Patricia Recio. 18 agosto
El convenio para llevar a cabo el pago electrónico en buses se firmó desde el 2014, sin que a la fecha haya sido posible concretarlo. Foto: Rafael Pacheco
El convenio para llevar a cabo el pago electrónico en buses se firmó desde el 2014, sin que a la fecha haya sido posible concretarlo. Foto: Rafael Pacheco

A más tardar el 30 de noviembre de este año deberán estar definidos con claridad costos, riesgos, alcance, recursos humanos y financieros del proyecto de pago electrónico en el transporte público.

Esta fue la orden que dio la Contraloría General de la República al Comité Director de ese plan, al que también pidió definir los roles y sus responsabilidades para implementar este sistema.

El Comité Director está conformado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en representación de ese Ministerio y del Consejo de Transporte Público (CTP); la presidenta ejecutivo del Incofer, Elizabeth Briceño; el regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez; y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El plazo otorgado forma parte de las conclusiones del informe dado a conocer este martes por el órgano contralor, según el cual, hasta este momento, la iniciativa carece de un plan proyecto, el cual “es clave para orientar la forma en que será ejecutado, monitoreado y controlado para su desarrollo e implementación”.

A criterio de la CGR, ese plan proyecto debería definir aspectos “mínimos” relacionados con el alcance, tiempo y los costos, así como la integración de todos los aspectos necesarios para la gestión de riesgos, pues estos ni siquiera han sido identificados.

Asimismo, la estructura del proyecto dada a conocer hasta ahora, también carece de gestión para planificar, presupuestar y controlar los costos del proyecto.

Por el contrario, añade, cada institución invierte los recursos de manera independiente y no se dispone de un registro integrado a nivel interinstitucional para el control de esas inversiones.

Según el detalle recopilado y dado a conocer por la Contraloría, solamente se tiene que el Banco Central había invertido en el desarrollo del sistema central ¢1.190 millones al 31 de mayo, de los cuales ¢717 millones corresponden al pago de salarios y el restante de ¢339 millones a equipos y programas de cómputo.

La Nación hizo intentos por conversar con Carlos Melegatti, director de División de Sistemas de Pago del Banco Central, pero a las 5 p. m. de este martes no había sido posible.

Primero en el tren

Según dio a conocer el gobierno en abril anterior, el sistema de pago electrónico se comenzará a implementar en el primer trimestre del próximo año en el servicio de tren. Posteriormente, en setiembre, iniciará en algunos autobuses del área metropolitana.

Actualmente, se supone que el Banco Central trabaja en el diseño del sistema de recaudo, el cual se integraría a la plataforma del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe). En esa plataforma se recibiría la información de las transacciones de pago efectuadas en los servicios de transporte público y además se realizaría el cálculo de las tarifas, se procesarían los pagos y se llevaría a cabo la distribución de los ingresos entre los empresarios.

El Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público se propuso en el 2014 y fue hasta el 2017 cuando se firmó el convenio interinstitucional para formalizar la estructura que llevaría a cabo el proyecto.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el avance al 20 de mayo de este año comprende la aprobación del diseño conceptual del sistema; así como de la hoja de ruta para la ejecución de las primeras fases del proyecto.

Según indica la CGR debido al lento avance, los riesgos no son actualizados ni valorados periódicamente conforme a los cambios que se presentan.

“El plan del proyecto se encuentra desactualizado y existen debilidades en la documentación de las decisiones y cambios del proyecto”, puntualiza en el informe.

El pago electrónico va de la mano con el plan de sectorización, mediante el cual se pretende reordenar el sistema de transporte público, sobre todo, el ingreso de autobuses a la capital.

El viceministro de Transportes, Eduardo Brenes indicó la semana anterior a La Nación que, a partir de setiembre del próximo año cuando se renueven los contratos de concesión a los empresarios autobuseros se incluirá el requisito del sistema de pago automatizado, pero eso no implicaría que entre en funcionamiento de inmediato en todo el país.

Inicialmente, el sistema mediante el cual los usuarios podrán pagar sus pasajes con tarjetas de crédito, débito, prepago o con aplicaciones de código QR, estará disponible en un grupo de buses del área metropolitana; aunque aún no se ha definido cuáles serían esas primeras rutas en ponerlo en funcionamiento.

Pese al llamado de las autoridades sanitarias a implementar este tipo de métodos como una medida más de prevención ante la covid-19, el viceministro Brenes sostuvo que a la fecha se mantiene el cronograma anunciado, pues se trata de un sistema complejo que está en fase de diseño.