La Conferencia Episcopal de Costa Rica aseguró que requerirá de tiempo y de una reestructuración organizacional para poder cumplir con las nuevas exigencias del Vaticano, con relación a las investigaciones contra curas señalados por abusos sexuales en perjuicio de menores.
De acuerdo con el secretario adjunto de la autoridad eclesiástica, Mauricio Granados, inicialmente no podrán enviar las denuncias al Vaticano en un plazo de 90 días, como lo establece la nueva ley de la Iglesia, emitida este jueves por el papa Francisco.
“Cualquier operador del derecho le dirá a usted que los términos en una ley son siempre indicativos. Aquí en nuestro país, también con el Código Procesal Penal, se dicen unas cosas que nunca se cumplen", manifestó Granados.
No obstante, a pesar de que reconoció la dificultad de realizar una investigación que permita incriminar o no a un cura, el vocero de la Conferencia Episcopal aseguró que la organización debe adaptarse a las nuevas exigencias.
“En aras de la obediencia que debemos al Santo Padre y en aplicación de la ley, daremos todo lo posible para intentar respetar esos plazos conforme se nos ha indicado. Él quiere dar el mensaje de que la investigación debe ser expedita”, aseguró el vocero de la Iglesia católica.
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Según el procedimiento estipulado por el Vaticano, una vez la víctima interponga una denuncia contra un sacerdote, el Tribunal Eclesiástico de la Conferencia Episcopal debe realizar una investigación, que incluya el testimonio del ofendido y el acusado.
En un plazo no mayor a 90 días, el obispo de cada diócesis enviará al Vaticano el informe, en donde la Congregación para la Doctrina de la Fe resolverá culpar o no al cura señalado en los 30 días siguientes.
Nuevos elementos
Además de agilizar las denuncias contra curas señalados, eje central de la reforma de la Iglesia, la nueva normativa amplía la población que busca proteger de delitos sexuales.
“Hay un pequeño gran avance en la legislación porque también busca proteger a las personas vulnerables, ya que anteriormente citaba a las personas con uso imperfecto de la razón. Esto viene a ampliarlo, porque una persona vulnerable puede ser alguien con un episodio psicológico difícil o que esté bajo efectos de un medicamento”, explicó Granados.
La nueva normativa también establece la obligación de los miembros del clero a realizar las denuncias contra otros sacerdotes sospechosos de cometer abusos contra estas poblaciones. Según Granados, anteriormente “no se tenía muy clara esa posibilidad".
En términos generales, la Conferencia Episcopal calificó como positiva la nueva normativa de la Santa Sede, para castigar los abusos sexuales cometidos por curas.
“Siendo un tema tan espinoso y complicado, el esfuerzo que hemos venido haciendo se viene a complementar con la carta apostólica que emite el papa Francisco y que nos va a ayudar a dar la mayor respuesta posible a esta situación que estamos viviendo en la sociedad y también en la Iglesia, respecto al abuso de personas menores de edad en el ámbito sexual”, manifestó.
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