San José.
El proyecto de ley que sería sometido a referendo nacional para abrir el mercado de los combustibles plantea también la posibilidad de que el Estado pueda deshacerse de las acciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y ceder a terceros parte de la infraestructura nacional ligada a los combustibles.
Se trata de una iniciativa del Movimiento Libertario, la cual impulsó para consulta popular un grupo de ciudadanos denominado Ya no más Recope. El 31 de enero pasado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó al grupo la recolección de firmas para dicha consulta. Son necesarias 165.000 rúbricas que corresponden al 5% del padrón electoral.
De llegar a celebrarse el referendo e imponerse el sí, el proyecto se convertiría automáticamente en ley de la República.
Ese documento, en el artículo 8, autoriza al Estado, por medio del Consejo de Gobierno, a vender las acciones de Recope S. A. y consecuentemente ceder parte de sus activos a un eventual comprador. El Consejo de Gobierno se constituye en asamblea de accionistas de la empresa.
De tomarse la decisión, abriría la posibilidad de liberar de control estatal partes del Sistema Nacional de Combustibles que hoy administra Recope. El sistema es un conjunto de infraestructuras por las cuales se llevan los combustibles al mercado costarricense.
Dicho entramado comprende dos muelles petroleros (uno en la costa del Caribe, en Moín, Limón y el otro en la pacífica en Barranca, Puntarenas) y cuatro planteles de almacenamiento. Hay dos en Limón, ubicados en Moín y Siquirres, otro en el Alto de Ochomogo, Cartago, y el último en Barranca.
El sistema también incluye un poliducto de 533 kilómetros de tubería, cinco estaciones de bombeo para el mismo y cuatro planteles de venta de combustibles localizados en aeropuertos nacionales.
De todo esto, solo el poliducto y el muelle petrolero en Moín permanecerían bajo control de instituciones públicas nacionales si el proyecto llegara a convertirse en ley, pues el texto especifica que Recope habría de ceder el uso de estas dos partes del sistema a eventuales participantes en el mercado local de los derivados.
Textualmente, la iniciativa de ley señala el eventual destino de la venta de acciones de Recope: "se utilizará para conformar un fideicomiso para el pago de servidumbres vinculadas al trasiego de hidrocarburos y sus derivados por medio de poliductos, así como para invertir en la construcción de una facilitad portuaria, en la costa pacífica, para la importación y exportación de hidrocarburos, derivados de los hidrocarburos y gas natural".
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El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario y autor del texto, defendió la conveniencia de plantear un escenario de venta de Recope, por si en el futuro llegara a gobernar una administración que concluya oportuno sacar al Estado de la actividad de distribución de hidrocarburos.
"Puede ser que incluso esa futura administración (...) luego invite a un socio estratégico a concretar esa venta parcial o total de acciones, y los fondos resultantes de esa transacción podrían utilizarse para construir las obras que se estipulan en el mismo proyecto de ley", afirmó el congresista.
Guevara recalcó que el Gobierno suele ser complaciente con las demandas de la convención colectiva de Recope que, opina, "están generando gastos innecesarios, los cuales deben ser asumidos en los precios de los combustibles por todos los usuarios".
Para el político, cuando dicha convención colectiva ha sido cuestionada, los sindicatos amenazan con paralizar el país y por ser Recope el único proveedor, al Gobierno no le queda más que ceder. Por eso también, explicó, se incluye esa posibilidad de vender las acciones de Recope, que legalmente es una sociedad anónima.
Consultada sobre el tema la semana pasada, la presidenta ejecutiva de la Refinadora, Sara Salazar, se mostró cautelosa y prefirió no ahondar en las posibilidades del plan.
"Vivimos en una democracia y el derecho al referendo es un derecho que asiste a la ciudadanía, fuera de ello no puedo agregar. Creo que la obra país de tener hoy un sistema nacional de combustible debe valorarse mucho. Debemos recordar que esta infraestructura abarca una serie de instalaciones que nos han venido dando los combustibles a lo largo de las décadas y eso pertenece a los costarricenses, no a Recope", advirtió.
Resguardo. El plan de ley también incluye artículos que previenen la venta de ciertos activos del Sistema Nacional de Combustibles. No obstante, al margen de si se venden o no acciones de Recope, dicha infraestructura dejaría de ser manejada por esa empresa pública para propiciar condiciones de competencia y eliminar posibles barreras de entrada al mercado.
Un posible obstáculo sería el acceso al puerto petrolero que Recope construye en Moín, donde atracan los buques que transportan a Costa Rica los carburantes.
El documento incorpora un capítulo sobre ese puerto petrolero, según el cual se trasladaría la operación del mismo a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y se declararía como servicio público el uso de esa terminal.
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El efecto perseguido es evitar una "discriminación comercial" sobre el uso de la terminal. Así, Recope y cualquier otro agente económico en el mercado habrían de pagar lo correspondiente por los servicios de uso del puerto.
Otro punto del texto se refiere al poliducto cuya administración se traslada al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). La idea, como en el caso del puerto petrolero, es que el poliducto sea de acceso a todos los agentes económicos interesados en trasegar combustible, los cuales también pagarían por el uso del mismo.
Los eventuales competidores también quedan autorizados a construir ramales hacia instalaciones propias a partir del poliducto central. Para ello; sin embargo, se propone que el Minae elabore estudios para establecer límites a la extensión del ramal.
Por ahora, los encargados del grupo Ya no más Recope esperan que el TSE les facilite la plantilla con la leyenda oficial para la consulta, a partir de la cual el grupo hará miles de copias de dicho formulario de consulta. Dicha plantilla sigue aún sin publicarse en el diario oficial La Gaceta.
Una vez impresas las copias de la plantilla de consulta, la agrupación las llevará al TSE para que, mediante un sello, se conviertan en documentos oficiales de la recolección de firmas.
A partir de ese punto, Ya no Más Recope tiene nueve meses para reunir 5% del padrón electoral (unas 165.000 firmas). De acuerdo con la Ley de Referendo, se prohíbe realizar estas consultas seis meses antes o seis meses después de elecciones nacionales (sean presidenciales o municipales).