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San José.
En los últimos cuatro años, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) gastó ¢873 millones transportando a sus funcionarios a los planteles y estaciones de trabajo al amparo de su convención colectiva.
Así lo denunció la tarde de este miércoles Mario Redondo, diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), en referencia a un informe solicitado a la Presidencia Ejecutiva de Recope.
El documento que dio a conocer el legislador, detalla que en el 2012, esa entidad pagó ¢182 millones en transporte de personal; un año después ¢212 millones; en el 2014 fueron ¢240 millones y en el 2015 ¢238 millones. Esto suma ¢873 millones.
Dos empresas de autobuses se reparten "la mayor tajada" según dijo el legislador en un comunicado de prensa.
El documento de Recope enviado a Redondo señala que una de las empresas recibió ¢274 millones y otra ¢206 millones. Dos taxistas también han recibido parte del dinero. A uno, Recope le ha pagado un acumulado de ¢47 millones y a otro de ¢14 millones.
De acuerdo con el escrito, del cual tiene copia este diario, en el plantel del Alto de Ochomogo, en Cartago, el costo anual de llevar y traer a un funcionario asciende a ¢432.447 (¢36 mil por mes).
En La Garita, Alajuela, ese monto por trabajador asciende a ¢401.773, unos ¢33.481 por mes, mientras que en Barranca, Puntarenas, llega a los ¢733.097 al año (¢62.758 por mes).
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En el caso de Limón, por el traslado de dos funcionarios del aeropuerto al centro, se pagan ¢555.683 por año (un promedio de ¢46.302 mensuales por ambos).
"No estamos contra los empleados, pero evidentemente estos privilegios deben acabar y todavía no se asoma una solución a las negociaciones que llevan adelante las autoridades sobre la convención colectiva", manifestó Redondo, quien manifestó que estos beneficios exagerados deben acabar al señalar que la gran mayoría de personas paga su transporte a sus sitios de trabajo.
Recope ha admitido que desde hace años carga al precio de los combustibles algunos costos de su convención colectiva, pese a que la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) lo impide.
De esa forma, los consumidores de gasolina, diésel, gas de cocinar, búnker y otros han costeado el fondo de ahorro de los trabajadores, préstamos, el servicio de soda, así como útiles y becas a los hijos, entre otros beneficios que solo en el 2013 significaron ¢25.700 millones para 1.800 empleados.
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En agosto, la Aresep se abstuvo de trasladar a las tarifas de combustibles ¢5.000 millones por concepto de la convención colectiva de Recope en una solicitud de ajuste planteada por la empresa estatal.
El rechazo se dio porque, en criterio de la Aresep, el dinero para tales fines carece de relación con los gastos vinculados al servicio público que ofrece Recope, como lo es la distribución de combustibles en el país.
Sin embargo, esto condujo a la presentación de varios recursos de amparo de trabajadores de Recope contra la Aresep. Este jueves, los magistrados de la Sala Constitucional escucharán las quejas de los funcionarios y los argumentos de Aresep en una audiencia centrada en el caso.
Los trabajadores argumentan que la exclusión de esos fondos viola derechos fundamentales consagrados en la convención colectiva de Recope, la cual tiene fuerza de ley.
El espacio que abrirán mañana permitirá a las partes desarrollar sus argumentos.
