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Asociaciones de trabajadores judiciales rechazan ser las responsables del crítico estado del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y dirigen sus críticas a los altos jerarcas de la Corte.
Al respecto, dicen que desde el 2004 “han propuesto múltiples reformas para dar sostenibilidad al Fondo (...) sin que hayan sido aceptadas por las instancias superiores”, según expresa un comunicado de prensa respaldado por cuatro agrupaciones de empleados.
Esos grupos son la Asociación Costarricense de la Judicatura; la Asociación Nacional de Empleados Judiciales; la Asociación de Profesionales del Poder Judicial; y la Asociación de Profesionales en Derecho del Poder Judicial.
Hace 12 días, La Nación informó de que las cotizaciones que hacen los empleados al régimen de jubilaciones del Poder Judicial no son suficientes para sus sostenibilidad.
La situación es tan crítica que, por ejemplo, el 21,16% que actualmente aportan los trabajadores judiciales para su pensión, debería ser del 96% de su salario, según un ejercicio dentro del estudio actuarial que la firma Melinsky, Pellegrinelli y Asociados hizo para el Fondo a pedido de la propia Corte Suprema de Justicia.
Los consultores señalan que solo este año el régimen tendría un déficit de ¢7.500 millones si no se hacen cambios. Esa cifra aumentaría significativamente cada año.
Según las agrupaciones, ese estudio tiene “errores de estimaciones y uso de las variables o parámetros para realizar los cálculos”.
Por ello, recomendaciones como que la prima de aporte (cotización) suba al menos al 31% no es bien recibida por las asociaciones, quienes agregan que los análisis “no han resultado confiables para sustentar la toma de ese tipo de decisiones”.
Escenarios. El régimen de pensiones de la Corte entrega hasta el 100% del salario con que un trabajador termina su ciclo laboral.
Eso hace que actualmente el sistema pague subsidios de vejez por hasta ¢7,7 millones.
La reglamentación también permite –y es una de las críticas de los actuarios– la actualización de la pensión si se vuelve a laborar.
Eso hizo que un juez pensionado que suplió siete meses a un magistrado, aumentara su pensión de ¢2,3 millones a ¢6,1 millones.
De las posibles soluciones para el Fondo, las asociaciones señalan que hay que mejorar la política de inversiones y, por otra parte, que los salarios de años atrás sean traídos a valor presente para cuando se calcule el pago de una jubilación.
Otro planteamiento, que también lo dice el estudio de junio, es que las cotizaciones que hicieron trabajadores judiciales a otros regímenes, como el de la Caja Costarricense de Seguro Social, sean trasladadas al fondo.
El informe de Melinsky, Pellegrinelli y Asociados concluye que sin no hay cambios significativos, la reserva para pensiones del Poder Judicial alcanzará hasta el 2026.
Luego de ese año, esas pensiones se pagarían con el presupuesto nacional.
