Solo dos de los seis imputados por las irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza quedaron en prisión preventiva.
Se trata de Manuel Serrano y Miguel Ramírez, ingeniero y técnico del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quienes eran responsables de las obras en la también denominada ruta 1856, paralela al río San Juan.
En cambio, el exdirector de esa entidad, Carlos Acosta, así como los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz deberán cumplir con otras condiciones, que no se dieron a conocer.
La oficina de prensa del Poder Judicial señaló que será hasta el lunes cuando se puedan detallar esas otras medidas ordenadas por el Juzgado Penal de Hacienda.
Todos los implicados fueron detenidos el miércoles por orden de la Fiscalía, que les sigue causa por el delito de peculado.
Este se le atribuye a funcionarios públicos que distraigan o sustraigan bienes o fondos públicos dejados para su administración, en razón de su cargo. Se castiga con prisión, de tres a 12 años.
Para todos ellos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación.
Jorge Chavarría, fiscal general de la República , dijo el viernes que la solicitud se fundamenta en aspectos meramente jurídicos y no necesariamente personales.
“Tenemos la convicción, y puede que estemos equivocados, que son el grupo nuclear a partir del cual se genera todo el planeamiento. Por ello procede la prisión preventiva”, aseveró Chavarría.
Con el objetivo de escuchar el fundamento de la petición y la defensa de los abogados se realizó una audiencia, la cual se prolongó desde la 1:30 p.m. del viernes hasta las 3:30 a.m. de este sábado.
El Juzgado, sin embargo, acogió los argumentos de la Fiscalía solo para dos de los implicados.
Para este domingo está pendiente la llegada del exministro de Obtras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, a quien se le giró una orden de localización a través de la Policía Internacional (Interpol). Esta alerta ya fue levantada.
Jiménez se comunicó desde México, donde, según dijo, estaba de vacaciones con su familia. En su criterio fue una “coincidencia” haber salido del país el mismo día en que se realizaron las capturas.
La construcción de la trocha se inició en diciembre del 2010 en respuesta al conflicto con Nicaragua. Cinco meses después el propio Jiménez denunció anomalías.