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La Cámara de Industrias de Costa Rica recriminó al Gobierno el abandono del sector energético, el cual, consideran, está al borde de una emergencia.
Para los industriales, además, el Ejecutivo ha incumplido su promesa de ofrecer tarifas competitivas en electricidad y combustibles.
Estas fueron algunas de las críticas planteadas durante el inicio del Congreso Virtual de Energía y Ambiente 2021, este miércoles.
“Además de nuestras constantes denuncias por el aumento de las tarifas de electricidad y combustibles, enfrentamos retos transversales, como por ejemplo, que el sector de energía no tiene una verdadera rectoría”, expresó Enrique Egloff, presidente de la Cámara.
En criterio del empresario, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) concentra su atención en el sector de ambiente pero descuida la supervisión del sector energético.
Egloff también acusó al Ejecutivo de paralizar la generación distribuida porque la respuesta del Minae “ha sido lenta y sin liderazgo” en la discusión y revisión de esta forma de producción de electricidad para consumo propio.
Según el industrial, esa cartera se deja influir por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por los concesionarios de servicios públicos para frenar el avance.
La Cámara, además, atribuye a la administración de Carlos Alvarado poner en riesgo una rebaja de 14% en las tarifas eléctricas del ICE que entró a regir en enero.
Ese riesgo, dijo, se da con una resolución del Ministerio de Hacienda la cual eximió al Instituto de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en sus fideicomisos financieros, los cuales trata como operativos.
Desde enero, el ICE no podía trasladar a las tarifas una serie de gastos, sino que debía asumirlos por su cuenta. Con la resolución de Hacienda podría incluirlos en los costos para sus abonados.
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Las NIIF son estándares internacionales que uniforman la aplicación de reglas contables e impiden interpretaciones alternativas de los datos para garantizar la transparencia de las finanzas de las instituciones.
Mediante un comunicado de prensa la semana pasada, Hacienda adujo que, por mandato constitucional, no es posible la aplicación retroactiva de normas en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas. Así lo señala en referencia a contratos que el Instituto asumió antes del decreto N°35616-H, del 2 de diciembre del 2009.
En dicho decreto Hacienda estableció que el uso de las NIIF era obligatorio en las empresas del sector público nacional desde ese año.
La aclaración del Ministerio introduce así una excepción a su propio decreto en momentos cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) analiza un reclamo del ICE contra la rebaja del 14%.
La objeción podría derivar así en un recorte del porcentaje de rebaja favorable a los consumidores.
“Esto evidencia la falta de rectoría y coherencia entre los diferentes actores estatales del sector energía. Tendremos que seguir insistiendo ante Aresep para que se cumpla la ley como corresponde y no se reverse la reducción de tarifas de enero, sino que más bien se retome el trabajo para aumentar eficiencia y profundizar las rebajas”, insistió Egloff.
También la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció este miércoles para expresar su “profunda preocupación” por el portillo que abrió Hacienda para que el ICE se salga de la aplicación de las normas.
“Salirse del cumplimiento de las NIIF significaría aumentos inminentes en las tarifas eléctrica que pagan todos los usuarios, tanto hogares como empresas”, dijo.
Por ello, señala la organización, para el sector empresarial no es de recibo que Hacienda abra portillos a las instituciones públicas “para que desacaten lo estipulado por ley”.
Fustiga a Recope
Durante su intervención, el vocero de la Cámara de Industrias fustigó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) porque, aparte de no refinar hace décadas, “ahora pretenden subir el precio al gas de cocina o GLP”.
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De esta forma hizo referencia a la intención de esa empresa de construir una terminal flotante para importar gas licuado de petróleo en la costa Pacífica, valorada en $234 millones.
“Mientras el sector privado busca alternativas más baratas y competitivas, el monopolio del petróleo y sus derivados, busca hacer inversiones que a la fecha no se han requerido, con la única justificación de reducir el riesgo de transporte por el Atlántico, con el consecuente aumento en los precios del GLP”, afirmó.
Según la empresa, ese muelle flotante estaría cerca de puerto Caldera, en Puntarenas, y serviría para ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) nacionales.
Sin embargo, su propio estudio de preinversión dice que aumentar el almacenamiento en Moín (Limón) cumpliría esa misma meta y le evitaría a los consumidores un mayor impacto tarifario, pues las obras para nuevas esferas de almacenamiento serían por $72 millones.
El estudio de factibilidad también declara que la eventual infraestructura en el Pacífico sería para respaldo en caso de que un desastre natural impida la operación en Moín, en el Caribe.
En cuanto al GLP, desde el Pacífico solo se atendería 30% del volumen de importaciones. El resto se manejaría desde Moín.
