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La autobusera Buses INA Uruca S.A. (Biusa) obligaba a sus choferes a laborar hasta 19 horas diarias, confirmó el Ministerio de Trabajo.
Por esta razón, las autoridades laborales exigieron a la empresa corregir la infracción bajo el riesgo de exponerse a un proceso judicial.
“La legislación nacional establece que la máxima jornada laboral es de 12 horas, sumando la jornada ordinaria y extraordinaria. Por lo anterior, se debe eliminar la práctica de hacer a los trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las 12 horas diarias”, indica el acta adicional de inspección y prevención código #SJ-IF06988-19 emitida por Trabajo el 6 de noviembre anterior.
El documento refiere una infracción por jornada prohibida, estipulada por el artículo 10 de Código de Trabajo.
En el caso de esta infracción, el documento agrega que se logró demostrar, mediante entrevistas y comprobantes de pago facilitado por el patrono, que los horarios cumplidos por los choferes superan esas 12 horas diarias con horarios a partir de las 4 a. m. y “teniendo una hora de salida incierta, laborando hasta 19 horas diarias en alguno de los casos”.
Según el acta, los comprobantes de pago los proporcionó Michel Salim Semaan Khachab en calidad de representante legal de Biusa.
La Nación se comunicó telefónicamente con la empresa para conocer su versión, pero la persona que atendió informó de que no estaba disponible un vocero.
El área de prensa del Ministerio de Trabajo confirmó que, este 20 de noviembre, se programó otra visita de inspección, de la cual depende si se eleva el caso a sede judicial. La intención es verificar si persisten o no los incumplimientos.
El acta código #SJ-IF06988-19 también cita infracciones detectadas en el pago de horas extras. Se trata de prácticas contrarias a los artículos 136 y 139 del Código de Trabajo.
Sobre este punto, el Ministerio recordó a Biusa que es obligación patronal remunerar con un 50% más de salario mínimo a quien trabaje tiempo extraordinario que, en cualquier caso, es de carácter excepcional y no puede sobrepasar las 12 horas diarias.
Biusa ofrece el servicio de transporte entre San José y zonas como barrio Corazón de Jesús, Hospital México, La Carpio, La Peregrina, Parque Nacional de Diversiones y la ciudadela Rossiter Carballo.
El 2 de mayo del 2018, esta empresa había perdido el permiso para dar ese servicio por decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) al considerar que el propietario de la compañía, Raymond Salim Simaan Khachab, incurrió en una falta grave al suspender el servicio de autobús sin autorización.
El empresario paralizó los recorridos el 13 de junio del 2017 para presionar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y así obtener una tarifa más alta.
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La tarifa vigente es de ¢225, pero la firma pretendía pasajes entre ¢300 y ¢350.
La medida de presión dejó sin transporte a los vecinos de La Carpio, La Peregrina, León XIII, barrio Corazón de Jesús y la Rositer Carballo, entre otras comunidades. De acuerdo con datos de Biusa, 44.000 personas realizan esos recorridos cada día.
La empresa siguió en operación porque recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo de Transporte. Sin embargo, los jueces rechazaron finalmente la apelación de la autobusera.
La empresa, no obstante, continúa con el servicio mientras concluye un nuevo proceso de licitación para otorgarle la ruta a otra empresa.
En la pasada campaña política presidencial, Raymond Salim Simaan Khachab también fue motivo de noticia, al convertirse en el principal comprador de bonos para la campaña presidencial del abogado Juan Diego Castro, aspirante por el Partido Integración Nacional (PIN).
Según datos aportados al Tribunal Supremo de Elecciones, el autobusero desembolsó ¢1.073 millones.
El aporte de Simaan Khachab al PIN se dividió en ¢56,5 millones en calidad de préstamo, y el resto por adquisición de bonos de deuda política, según el oficio TPIN-026-2017.
