Juan Fernando Lara. 5 abril, 2017
Imagen de octubre del 2012, del Proyecto Eólico Valle Central localizado en Pabellón de Santa Ana a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar.
Imagen de octubre del 2012, del Proyecto Eólico Valle Central localizado en Pabellón de Santa Ana a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar.

San José.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) solicitó el viernes anterior dos incrementos consecutivos en sus tarifas eléctricas, uno de 26,6% que rija en el segundo semestre de este año y otro de 13,75% para el 2018 y que impactarían a sus 540.000 abonados.

La distribuidora alega que estos ajustes son "indispensables", para "resolver el faltante de recursos que se proyecta para los años 2017-2018". La pretensión de la CNFL es que la tarifa de este año entre a regir en julio y, la segunda, a partir de enero del 2018.

Así lo detalla la solicitud firmada por su gerente, Víctor Julio Solís y que se puede consultar en el expediente ET-019-2017, que está en fase de admisibilidad en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

De acuerdo con Solís, sin el alza se pone en riesgo la atención de las obligaciones de la CNFL, su liquidez y su rentabilidad. Tal situación, afirma, impediría la ejecución de su plan de inversiones y la comercialización de la energía, entre otras actividades. De la solicitud, 91% sería solo para a generar fondos con qué sanar finanzas de la CNFL.

La empresa estatal finalizó el 2016 con un déficit de ¢589 millones, frente a los ¢27.155 millones reportados en el 2015, según sus estados financieros.

Crece gasto
Crece gasto

La reducción del déficit se consiguió por un aumento en los ingresos y una baja en los gastos de operación, lo cual generó una ganancia operativa de ¢23.000 millones.

Sin embargo, la CNFL cerró con números rojos el año pasado luego de aplicar el pago de intereses de su deuda, por inversiones en generación de energía en los últimos años, y el egreso por diferencial cambiario.

Antecedentes. La historia de dificultades financieras de la CNFL se relaciona con proyectos de generación que le han valido el regaño de la Aresep: la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, en el río Balsa, en Santa Rita de Florencia de San Ramón, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana y Mora.

Escaso análisis, falta de controles y un aumento de costos son algunos de los problemas identificados por el ente regulador en un informe divulgado en noviembre del 2015.

La investigación surgió luego de que la CNFL solicitara, en el 2015, un alza de 35% en la tarifa que pagan sus clientes directos para lidiar con el pago de ambas inversiones.

En aquel momento, la Intendencia de Energía de Aresep solo autorizó 18% de alza al excluir casi ¢169.000 millones ligados al costo de las plantas que la CNFL no justificó.

El expediente OT-004-2016 concluye que la gestión de los proyectos fue inadecuada desde su inicio, pues los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se basaron en diseños iniciales de obras sin análisis detallados.

Mas gasto
Mas gasto

Se obviaron, dice el informe, variables técnicas, geográficas, de mercado, tecnológicas, sociales, ambientales y el impacto económico de las inversiones.

Aumento para generación. Esas inversiones fallidas explican en parte que la CNFL también pidiera el viernes un ajuste en la tarifa de generación (los gastos de la Compañía produciendo electricidad).

Específicamente, la Compañía pidió a Aresep 175% de aumento en generación a partir de julio de este año y, además, 126% en esa misma tarifa para el 2018, según el expediente ET-018-2017 en trámite en la Intendencia de Energía.

Solís justifica el pedido argumentando que la Aresep sigue sin reconocerle montos asociados a sus proyectos Balsa Inferior y el Parque Eólico Valle Central.

El impacto de estos pedidos de ajuste por generación ya está incorporado en la propuesta de incremento tarifario para los clientes directos de la Compañía y no representa un alza adicional.

Como parte de sus esfuerzos por ahorrar y equilibrar sus finanzas, la CNFL pagó ¢4.143 millones a 111 funcionarios que se acogieron a un segundo plan de movilidad vountaria impulsado en el 2016. En promedio, cada extrabajador se lleva ¢37 millones.

Según la entidad, quienes optaron por la movilidad se les pagó cesantía (con un tope máximo de 20 años), un incentivo adicional de cuatro salarios –calculados sobre el promedio de los últimos doce meses devengados– y otro sueldo extra correspondiente al preaviso, de acuerdo al artículo 28 del Código de Trabajo.

Oscar Hernández, Director de Finanzas de la CNFL, había declarado que la proyección del ahorro por la reducción de las 111 plazas ascendía a ¢3.865 millones anuales que ya no tendrían que pagarse.