El presidente Carlos Alvarado abogó este viernes por la aprobación de una moción que incluiría de nuevo a las universidades públicas y a las municipalidades en la regulación del proyecto de reforma al empleo público, el cual introduciría un sistema de salario global en el Estado en sustitución del esquema actual de pluses salariales.

Se trata de la moción que, durante la etapa de discusión en comisión, se conoció como la moción 80, de la diputada liberacionista Yorleny León. La legisladora la reiteró para la etapa final de discusión del proyecto en plenario, la cual empezará la próxima semana antes del primer debate.

Esta propuesta modificaría el artículo 6 del plan actual, el cual describe las instituciones y normas que formarían parte del Sistema Nacional Empleo Público.

Durante la votación de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, los diputados le agregaron dos incisos a ese artículo, uno para excluir a las universidades de la regulación del proyecto y otro para excluir a las municipalidades.

En cuanto a las ‘U’ públicas, el inciso dice así: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.

En el caso de las municipalidades, otro inciso incluye, como parte del Sistema Nacional de Empleo Público, “la carrera administrativa municipal, creada por el título V de la Ley N.°7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas”, norma que regula las relaciones laborales entre los ayuntamientos y sus trabajadores, en temas como la remuneración.

La moción 80 elimina estos dos incisos y resume que el Sistema General de Empleo Público estará compuesto por el Ministerio de Planificación (Mideplán), las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas, la Dirección General del Servicio Civil y las normas sobre la materia.

Al respecto, el presidente Alvarado dijo: “La posición del Gobierno sigue siendo la posición inicial, la misma del año 2019, la rectoría está en Mideplán; todas las instituciones deben estar (cubiertas por la ley), salvo las que ya están exceptuadas, en este caso las empresas en competencia”.

“Las instituciones que están, todas, salvo las que he mencionado, tienen que tener un salario global, esa es la transformación central y todo esto debe hacerse en el marco de un proyecto que sea constitucional; es decir, respetando las diferentes autonomías, pero consiguiendo estos objetivos.

“La constitucionalidad a la larga la tendrá que determinar la Sala Constitucional en la consulta que se haga después del primer debate. Lo central es que haya salario global, que estén las instituciones.

“En este punto, probablemente, la moción más importante es la que tuvo el numeral 80; esa moción debe ser aprobada porque, sin esa moción, el proyecto pierde su contenido, ese es el eje central”.

Al consultársele sobre otras mociones que reiteraron diputados de Gobierno, que podrían diferir de esa, el mandatario respondió:

“Yo lo que estoy pidiendo es lo que he dicho; lo central hoy es la moción 80. Sé que hay otras mociones que han presentado los diputados, con todo su derecho de enmienda; para el Gobierno, para mí, hoy lo central es la moción 80, que lleguemos a primer debate y cumplir objetivo de que todas las instituciones estén, salvo las que estén en competencia; que haya salario global, que sea proyecto constitucional y los otros beneficios que trae, a la eficiencia en el sector público.

‘Es un eje central de la estabilidad económica’

“El proyecto sí avanza; el proyecto ya pasó su etapa de comisión; el proyecto ya está en su etapa de discusión en plenario y ya hay una serie de reiteraciones que ayer la Asamblea acotó todavía más para que, durante la próxima semana, como ya lo aprobó la Asamblea, sea esto sobre lo que se discuta; es decir, hay un avance sustantivo y yo esperaría que durante la semana que resta y luego de Semana Santa, este va a ser el tema central. Por eso es que también hemos tomado la decisión de quitar otros proyectos de la agenda legislativa”, agregó Alvarado.

“El proyecto avanza y tiene que avanzar, porque es uno de los ejes centrales para mantener la estabilidad económica del país, pero también para dar eficiencia al sector público. Tengo confianza en que, en ese avance, saldrá un buen proyecto en primer debate”.

Moción 80

Además de incluir a las universidades y a los gobiernos locales en el proyecto, la moción 80 aclara las funciones del Ministerio de Planificación (Mideplán) como rector del empleo público, pero no así las de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).

A Mideplán le encarga emitir la política pública del empleo en el Estado, asesorar a las instituciones para la correcta implementación de la ley y administrar la plataforma integrada de empleo público.

Este ministerio también sería el encargado de emitir los lineamientos de evaluación de desempeño, investigar y hacer propuestas sobre empleo público y establecer el salario global.

Rubén Hernández, abogado constitucionalista, explica que la moción 80 no aclara las funciones del Servicio Civil como órgano técnico, como lo hace la moción 81, una propuesta que en principio apoyó Mideplán.

Sin embargo, el experto recomendó que las competencias de ese órgano se aclaren en la reglamentación de la reforma.

“Eso se resuelve vía reglamentaria. El reglamento dirá ‘son atribuciones de Mideplán, como rector político, tales y tales funciones; son atribuciones del Servicio Civil tales y tales funciones’”, explicó el abogado.

Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno y Administración, los diputados aprobaron la moción 82 del liberacionista Luis Fernando Chacón, la cual generó confusión por atribuir funciones de la rectoría política tanto a Mideplán como al Servicio Civil.

En aquella oportunidad, el presidente de la comisión, el rojiamarillo Víctor Morales, abogó por la moción 81 que daba la rectoría política a Planificación y creaba una rectoría técnica para el Servicio Civil.

Aunque daba claridad sobre las funciones de ambas instituciones, la 81 sí mantendría la exclusión de las municipalidades del proyecto y saca el Servicio Civil de Presidencia para trasladarlo a Mideplán.

Morales Mora explicó a La Nación que reiteró la moción 81, para discutirla en el plenario, como una previsión en caso de que los legisladores no aprueben la 80.

Por otra parte, la moción 80 elimina un párrafo incorporado al artículo 35 que obliga al Mideplán, al Servicio Civil y a la Autoridad Presupuestaria (AP) a construir el salario global con los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las municipalidades y las entidades autónomas.

El artículo 35 es el que establece la creación de una columna salarial global, para todo el sector público, por parte de Planificación, la DGSC y la AP.

No obstante, una redacción idéntica, que incorpora a los demás poderes e instituciones en la construcción de la columna salarial global, sí quedaría intacta en el artículo 31, el cual versa sobre los postulados rectores de la compensación.

Los diputados habían incorporado esos párrafos en ambos artículos con la idea de respetar autonomías e independencia de poderes, según dijeron durante el debate.

El abogado Hernández considera que eliminar uno de esos párrafos no afecta las autonomías.

“Es que la ley de empleo público no viola las autonomías, ese es el cuento que algunos han vendido. Todas las instituciones están sometidas a la ley de empleo público, de acuerdo con el 191 de la constitución. El 191 es la clave, no hace ninguna excepción, dice que todos los servidores y el Estado se regirán por un Estatuto del Servicio Civil”, sustentó el abogado.

Finalmente, el liberacionista David Gourzong reiteró otra moción que ajustaría la redacción para mantener la personería jurídica instrumental al Servicio Civil.

A raíz de una propuesta del verdiblanco, el foro de Gobierno y Administración aprobó darle personería jurídica plena a ese órgano. Si la redacción queda tal cual, el órgano pasaría a ser un ente autónomo que necesitaría de más recursos y crearía más burocracia, advirtió el constitucionalista Rubén Hernández.