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San José.
Una eventual apertura del mercado de combustibles no necesariamente traería rebajas a los consumidores. Al contrario, los precios podrían incrementarse advierte la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Eso respondió la Aresep a una consulta del área de Servicios Técnicos de la Asamblea planteada desde el 2 de mayo del 2016 a pedido del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ese mes, el TSE estaba valorando si autorizaba una recolección de firmas que podría llevar a consulta popular (referendo) un proyecto de ley para abrir el mercado de combustibles.
El TSE autorizó la toma de firmas el pasado 31 de enero para el plan N°19.888, denominado Apertura del Monopolio Estatal de Recope, presentado por el Movimiento Libertario y donde algunos artículos atañen a la Aresep.
Según el artículo 190 de la Constitución Política, para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una entidad autónoma, la Asamblea Legislativa debe oir previamente su opinión.
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En su respuesta a la Asamblea, la Aresep expresa inquietudes sobre varios artículos del proyecto y sus posibles efectos para los consumidores.
Por ejemplo, se refirió al artículo 3 de plan por el cual se fijaría un precio máximo a los combustibles. El texto del proyecto dice: "las empresas podrán vender sus productos a un precio menor del que fije la Aresep".
La Autoridad advierte que por la ley 6588 (que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo) solo la Aresep puede fijar el precio final para el consumidor en estaciones de servicio; último eslabón de comercialización.
"Por lo que se desprende que el consumidor final no recibirá ningún descuento que se realice en la cadena de distribución hasta poner el producto disponible para la venta, los agentes que actúan en esta cadena serán los únicos que se verían beneficiados", indicó la Autoridad en su respuesta a la Asamblea Legislativa el 16 de agosto de 2016, según el oficio 655-RG-2016 y al cual tuvo acceso este diario esta semana.
La entidad incluso manifiesta su preocupación por el artículo 6 del proyecto debido a su posible efecto alcista sobre los combustibles.
Ese artículo habla del uso de infraestructura hoy administrada por Recope. Según la propuesta, empresas que ingresen al mercado podrían usar partes del Sistema Nacional de Combustibles como el poliducto.
Para el uso de servidumbres y derechos de vía de las líneas o ramales ya existentes, la Aresep establecerá el cobro de un canon por el uso del poliducto; canon que se trasladaría a las tarifas.
"Le preocupa a esta Autoridad las implicaciones tarifarias que podría tener para un país como el nuestro la posibilidad de tener múltiples redes de poliductos, lo cual afectaría no solo los costos si no la competitividad de las tarifas", señala la Aresep.
La iniciativa para reunir firmas surgió de un grupo de ciudadanos denominado Ya No Más Recope, que desde el 2015 planteó la posibilidad de realizar un referendo para definir si el proyecto N°19.888 se convierte en ley.
Este diario consultó ayer a uno de sus líderes, Mauricio Sánchez, para quien las advertencias de Aresep son infundadas.
"Pareciera que ellos no entendieron el proyecto que promovemos, están muy felices con el estatus quo cobrando su canon y no quieren hacer el trabajo que les encomienda la ley. Es normal, cuando están acostumbrados al monopolio, pero se trata de romper paradigmas y de buscar mayor libertad para los consumidores", advirtió Sánchez.
Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, cerró filas con la postura de Aresep.
"Estoy de acuerdo con la posición de Aresep, la distribución de combustible es un servicio público cuyo precio regula Aresep. No va a haber un libre mercado de combustibles, ni competencia por esto. Así deber ser conforme a la prestación de servicios públicos", anotó el ministro.
Gutiérrez también comentó que la propuesta de que Aresep fije un tope de precios de combustibles, tampoco es correcto porque precisamente la función de Aresep es proteger al usuario y, para él, así no funciona el mercado costarricense y más sugiere posible desconocimiento de quienes defienden el proyecto y de sus autores sobre cómo opera la regulación de servicios públicos en Costa Rica.
El fucionario también considera poco viable para un país del tamaño de Costa Rica abrir indiscriminadamente ramales a partir del poliducto actual por el impacto potencial contra el ambiente por posibles derrames.
"Poner poliductos es una inversión grande que toma años y que Recope ha hecho a lo largo de años. Eso no es de la noche a la mañana, requiere mucho trámite. Creo que hay acá un nuevo plantemiento muy irreal de los proponentes. Este referendo no tiene para mí, ni pies ni cabeza", mencionó.
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Uno de los principales argumentos del grupo que impulsa el referendo es que Recope otorga privilegios a su personal, los cuales elevan los precios que pagan los consumidores por los derivados del petróleo.
Precio estructurado. No obstante, el peso de la convención colectiva no es el factor de más peso que pagan los consumidores si se analiza la estructura de precios de un litro de combustible.
Según datos de Recope, hoy un litro de gasolina regular cuesta ¢567. De ese monto, según la estructura vigente, ¢198 (35%) corresponden al precio internacional del hidrocarburo antes de llegar al país, otros ¢250 (44%) al impuesto único a los hidrocarburos que nutre las cuentas de la Caja Única del Estado, las municipalidades, la Cruz Roja y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); entre otras.
Luego hay ¢57 (10%) por flete y traslado de ese carburante a estaciones de servicio y ¢62 (11%) que corresponden al margen de operación de Recope.
Al descomponer ese margen de operación en el precio total de este combustible al día de hoy, 4% del precio final se destina a inversiones (¢23), 2% a costos de importación (¢11) y 5% a costos de operación (¢28), dentro de los cuales la convención colectiva del personal supone 0,86% (¢4,8) del precio final al consumidor.
