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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó este lunes ser excluido de la Ley Marco de Empleo Público que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
La entidad manifestó su preocupación por la “afectación directa” que, según considera, sufriría de ser incluida en esa reforma.
El proyecto crea un sistema de salario global para sustituir el caro esquema de pluses salariales.
De momento, ni el ICE ni otras entidades públicas cuyas actividades están dentro de un mercado en competencia están contempladas en la propuesta de ley.
No obstante, una moción de reiteración que se discutiría en el plenario legistativo plantea incluirlas en el texto.
De ahí que, según el Instituto, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) compartan su inquietud.
Sus preocupaciones gira en torno a la moción número 16.
Para el Instituto, la eventual aprobación de esa moción traería un impacto negativo en las empresas públicas e instituciones en competencia y, por eso, solicita a los congresistas desestimarla.
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Según el ICE, cuando se discutió su exclusión, la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, que analizó el proyecto, razonó que el régimen de empleo de las empresas públicas e instituciones en competencia se rige primordialmente por las reglas del derecho privado, en el cual no tiene cabida la aplicación de los principios del proyecto de ley.
“Es incorrecto homologarlas con todo el sector público por las características de sus negocios y la especialización que cada una tiene”, argumentó el Instituto.
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Su posición dista mucho de la expresada por contralora general de la República, Marta Acosta, quien ha insistido a los diputados en que aprueben una ley de empleo público sin exclusiones de este tipo. Para ella, de no hacerlo, persistirán las desigualdades salariales.
Más grave aún, según Acosta, es que se ocasionaría que el objetivo fundamental del proyecto sea “tirado por la borda”.
“Seguiríamos sin alcanzar el imperativo constitucional de contar con un régimen único de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno”, advirtió.
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En razón de todo lo anterior, la Contraloría recomienda que el proyecto no excluya a ninguna institución, ente o empresa públicos, ni los que están en competencia, ni las municipalidades ni las universidades. Se trata de una ley marco que debería cobijar a todo el funcionario.
Actualmente, los ayuntamientos y las universidades públicas también están fuera, aunque otra moción intenta volver a integrarlas a la reforma.
‘Discriminación indebida’
Para el ICE, es “inapropiado” pretender que empresas e instituciones en competencia gestionen sus relaciones de empleo a partir de especificaciones de gestión definidas en el expediente legislativo ya que, según agrega, se limitaría en estas entidades la retención y atracción de trabajadores; así como su compensación, desarrollo profesional y capacitación.
“La inclusión del BNCR, el BCR, el INS y el ICE en dicho proyecto de ley provocaría una discriminación indebida entre estas empresas y sus competidores privados, lo que iría en contra de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, reza el comunicado.
Según el Instituto, la OCDE ha sido clara en que los Estados deben respetar las normas empresariales y permitir a este tipo de instituciones operar con total autonomía para lograr sus objetivos.
“Además, ha señalado que deben disfrutar de una autonomía presupuestaria para tener flexibilidad a la hora de contratar, remunerar y retener el conocimiento y la experiencia del talento humano”, comenta el ICE.
La Asamblea Legislativa está concentrada, esta semana, en el conocimiento de estas mociones de reiteración a la reforma al empleo público.
