Costa Rica unirá fuerzas con otros países de la región para asegurar fondos destinados a revertir décadas de destrucción ambiental que amenazan con extinguir especies y ecosistemas en todo el mundo. El esfuerzo comenzó en el marco de la 16.ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se celebra desde este lunes en Cali, Colombia.
La COP es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Costa Rica, como firmante del convenio, negociará cómo se implementarán y monitorearán los compromisos del nuevo instrumento creado para contrarrestar la pérdida global de biodiversidad.
Ese instrumento, denominado Fondo Marco Mundial Kunming-Montreal (GBFF, por sus siglas en inglés), fue adoptado en 2022 en Canadá y establece varios objetivos a cumplir antes del año 2050.
Su propósito es fijar agendas y compromisos para conservar la diversidad biológica, garantizar su uso sostenible y asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
No obstante, alcanzar un consenso entre las partes se perfila complejo. Así lo reconoció este lunes, desde Cali, Eugenia Arguedas Montezuma, Punto Focal Nacional del CDB y jefa negociadora de Costa Rica en la COP16, durante una entrevista con La Nación.
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En la conferencia de Montreal, los 195 países firmantes del GBFF acordaron que los Estados destinarían $200.000 millones a iniciativas de biodiversidad para 2030, tanto del sector público como privado. Se planteó que las naciones desarrolladas transferirían $20.000 millones anuales a los países en desarrollo para 2025 y al menos $30.000 millones anuales para 2030.
“Esto no está ocurriendo”, subrayó Arguedas Montezuma.
Por ello, Costa Rica insistirá, en alianza con el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac), en que se cumplan los compromisos de desembolso. El Grulac es un grupo de diálogo y concertación no vinculante de las naciones de la región, que busca generar consensos en temas clave.
La negociadora indicó que hasta la fecha no ha habido un compromiso concreto por parte de los países desarrollados en relación con la cooperación establecida. Además, reconoció que persisten retrasos en la definición de los mecanismos que permitirían a los beneficiarios acceder a esos fondos y aplicar sus estrategias de gestión de la biodiversidad.
Otro desafío: la retribución por el uso de secuencias genéticas
Otro de los retos de la cumbre en Cali será negociar la creación de un mecanismo financiero para garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso comercial o investigativo de la información genética digital que actualmente se encuentra en bases de datos de acceso libre.
Según Arguedas Montezuma, ningún país o comunidad es retribuida por el uso de esas secuencias, que provienen de la biodiversidad de sus territorios. “Este año se busca crear un fondo multilateral donde se deposite dinero proveniente de investigadores o empresas que utilicen secuencias genéticas de la biodiversidad de algún país. La idea es establecer ese fondo y darle forma”, detalló.
El próximo 26 de octubre se sumarán a las negociaciones Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores; Georgina Guillén Grillo, directora general de Política Exterior de la Cancillería; y Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, quienes integran la delegación costarricense.
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