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Vista en San José de una de la paradas de autobús de la ruta 10 a cargo de la empresa Buses Ina Uruca Sociedad Anónima (BIUSA) (José Cordero)
San José.
El empresario de buses de La Uruca, San José, pidió a la Aresep un "aumento tarifario de rescate" y advirtió que, de no recibirlo, su compañía podría quedar "en quiebra".
Esta inusual solicitud la planteó Raymond Salim Simaan Khachab, propietario de Buses Ina Uruca S. A. (Biusa), que ofrece el servicio de transporte entre San José y zonas como barrio Corazón de Jesús, Hospital México, La Carpio, La Peregrina, Parque Diversiones y Rossiter Carballo.
La tarifa de este servicio es de ¢255.
Según el expediente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ET-026-2017 del 5 de mayo anterior, Simaan argumentó su petición en la existencia de un supuesto desequilibrio financiero que podría "atentar contra su permanencia en la actividad".
Ante su situación, recordó al ente regulador su deber de velar por que no se viole el principio de equilibrio financiero en el contrato de prestación del servicio, el cual debe estar reflejado en la tarifa de cobro.
Sin hacer propuestas de porcentajes de aumento, el representante de Biusa manifestó que "el no reconocimiento de una tarifa equitativa, fijada con base a criterios financieros y técnicos razonables y proporcionales, haría que a corto plazo se viera obligado a salir del mercado, porque de lo contrario se iría directo a la quiebra de la empresa".
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Su solicitud, sin embargo, no prosperó y fue archivada tres días después por la Intendencia de Transportes de la Aresep.
En respuesta a consultas de este diario, voceros de Biusa confirmaron que la gestión ante la Autoridad Reguladora se trató de un "trámite excepcional, por una situación especial presentada en los últimos meses, la cual ha sido la causa de este desequilibrio financiero".
Citaron como causas de sus dificultades empresariales los "defectos importantes encontrados en el modelo tarifario vigente" –que se aplica desde agosto pasado– que afectan a empresas como la suya que invierten en "tecnologías limpias y calidad del servicio".
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Asimismo, Michel Semaan, quien respondió en nombre de Biusa, dijo que según sus estimaciones requerirían ajustes de un 37,25% para los ramales a La Carpio, lo que aumentaría la tarifa a ¢350; y de 17,65% para los otros ramales, para un pasaje de ¢300.
Insistieron además en el hecho de que ellos rechazaron un acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP), que les daba la condición de permisionarios provisionalísimos (no concesionarios), para poder acceder al ajuste de tarifas de la Aresep, pues consideran que va contra la ley.
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Los autobuseros hicieron así referencia a un conflicto que mantiene en vilo las concesiones de rutas de buses suscritas desde 2014.
Archivo
La razón fundamental del ente regulador para archivar el pedido es que el autobusero no cumplió con ningún requisito para considerar una revisión del pasaje. Según el expediente, la documentación "no corresponde en modo alguno a una solicitud de revisión tarifaria" al método de cálculo vigente y otras resoluciones centradas en cómo se presentan ajustes.
La solicitud llegó sin datos de referencia para hacer un cálculo tarifario, como cifras sobre demanda neta de pasajeros, carreras, distancias recorridas, flota de autobuses, antig ü edad promedio de esta, referencias sobre tipo de cambio y precio de combustibles, tasa de rentabilidad, entre otros.
Sin tal información, la Intendencia de Transporte no puede correr la fórmula de cálculo para los ajustes o verificar los datos aportados por los prestarios del servicio.
En el expediente ET-026-2017, la Intendencia explica que, como en el primer folio del escrito de Simaan Khachab hablaba de una solicitud de tarifa por desequilibrio financiero, ese departamento de la Aresep lo interpretó como un proceso normal de ajuste.
Luego descubrió su propio error al admitirlo y fue cuando procedió a archivarlo y notificar al empresario al respecto.
Biusa, sin embargo, alegó que la Aresep sí posee información sobre su realidad operativa para proceder a hacer el ajuste.
"Pero ante la gravedad y emergencia de la situación aquí planteada, lo que se está pidiendo con base a principios constitucionales y legales, es garantizar el equilibrio financiero del contrato, mediante un procedimiento especial, para resolver situaciones excepcionales como esta", dijeron.
