San José pierde cientos de millones por suspensión de parquímetros

“Nos permitirá ordenar la vialidad de San José, nos permite ordenar las zonas de parquímetros. Además de eso, estamos mejorando financieramente la salud de la Municipalidad porque nos estamos ahorrando más de ¢700 millones al año”, declaró el alcalde Diego Miranda en esa ocasión.

Horas antes, en una conferencia de prensa, Miranda había informado de que, mientras se obtenía el nuevo mecanismo, habría “un mes de gracia” en el que los conductores podrían utilizar los espacios de estacionamiento sin pagar.

Casi siete meses después, San José sigue sin un sistema de parquímetros y el cobro se mantiene suspendido, situación por la cual el ayuntamiento capitalino habría dejado de percibir más de¢1.500 millones. La cifra es una proyección con base en los ingresos mensuales que percibió el ayuntamiento entre agosto y setiembre del 2023, tanto por la tarifas que cancelaba cada conductor por parquear como por las multas que se dejaron de cobrar.

Se calculó ese monto a partir de datos suministrados por la Municipalidad de San José.

Según estos, en agosto, setiembre y octubre de 2023, ingresaron a las arcas municipales ¢400 millones por tiempo de estacionamiento y ¢470 millones por multas. Del total, el 23% (¢200 millones) terminaron en manos de la empresa española Setex-Aparki, proveedora del anterior sistema de parquímetros.

El municipio recibió ¢290 millones por mes. Si el comportamiento hubiese sido similar a lo largo de los últimos siete meses, la Municipalidad de San José habría dejado de recaudar ¢2.029 millones, de los cuales ¢466 millones, aproximadamente, serían de la firma proveedora.

San José dispone de 3.000 espacios para parqueos y la tarifa era de ¢960 por hora; la multa por parquear sin autorización era de ¢9.600.

En noviembre, La Nación reveló que la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José denunció al alcalde ante el Ministerio Público, al considerar que suspendió los parquímetros sin respaldo técnico y legal.

A partir de esa denuncia, la Fiscalia abrió el 11 de setiembre de 2024 el expediente 24-000333-1218-PE, mediante el cual le sigue al jerarca una causa por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

“Nunca hubo una suspensión, el cobro no se podía realizar porque se venció la licitación anterior y se está a la espera de que entre un nuevo contrato en operación”, respondió Miranda, vía correo electrónico, en noviembre del 2024 al preguntarle si tenía criterios técnicos o jurídicos que respaldaran la decisión de no ampliar, de manera temporal, el contrato con Setex-Aparki.

“Lo que correspondía era realizar un nuevo proceso de contratación pública para seguir brindando el servicio y así también poder seguir cobrando el sistema de parquímetros”, agregó el alcalde.

Ese intento de ejecutar una nueva contratación no superó la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), pues en julio del 2024 se declaró con lugar un recurso de apelación presentado por el Consorcio Setex-Alpha-San José, firma que fue excluida del proceso por aparentes incumplimientos, los cuales según el órgano contralor no fueron acreditados.

Frente a la resolución de la Contraloría, en setiembre del año pasado, el Concejo Municipal de San José decidió adjudicar al Consorcio Setex-Alpha-San José, decisión que fue rechazada por Miranda y sus regidores.

Desde entonces, la alcaldía y la empresa se han enfrascado en un conflicto por la firma del contrato. Juan José Echeverría, abogado del Consorcio, dijo que ya cumplieron con el depósito de garantía y demás requisitos y firmaron el convenio desde inicios de enero.

“Estamos esperando la firma del señor alcalde (...) Nos pidieron aclarar una información sobre la oferta y el presupuesto detallado y ya se hizo”, expresó Echeverría.

Este medio de comunicación le consultó a Miranda, a través de su encargada de prensa, cuándo planea firmar el convenio, pero al cierre de esta información no había dado una respuesta.

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En cuanto a los recursos que se dejaron de percibir, Miranda indicó que no hubo negligencia en este caso.

“No existió decisión alguna, ni tampoco negligencia, por parte de algún funcionario administrativo para detener el cobro de los parquímetros en la ciudad; la fundamentación técnica del cese de cobro obedece meramente a una imposibilidad material para el municipio”, insistió.

Además del monto que la Municipalidad dejó de recaudar, ha tenido que mantener, en los últimos siete meses, una planilla de 47 personas en el área de parquimetristas pese a mantener el cobro en pausa. Ante esa situación, el 7 de enero, Miranda firmó un documento en el que incluyó el control de tránsito en el Manual de Clases y Cargos de los parquimetristas.

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