Juan Diego Córdoba González. 2 junio
Arcas públicas apenas recuperaron ¢159 millones de pensiones depositadas a fallecidos o a beneficiarios que se les extinguió el derecho. Eso representa menos del 5% de los sobregiros acumulados desde 2008. Fotografía: Melissa Fernández
Arcas públicas apenas recuperaron ¢159 millones de pensiones depositadas a fallecidos o a beneficiarios que se les extinguió el derecho. Eso representa menos del 5% de los sobregiros acumulados desde 2008. Fotografía: Melissa Fernández

Hace nueve años eran ¢1.383 millones. Ahora, el monto se disparó a ¢3.277 millones y aumenta cada mes.

Se trata de los depósitos que hace la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) en cuentas de jubilados fallecidos o de herederos que ya no tienen derecho a recibir la pensión porque superaron la edad límite (18 a 25 años) o dejaron los estudios.

Desde el 2011, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la DNP recuperar los dineros pagados de más, pero el fracaso lo evidencian las cifras. En los últimos tres años, logró redimir ¢159 millones (¢53 millones al año, en promedio), apenas el 5% de los montos girados de forma errónea.

Por el contrario, el saldo creció 29% solo en el 2019. Es decir, ese año pagó ¢731 millones de más, reveló la CGR.

Este es un problema de nunca acabar. Ese monto empezó a acumularse desde el 2008 y, sin embargo, lejos de corregirse, crece. Incluso, no hay año desde el 2011 en que en su memoria anual la CGR no pida correcciones a la DNP.

La DNP es un departamento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encargado de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (se financian con los impuestos o de endeudamiento). En total, administra 15 regímenes de pensiones.

La última alerta la dio la Contraloría en su memoria anual del 2019.

“En relación con las sumas giradas de más, en el pago de pensiones de los regímenes especiales, persiste la falta de oportunidad en la identificación de los casos en el que el derecho de la pensión se extingue debido a la caducidad del derecho o fallecimiento del pensionado, así como en las gestiones de recuperación de los sobrepagos”, señaló.

Pero, el párrafo parece copiado del 2012, cuando indicó que hay “serias debilidades”, entre ellas, “altas sumas giradas de más debido al pago de pensiones por montos que a derecho no corresponden”.

En el 2013, la Contraloría ordenó “acciones correctivas” e incluso apostó por el desarrollo de un sistema de pago de pensiones, contratado a Gobierno Digital-ICE. No obstante, los problemas persisten.

Entre las pensiones contributivas que administra la DNP están las de Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda, Régimen General de Pensiones.

Entre las no contributivas, están las de Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, Beneméritos y Guardia Civil. Además, maneja prejubilaciones del Incop, Japdeva e Incofer.

El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, afirma que es muy difícil erradicar el problema de raíz.

“Desgraciadamente, a pesar del innegable avance tecnológico, ningún sistema administrador de grandes planillas del mundo las ha podido erradicar en su totalidad”, dijo.

Según la Contraloría, pese a que la Dirección invirtió $3 millones entre los años 2011 y 2019 para contar con un sistema informático que permita mejorar esos problemas, la administración de las pensiones continúa siendo rudimentaria y deficiente.

¿Por qué sucede?

Según Luis Paulino Mora, se da una demora entre el reporte del deceso del pensionado y su incorporación en el Registro Civil, dado que el papel manda aún en ese procedimiento.

La DNP debe hacer cortes de las planillas de todos los jubilados mes a mes y enviarlas a la Tesorería Nacional, del Ministerio de Hacienda, para que haga los depósitos.

Entre esos pasos podrían ocurrir muertes que no fueron registradas a tiempo.

Para intentar disminuir esas filtraciones, la DNP aboga por la implementación del acta de defunción electrónica, la cual “disminuiría sustancialmente” las acreditaciones que no corresponden, de acuerdo con el director.

“El Registro Civil en asocio con el Colegio de Médicos y Cirujanos y la CCSS, se encuentran desarrollando un proyecto de acta de defunción electrónica, que supondrá, cuando esté operando, la inscripción inmediata de las defunciones”, afirmó.

Según dijo, también los departamentos tecnológicos del Ministerio de Trabajo y el Tribunal Supremo de Elecciones trabajaron en para crear un sistema que actualiza diariamente la base de datos de las personas pensionadas que fallezcan, para no incluirlas como beneficiarios del pago en el mes siguiente.

Recuperar dineros

La recuperación del dinero lleva un trámite engorroso pese a que están identificadas las cuentas de los jubilados fallecidos o las personas que recibieron pagos que no les correspondían.

“La recuperación se realiza por medio de un procedimiento establecido, en donde se debe garantizar el debido proceso y ciertas pautas, para que se pueda enviar al Departamento de Cobro, lo que genera que el tiempo de recuperación sea más extenso de lo esperado”, afirmó Mora

En el proceso participan la DNP y el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, pertenecientes al Ministerio deTrabajo. También la Tesorería Nacional y la Dirección de Cobro Judicial de Hacienda.

Según la Contraloría, de los ¢3.277 millones acumulados en sobregiros, 51% está en trámite de cobro por parte del Ministerio de Hacienda; 37% está en manos del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, y el 12% en trámite por parte de otras instancias.