El ofrecimiento del Gobierno a comercios de aplicar en Costa Rica voluntariamente el código QR de vacunación calentó el ánimo de los sectores quienes perciben el llamado como un posible desacato de las propias autoridades a la suspensión vigente de esa medida y, además, por la confusión y molestia de la propuesta en su planificación de actividades en época de fin de año.
La Uccaep afirma que pedir a comercios esto supone un irrespeto a la medida cautelar que dejó en suspenso el uso obligatorio de esa herramienta para verificar protección completa contra la covid-19.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la propuesta anunciada por el Poder Ejecutivo para aumentar los aforos es “una forma velada de implementar el QR” y abogó por respetar la disposición judicial “hasta que no haya un fallo definitivo”.
El pasado jueves, las autoridades anunciaron que los establecimientos comerciales podrán operar al 100% de su capacidad a partir del 1.° de diciembre si, voluntariamente, piden a sus clientes el código QR para comprobar que cuentan con las dos dosis de protección.
Aquellos negocios que declinen utilizar la herramienta tendrán que seguir operando a un 50% de su capacidad.
Para las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales se permitirá un aforo del 40% si se cumple dicho requisito. En cambio, a las discotecas y clubes nocturnos se les permitirá operar al 50% y a los cines y teatros, a un 100%.
Dicho anuncio sobrevino luego de que un juez ordenara suspender la aplicación obligatoria del código QR mientras el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resuelve un reclamo de empresarios turísticos contra esa medida.
La administración Alvarado había dispuesto que, a partir de 8 de enero del 2022, podrán operar con el 100% de aforo los comercios que exijan el certificado de vacunación contra la covid-19, mediante el código QR, a clientes mayores de 12 años partir del 8 de enero.
Dicha medida se aplicaría en hoteles, restaurantes, sodas, bares, casinos, tiendas, museos, academias de arte y baile, gimnasios, balnearios y turismo de aventura. Se exceptúan supermercados, pulperías, farmacias y otros servicios esenciales.
Reclama desacato
Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, sostuvo que la medida anunciada el jueves por el Gobierno genera confusión en su sector y significa un descato a la medida dictada por el juez. “La Cámara ha insistido en que esta directriz debe ser opcional”, declaró.
Rosabal consideró que si un establecimiento desea funcionar al 100% podría pedir alguno de los comprobantes que ya están disponibles para demostrar el esquema completo de vacunación y que sea el cliente quien decida si visita el local o no.
“Está demostrado que los contagios no están en los comercios y bajo esta premisa es que seguiremos cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios. Señor presidente ponga la bola de nuestro lado y permítanos seguir generando empleo, protegiendo a nuestros colaboradores y clientes”, pidió.
Uccaep, por su parte, insistió en que la implementación del uso obligatorio del código QR para verificar la vacunación completa contra la covid-19 debería hacerse después de la Semana Santa del 2022 (segunda quincena de abril).
Aplicar antes la medida, considera la organización, podría aumentar los costos operativos de los negocios. Además, señalóque muchas personas aún no tienen acceso al código y que eso podría limitar sus derechos como consumidor de acceso a locales.
En el caso del turismo, la Unión advirtió que visitantes sin QR también se verán limitados o no podrán ingresar a algunos comercios, lo cual ocasionará menor actividad económica en momentos en que el sector todavía no se recupera de los efectos de la pandemia.
La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) expresó este viernes su oposición a la obligatoriedad de pedir el QR y se declaró “muy confundida” con el anuncio.
“El gremio está haciendo consultas legales pues en apariencia el gobierno estaría incumpliendo con la orden de una jueza de la República de abstenerse de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del Código QR”, indicó el grupo en un comunicado.
Rubén Acon Toy, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) reiteró su oposición a aplicar el QR de manera obligatoria y, además, se quejó que constantemente las medidas se estén cambiando sin hacerle consultas o previo aviso.
“Esto crea muchos contratiempos y dificulta la planificación de todas las actividades costarricenses. A raíz de la medida cautelar es evidente que no se debe utilizar el código QR y reiteramos nuestra solicitud de reunirnos con el presidente Carlos Alvarado para buscar una solución que le permita a nuestro sector recuperarse y reactivarse a la brevedad posible”, llamó el empresario.
“Si un inspector llega a un restaurante y lo ve lleno y se pregunta porqué, se le indicará que sigue la directriz del gobierno que permite 100% de aforo pues, de manera voluntaria, allí se solicitó el QR a los clientes. Pero cuando el inspector entre al restaurante a verificar e interactúe con los clientes, estaría precisamente violentando la orden del Tribunal Contencioso de suspender la medida pues en la práctica, se estaría aplicando. La medida pareciera no fiscalizable”
— Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines.
Descato contra resolución
Bary Roberts Strachan, empresario turístico y exvicepresidente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), calificó este viernes el anuncio del Ejecutivo como “un desacato a la autoridad flagrante y eminente” a la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo.
Roberts y otros empresarios del sector acudieron a esa instancia a solicitar la medida cautelar provisionalísima que tiene en suspenso el uso obligatorio del QR para la verificación de la vacunación completa.
“Se están brincando con garrocha lo que dice el juzgado. Pueden apelar en términos de formalismos de comunicación pero el presidente de la República, en medios de prensa, habló claramente de la resolución del juzgado y no hay duda de que el Gobierno está plenamente enterado de la restricción”, insistió.
El empresario anunció que están por presentar un escrito al juzgado.
Roberts hizo notar que la resolución del juez textualmente indica que las autoridades de Gobierno “deben abstenerse de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo y/o cualquier otro, hasta tanto no sea resuelto por el fondo el presente asunto”.
José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares), sí brindó su apoyo al ofrecimiento de las autoridades.
“Vemos el aumento del aforo con muy buenos ojos para elevar las ventas. Ayudará a contratar más personal luego de las afectaciones en el 2020 cuando hubo 109.000 personas desempleadas y 75.000 con suspensión laboral, según datos de la Cámara Costarricense De Restaurantes”, afirmó.