Los magistrados de la Sala Constitucional escucharán las quejas de trabajadores de Recope contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La audiencia está programada para el 31 de marzo.
El objetivo es conocer las razones de los funcionarios para plantear recursos de amparo contra la decisión de la Aresep de no reconocer en las tarifas de combustibles gastos derivados de la convención colectiva.
Estas gestiones se interpusieron el 2 de setiembre contra el regulador general, Dennis Meléndez, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial. Los reclamos se tramitan mediante el expediente 15-12993-007-CO.
La polémica ocurrió luego de que el 24 de agosto del 2015, Aresep excluyó ¢5.000 millones en gastos de una solicitud de ajuste ordinario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Se trataba de fondos para financiar algunos aspectos de la convención colectiva.
Entre esos beneficios laborales están el fondo de ahorro, préstamos para vivienda, recreación y garantía, así como gastos relacionados con la administración de ese fondo, servicio de restaurantes, útiles, materiales para organizar recepciones y becas a hijos de los trabajadores.
El rechazo se dio porque, en criterio de la Aresep, el dinero para tales fines carece de relación con los gastos vinculados al servicio público que ofrece Recope, como lo es la distribución de combustibles en el país.
Los trabajadores argumentan que la exclusión de esos fondos viola derechos fundamentales consagrados en la convención colectiva de Recope, la cual tiene fuerza de ley.
El espacio que abrirán los magistrados el 31 de marzo permitirá a las partes desarrollar sus argumentos.
Los representantes de cada una tendrán 20 minutos para su exposición, así como un lapso de réplica, luego de lo cual los magistrados podrán hacer consultas sobre el caso.
De acuerdo con la oficina de prensa, las audiencias o vistas de este tipo se dan cuando el tema es de mucho interés público, en el cual se requiere aclarar aspectos para su análisis.
