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20 municipalidades deberán implementar planes de adaptación climática en sus cantones

Ayuntamientos recibieron capacitación del Minae sobre la necesidad de invertir en acciones tempranas contra eventos extremos, para evitar mayores gastos en reconstrucción

Al menos 20 municipalidades del país fueron instruidas para implementar acciones que limiten los impactos negativos de fenómenos del clima en sus cantones.

Estos ayuntamientos fueron incluidos en el Plan A: Territorios Resilientes, un programa estatal que busca integrar la adaptación al cambio climático en la planificación municipal y regional.

Un equipo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) acompañó a los gobiernos locales a realizar un análisis de riesgo en sus territorios, con el fin de medir su grado de vulnerabilidad ante estos eventos.

Por ejemplo, en Puntarenas se comenzó un proceso de georreferenciación de impactos asociados a desastres climáticos, como deslizamientos, zonas de inundación y movimientos de tierra.

Ahora, con esta información, los cantones podrán incluir nuevas medidas de adaptación en sus instrumentos de planificación como planes reguladores o planes de desarrollo humano cantonal.

Entre sus objetivos está hacer frente a fenómenos climáticos extremos, como las fuertes lluvias que afectaron el mes anterior al Caribe y la zona norte, los ciclones tropicales y las sequías.

“Mideplán (Ministerio de Planificación) tiene un registro histórico desde los 80 sobre eventos climáticos extremos con declaratoria de emergencia por lluvias intensas o sequías y hemos visto un incremento en las pérdidas y daños, así como en la cantidad de eventos que se registran”, afirmó Ximena Apéstegui, coordinadora de la iniciativa.

La especialista recordó que la crisis climática es un problema que será más frecuente e intenso, y por eso las municipalidades deben entender que los costos de la inacción son muchísimo más altos que los costos de la acción temprana.

Eso significa tener un diagnóstico bien mapeado de todos aquellos factores que nos hacen ser más vulnerables. Tener el plan de acción es crítico, para poder adaptarnos y lograr contrarrestar cualquier situación que se nos presente.

—  Modesto Alpízar, alcalde de Alajuelita.

Uno de los objetivos del proyecto es incorporar criterios de adaptación en las guías metodológicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) para proyectos de inversión pública.

Apéstegui aseguró que en los gobiernos locales los funcionarios han declarado que los cambios extremos en el clima han sido evidentes y admiten su preocupación por hacer algo al respecto, pero además han logrado comprender que esta problemática está estrictamente ligada con temas económicos y de desarrollo, y no solo con un aspecto ambiental.

“Para nosotros como cantón de Alajuelita es de suma importancia estar en este proyecto, lo que nos permitirá contar con un plan de acción para adaptarnos a aquellos eventos climáticos que se presentarán.

“Eso significa tener un diagnóstico bien mapeado de todos aquellos factores que nos hacen ser más vulnerables. Tener el plan de acción es crítico, para poder adaptarnos y lograr contrarrestar cualquier situación que se nos presente”, dijo Modesto Alpízar, alcalde de Alajuelita.

Por ahora, solo se seleccionaron 20 cantones para el plan piloto, por contar con mayores condiciones de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y por su representatividad geográfica, social y económica.

La lista la conforman: Acosta, Alajuelita, Belén, Buenos Aires, Cañas, Corredores, La Cruz, Los Chiles, Matina, Montes de Oro, Naranjo, Nicoya, Osa, Parrita, Pococí, Puntarenas, Siquirres, Talamanca, Turrialba y Upala.

Cuarenta funcionarios municipales fueron capacitados por personal de la Dirección de Cambio Climático del Minae y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Mediante 10 módulos teórico-prácticos, se les brindaron herramientas para impulsar un proceso de transformación y transversalización de la adaptación climática en sus municipios.

De acuerdo con las entidades, la expectativa es que cada uno de esos cantones tenga listo su “Plan de Acción Local de Adaptación Climática” en el primer semestre del 2022.

Los restantes 62 territorios tendrán acceso a un programa de capacitación virtual facilitado en el sitio web de la Dirección de Cambio Climático, que los acompañará en la creación de su propio plan.

Acciones son urgentes

“Los desastres naturales de las últimas semanas nos han demostrado que es clave preparar nuestros territorios para que sean más resilientes y tengan mejor capacidad de adaptación ante el aumento en lluvias y otros eventos meteorológicos.

“El proyecto Plan A, le otorga a 20 municipalidades información y datos para tomar decisiones informadas y generar mejores planes reguladores, ordenar el territorio y mitigar el riesgo de su población”, comentó al respecto la primera dama, Claudia Dobles.

Para la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, las lluvias de las últimas semanas vuelven a evidenciar la urgencia de acciones climáticas para proteger familias y empleos.

“El trabajo con estas municipalidades pioneras significa comunidades más seguras, donde las personas podamos tener bienestar y el sector económico pueda seguir funcionando”, apuntó.

La jerarca insistió en que este proyecto es necesario porque Costa Rica es un país altamente vulnerable que ya ha sufrido impactos importantes.

Por ejemplo, el huracán Otto generó daños y pérdidas en el 2016 por ¢106.258 millones y una afectación directa a 10.831 personas en 461 poblados, así como 10 personas fallecidas.

La tormenta tropical Nate, que impactó el país por tres días en el 2017, ocasionó pérdidas y daños que sumaron más de ¢327.160 millones de colones (el equivalente al 1% del PIB para ese año).

También provocó grandes impactos sociales, la muerte de 14 personas y el desplazamiento de 11.517 ciudadanos que debieron buscar refugio.

Desde 2017, la Contraloría General de la República (CGR) indicó que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura afectada por inundaciones, temporales y sequías, debido al cambio climático en Costa Rica, pasó de ¢8.903 millones, en 1988, a ¢202.681 millones, en el 2010.

La CGR explicó que, al 2025, en un escenario conservador, estos costos absorberían entre un 0,68% y un 1,05% del PIB; y en un escenario que prevé mayor riesgo, entre un 1,64 % y un 2,50% del PIB.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Escribe sobre vivienda y trabajo.