Diputados de la provincia de Limón consideran que la propuesta de la administración Alvarado para enfrentar la crisis financiera de Japdeva es una medicina “que llegó con sobrada tardanza”.
Para Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), los últimos dos gobiernos no actuaron a tiempo para evitar la realidad que hoy enfrenta la entidad portuaria.
“Lo que pienso es que los médicos que tenían a cargo el enfermo en los últimos cinco años, atienden al paciente hasta ahora y eso es falta de responsabilidad de esos médicos. Yo no sé, si inclusive ayudaron a agudizar esa enfermedad”, afirmó Cruickshank.
El Gobierno envió al Congreso, la noche del pasado martes, un proyecto para reducir en hasta un 80% la planilla de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Dicha iniciativa ofrece a los trabajadores portuarios la posibilidad de acogerse a un proceso de movilidad horizontal, pensiones adelantadas o bonos de hasta ocho salarios a quienes sean despedidos.
Dinero no alcanza
El Poder Ejecutivo alega que los ingresos que genera Japdeva en la actualidad ya no alcanzan para cubrir el salario de sus 1.186 trabajadores ni sus otros costos operativos.
De hecho, la entidad acumula cuatro años consecutivos de pérdidas financieras. El año pasado cerró con un déficit de ¢3.416 millones.
Para Yorleny León, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Limón de la Asamblea Legislativa, la propuesta debió estar lista hace cinco años.
“Don Carlos Alvarado tiene un año y un mes y ese es tiempo suficiente para haber tomado las decisiones”, manifestó León.
Sin embargo, la verdiblanca dijo no compartir la urgencia con la que el Gobierno presentó el proyecto para reestructurar Japdeva.
El pasado martes, la presidenta ejecutiva de la Junta, Andrea Centeno, aseguró a La Nación que la aprobación del plan urge debido a la carencia de recursos para cubrir las obligaciones de la institución.
Pese a ello, León señaló que el Poder Ejecutivo tendrá que ver cómo enfrenta esta situación mientras el Congreso analiza la iniciativa.
“No puede pretender que aprobemos el proyecto de ley a ojos cerrados”, aseveró.
El plan acordado con los representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) ofrece beneficios adicionales a la liquidación, para los empleados que sean cesados de sus puestos.
Cerca de 200 trabajadores mayores de 55 años tienen la posibilidad de adelantar su pensión, la cual será del 63% del promedio de los 12 mejores salarios recibidos en los últimos cinco años.
Por su parte, quienes tengan un salario inferior a ¢1 millón, tendrán una bonificación adicional de ocho mensualidades del salario promedio del último semestre laborado; para quienes ganen más de ¢1 millón, serán seis mensualidades.
“Si no estuviéramos en las condiciones financieras no tendría mayor objeción, con la situación financiera me parece que son muchos y podría plantearse la rebaja de los mismos, considerando que los salarios de Japdeva son elevados”, afirmó León.
Por su parte, Cruickshank, el jefe de la bancada restauracionista, manifestó que tendrán que analizar esas condiciones antes de emitir un criterio.
¿Empleados suficientes?
El diputado liberacionista David Gourzong estimó que Japdeva no podrá operar sus negocios actuales con apenas el 20% de los trabajadores.
La entidad portuaria tiene a cargo el muelle de carga mixta en Moín, y el de cruceros, en Limón.
Además, el Gobierno tiene entre sus planes crear una terminal de cruceros, una marina y una zona logística, obras que estarían a cargo de Japdeva.
Gourzong recordó que ante los fallos eléctricos que afectan a las grúas pórticas de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), ha sido necesario pedir apoyo a la entidad portuaria.
Debido a esta situación, el Gobierno acordó con APM Terminals (administrador del megapuerto) y Japdeva que el muelle estatal seguirá atendiendo navíos hasta finales del mes de mayo.
“Se han dado falencias de los procesos de la Terminal de Contenedores de Moín. Voy a pedir cuentas, para verificar que se están anotando y reclamando los incumplimientos a la empresa concesionaria, al igual que en su momento se señalaba a Japdeva”, anunció Gourzong.
La Cámara Costarricense de Navieros (NAVE) afirmó que respeta la decisión del Gobierno de recortar la planilla del Gobierno, no obstante espera que el personal que quede sea suficiente para atender embarcaciones, bajo situaciones especiales.
“En realidad la Cámara no tiene mucho qué opinar, es una decisión del Gobierno. Lo que sí podemos decir, es que lo que ha estado pasando con APM nos deja muchas dudas y nos preocupa eventualmente se debilite la posición de Japdeva”, manifestó el presidente de la cámara, Edgardo González.
En solo tres meses de operación, el megapuerto ha tenido dos problemas graves que provocaron el traslado de embarcaciones.
El primer problema que enfrentó la concesionaria APM Terminals fue un retraso mayor a 24 horas en la atención de buques, esto generó largas filas de furgones esperando por cargar o descargar mercancías, que colapsaron la rutas 257 y 32.
Ahora, la firma holandesa corre para solventar un problema eléctrico que dejó inhabilitadas las grúas pórticas.
“Sin embargo son cosas muy puntuales y esperamos que no se vuelvan a presentar, pero que si nuevamente hay que recurrir a Japdeva, esperamos que cuente con el personal necesario para atender embarcaciones”, concluyó González.