La Sala Constitucional ordenó al alcalde de San José, Diego Miranda, responder a una serie de consultas planteadas por una regidora en relación con la contratación del sistema de parquímetros de ese cantón.
Los magistrados declararon con lugar el recurso presentado por Iztarú Alfaro Guerrero, quien alegó que desde el 27 de agosto remitió un oficio solicitando información sobre dicha contratación. Ella argumenta que el proceso habría generado pérdidas por ¢600 millones debido a errores en la licitación, sin embargo, Miranda no dio una respuesta completa a todos los cuestionamientos.
Por esta razón, el Tribunal otorgó al alcalde 10 días para responder por escrito tres consultas:
- ¿Cuál fue el criterio técnico para decidir la remoción de la empresa que estaba brindando el servicio de parquímetros?
- ¿Por qué se tramitó otra licitación para la gestión de los parquímetros, si estaba pendiente de resolución un recurso de apelación en la Contraloría General de la República?
- ¿Por qué, un mes después de que la Contraloría resolviera el recurso a favor de la empresa que brindaba el servicio y ordenara su contratación, la Administración no ha tomado una decisión a pesar de las pérdidas que esto ha causado?
Según informó la regidora mediante un comunicado de prensa, esta es la segunda ocasión en que el tribunal constitucional le ordena a Miranda dar información sobre el asunto. El pasado 11 de octubre, la Alcaldía emitió una respuesta en la que, según la funcionaria, no ofreció una “explicación oportuna y concreta” sobre el déficit en los ingresos municipales ni sobre las razones técnicas que lo motivaron.
“El señor alcalde creyó que una respuesta vacía, que más parecía un asunto de mero trámite que una verdadera rendición de cuentas, iba a bastar. Ahora los señores magistrados le enmiendan la plana y le obligan a dar respuestas de fondo sobre sus decisiones, que evidentemente afectan las arcas de la Municipalidad de San José”, afirmó Alfaro.
Cuatro meses sin uso de parquímetros en San José
El cobro de parquímetros en San José está suspendido desde el 23 de junio, debido a que el contrato bajo el cual se brindaba el servicio feneció.
De acuerdo con la regidora, esta situación ha provocado una pérdida de ingresos para la Municipalidad y ha llevado a que la capital “se vuelva a llenar de cuidacarros”.
El pasado 3 de setiembre, el Concejo Municipal acordó adjudicar el servicio a la empresa Setex-Alpha-San José.
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Inicialmente, el Concejo había excluido a este consorcio al considerar que su propuesta contenía incumplimientos y vicios en el estudio de factibilidad y viabilidad financiera en la licitación mayor No. 2023LY-000009-0015499999, mediante la cual se buscaba alquilar la plataforma tecnológica para el cobro de parquímetros por un período de 10 años.
La empresa presentó un recurso de apelación que la Contraloría General de la República declaró con lugar el 30 de julio.
A pesar de que la contratación ya está en firme, hasta la semana pasada el municipio no había firmado el contrato con la compañía adjudicada para reanudar el servicio.
Este medio consultó a Miranda si ya había sido notificado respecto al fallo, pero no respondió los mensajes enviados a su celular.
