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En una sesión expedita, los diputados dejaron en firme, la mañana de este lunes, el proyecto de ley de reestructuración de Japdeva, que facultaría a la entidad portuaria a desprenderse de trabajadores para lograr salir de la crisis financiera que enfrenta.
Con 36 votos a favor y seis en contra, los diputados concluyeron el debate en 30 minutos.
Ahora solo queda pendiente la firma del presidente Carlos Alvarado, para empezar el proceso de reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), luego de quedarse sin el 80% de la carga por la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), sin haber definido nuevos negocios.
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Para recortar hasta el 80% de la planilla, Japdeva ofrecerá tres opciones a sus trabajadores: moverse a otras instituciones públicas sin perder su plaza en el Estado; aceptar el despido con sus prestaciones más el pago de un bono de hasta ocho salarios; o acogerse a un régimen de prejubilación, en el caso de empleados mayores de 55 años.
Una vez que entre en vigor, los trabajadores de la Junta tendrán un mes para decidir su forma de salida. Si transcurrido ese tiempo, no la comunican, Japdeva estaría facultado para despedirlos con responsabilidad patronal.
Tras conocer la aprobación del proyecto de ley, Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, prometió a los trabajadores de la institución a acompañarlos y mantenerlos informados en este proceso de reestructuración.
"Procuraremos cuidar a los colaboradores movilizados, realizando la reestructuración apegados a los criterios técnicos requeridos y con la clara misión de darle una oportunidad de estabilización y sostenibilidad a la institución que realiza un servicio público indispensable para la exportación e importación y que además es un bastión de Limón. Debemos procurar que este sea un proceso técnico y con un claro rostro humano”, declaró la jerarca.
Pedro Muñoz y Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) votaron en contra de la iniciativa. Hicieron lo mismo José María Villalta, del Frente Amplio; Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional; Erick Rodríguez, legislador independiente; y Marulin Azofeifa, del bloque independiente autodenominado Nueva República.
“Dice el diputado Erick Rodríguez que seguro en tres meses van a pedir más recursos y que sería mejor no dárselos. Eso hemos aprobado nosotros hoy, una oportunidad para que esta institución pueda reinventarse; 800 personas desafortunadamente se van a quedar sin empleo (también pueden aceptar el traslado). Tendrá el Gobierno una responsabilidad con esa región y con esas personas, pero lo más importante es que Japdeva es nada más la punta del iceberg, porque todas las instituciones están similar o igual que Japdeva”, afirmó Erwen Masís, diputado socialcristiano que respaldó la iniciativa.
Por su parte, el legislador David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN) señaló que la falta de acciones para emprender nuevos negocios propició la caída de la entidad portuaria. Y por ello culpó a la expresidenta ejecutiva de Japdeva, Ann Mckinley (2014-2018) y al anterior gobierno.
“Como diputado de Limón quiero dejar claro que lo que discutimos debió de haberse realizado desde la administración anterior. La entrada en operación de APM Terminals estaba prevista y el gobierno del Partido Acción Ciudadana no hizo nada, sabía lo que iba a pasar y son responsables de esta afectación”, señaló el verdiblanco.
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El pasado 23 de setiembre, los legisladores también aprobaron ¢17.900 millones para ejecutar este plan. Anteriormente habían firmado otro presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para tres meses de salarios, ante la falta de ingresos de la entidad portuaria.
