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El informe de gestión de los servicios municipales que emite la Contraloría General de la República evidenció un deterioro general en los servicios que brindan los 82 gobiernos locales, en relación con la última revisión, divulgada a finales del 2021.
El 80% de las municipalidades evaluadas se sitúan en niveles de madurez “inicial o básico” en la prestación de servicios básicos, mientras el restante 20% no supera el nivel intermedio, advierte el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2023 (IGSM 2023).
El análisis agrupó a los ayuntamientos en cuatro grupos (A,B,C y D) según el tamaño de su presupuesto, el índice de desarrollo humano cantonal, el número de kilómetros cuadrados de su territorio y la cantidad de unidades habitacionales que posee.
A todas se les evaluó en siete servicios básicos: recolección, depósito y tratamiento de residuos; aseo de vías y sitios públicos; urbanismo, red vial cantonal; alcantarillado pluvial, así como servicios sociales y complementarios y servicios educativos, culturales y deportivos.
También en servicios denominados diversificados que son agua, zona marítimo terrestre y seguridad y vigilancia en la comunidad, que no los ofrecen todos los gobiernos locales.
La Contraloría halló que la mayoría de los servicios, tanto básicos como diversificados, presentaron retrocesos en sus niveles de madurez en todos los grupos.
Ninguna municipalidad de los grupos A y B, donde se supone están mejor, obtuvo en esta edición el nivel de “avanzado” y “optimizando” en alguna de las siete áreas evaluadas como sí había pasado en el IGSM del 2021.
Todas las municipalidades se situaron en los tres últimos peldaños de “intermedio”, “básico” o “inicial”.
En cuanto a distribución geográfica, las municipalidades que presentaron un nivel de madurez “intermedio” pertenecen en su mayoría al Valle Central, siendo las provincias de San José, Heredia y Alajuela las que concentran estos gobiernos locales.
Las municipalidades con un nivel de madurez “básico” están distribuidas por todo el país. En tanto, los municipios en nivel “inicial” (los que tienen más retos por mejorar) se sitúan cerca de las costas, así como en las zonas fronterizas.
Se supone que los servicios públicos municipales son actividades realizadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de los habitantes. Para ello, deben administrar los recursos a su alcance para cumplir ese mandato legal.
Para el 2022, las municipalidades presupuestaron ¢267.508 millones para la atención de todos los servicios que brindan. Sin embargo, solo ejecutaron ¢213.750 millones (80%) del total presupuestado.
Salubridad Pública
El estudio también analizó el papel de los gobiernos locales, según su capacidad de proveer salud a las personas mediante el desarrollo de ambientes sanos y ecológicamente equilibrados. Este eje lo integran los servicios municipales de recolección, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y agua potable.
Sobre la recolección, depósito y tratamiento de residuos, el 62% (51 municipalidades) cuentan con un plan de gestión integral de estos, mientras que el 38% (31 municipalidades) no.
En relación con el aseo de vías, solo 26 de las 78 municipalidades que lo brindan, consideran e identifican dentro de su planificación la cobertura del cantón y apenas 7 cuentan con un estudio o diagnóstico para identificar dónde y cuándo hay necesidad de brindarlo.
Respecto a la provisión de agua potable, existen 29 municipios que brindan esa actividad pero solo cuatro han considerado el tema de cambio climático dentro de su planificación.
La Contraloría llamó la atención a este asunto al notar la “relevancia que tiene este servicio para la ciudadanía y el impacto que podría tener dicho tema en el abastecimiento, distribución y calidad del agua”.
