Juan Diego Córdoba. 15 mayo
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial allanaron el Tribunal Eclesiástico el pasado 7 de marzo, en búsqueda de pruebas por los casos penales seguidos contra los sacerdotes Mauricio Víquez y Manuel Guevara. Foto: José Cordero
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial allanaron el Tribunal Eclesiástico el pasado 7 de marzo, en búsqueda de pruebas por los casos penales seguidos contra los sacerdotes Mauricio Víquez y Manuel Guevara. Foto: José Cordero

A un mes de su conformación, la comisión de la Iglesia católica para proteger de abusos sexuales a menores de edad no tiene un plan de acción.

El foro interdisciplinario, integrado por dos sacerdotes, un psicólogo, una abogada y una comunicadora, no ha definido qué acciones implementará para prevenir más abusos y rol que desempeñarán ante nuevas denuncias.

Alejandro Jiménez, vocero de la Comisión de Protección del Menor, declaró que esos lineamientos apenas están en desarrollo y que en su debido tiempo divulgarán el plan.

“En este momento estamos en un proceso de organización interna, revisando protocolos para crear ambientes seguros en la Iglesia y elaborando un documento general sobre el tema, que guiará nuestras acciones como comisión”, manifestó Jiménez.

El grupo se conformó en respuesta a los escándalos por presuntos delitos sexuales contra adolescentes, que involucraron a los sacerdotes Mauricio Víquez, Manuel Antonio Guevara, William Corrales y Hernán Castillo. Surgió después de los allanamientos a la curia metropolitana y la sede de la Conferencia Episcopal en relación con las causas judiciales contra Víquez y Guevara.

En aquel momento, también trascendieron las denuncias canónicas por supuesto encubrimiento contra el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, y su antecesor Hugo Barrantes.

Dentro del grupo interdisciplinario no se tomaron en cuenta representantes de entes estatales como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Es una comisión de la Iglesia católica, no un ente externo a ella e integra a personas que conocen la temática y que tienen la capacidad para implementar estos protocolos a nivel nacional. Ellos se apoyarán en otros profesionales de distintas especialidades y estarán en coordinación y en contacto, de ser necesario, con las organizaciones nacionales requeridas”, explicó Jiménez.

El vocero también es el vicario judicial y quien preside el Tribunal Eclesiástico de la Conferencia Episcopal, órgano encargado de resolver las denuncias canónicas contra curas acusados de abusar de menores de edad.

Para él, su doble papel no afecta la independencia del grupo, sino más bien, da ventajas. “Tiene que haber una conexión entre la prevención y la reacción de cómo actuar frente a las situaciones que se vayan dando”, manifestó.

Esta comisión también está integrada por el sacerdote Mauricio Solano, de la Comisión Nacional del Clero; la comunicadora Lis Chaves, el psicólogo Juan Carlos Oviedo y la abogada en derecho de familia Alexandra Loría, quien también fue diputada de Restauración Nacional en la legislatura anterior.

El pasado jueves, el papa Francisco promulgó una nueva legislación que agiliza el trámite de denuncias contra sacerdotes.

De acuerdo con el nuevo protocolo de la organización religiosa, los obispos tendrán un plazo de 90 días máximo, para elevar las denuncias contra sacerdotes al Vaticano.

Además, deben crear o consolidar dos instituciones en donde las víctimas puedan interponer sus denuncias canónicas contra miembros del clero.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica advirtió, sin embargo, que requerirá de tiempo y de una reestructuración organizacional para poder cumplir con las nuevas exigencias del Vaticano.

De acuerdo con el secretario adjunto de la autoridad eclesiástica, Mauricio Granados, inicialmente no podrán enviar las denuncias al Vaticano en un plazo de 90 días, como lo establece la nueva norma de la Iglesia.