinco personas”, enfatizó la institución pública en su nota de modificación presupuestaria.

La mayoría de los empleados que dejaron Recope entonces cumplían un promedio de 27 años de laborar en la compañía.

Con la reforma, la única excepción al pago de cesantía por ocho años se dio a los trabajadores cubiertos por convención colectiva, a quienes sí se les permitió un tope de 12 años si, por antigüedad, ya tenían el derecho a esto al momento de aprobarse la nueva ley.

El año pasado, Recope registró 82 salidas de personal entre renuncias y jubilaciones. Esto suma 198 entre los años 2018 y 2019 en que, en forma simultánea, también contrató nuevos trabajadores para reposición de quienes salieron. Si se toman en cuenta tres años, del 2017 al 2019, suman 282 retiros.

Hoy la entidad reporta 1.699 trabajadores en cargos fijos (su tope es 1.801 por disposición de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) pero, según la administración, su objetivo es mantenerse en esa cifra por lo cual no prevé la apertura de plazas nuevas.

“En cuanto a la contratación de personal, el mismo se realizará de acuerdo a las necesidades empresariales, y solo para llenar las plazas vacantes”, concluyó Recope.