Recurrir a las utilidades del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) es una de varias medidas que estudiará la CCSS para financiar y dar un poco más de oxígeno al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esta es una propuesta del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, y avalada por la Junta Directiva.
Macaya no descarta tampoco buscar oportunidades de invertir en obra pública, incluyendo carreteras y aeropuertos, o las ampliaciones de las rutas a San Ramón y San Carlos.
En lo que llama “lluvias de ideas” también se incluye eventuales negociaciones con empresas farmacéuticas, para la realización de ensayos clínicos con pacientes de la Caja –bajo absolutas condiciones de seguridad– a cambio de costosísimos medicamentos innovadores que sirvan a los pacientes atendidos en los hospitales de la seguridad social.
La lista de propuestas, aprobada en pleno por el máximo órgano de decisión de la Caja el 6 de junio anterior, va más allá de las variables paramétricas, como edad, número de cuotas o cambios en los beneficios, contempladas cuando se habla de reformar el IVM y asegurar su vida en el tiempo.
“Estamos pensando fuera de lo normal”, dijo Macaya.
Según él, de lo que se trata es de buscar medidas que se puedan hacer gradualmente, con el menor impacto posible en la población. Todas y cada una de las acciones propuestas, deben pasar por un estudio actuarial que mida riesgos y oportunidades.
De la decena de componentes que la integran, apenas tres son del resorte directo de la Caja. Esas son las variables paramétricas, las acciones para reforzar la gestión actuarial y las propuestas de innovación.
El resto de medidas está fuera de la Caja, lo cual Macaya reconoce y asegura que habrá que recurrir al concurso de otras instituciones del Estado, como la Asamblea Legislativa, para la eventual reforma o creación de leyes.
“No es una receta escrita en piedra. Es la generación de ideas con un plan de trabajo con opciones. Todo está sobre la mesa”, aseguró el jerarca de la CCSS.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica para el cual cotizan más de 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado.
En diciembre del 2018 cerró con 272.832 beneficiarios y una reserva de ¢2,5 billones.
En busca de la sostenibilidad
El primer componente de la propuesta de Macaya busca fortalecerlas capacidades actuariales de la Caja para generar “estudios incuestionables y actualizados”.
La Junta Directiva dio su banderazo para comenzar la búsqueda de un nuevo sistema de proyecciones demográficas y financieras para pensiones, y a la realización de nuevos estudios actuariales para los seguros de pensiones (IVM) y de salud (el Seguro de Enfermedad y Maternidad).
"Queremos actualizar el actual sistema con una herramienta moderna que permita mayor flexibilidad y pensamos que sea un desarrollo interno.
“En paralelo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), creó un nuevo sistema que quieren poner a prueba, y Costa Rica puede ser un país modelo. Nosotros nos ofrecimos a probarlo”, comentó Macaya.
También se está revisando todo el tema de la deuda estatal, que hasta hace poco superaba los ¢700.000 millones para ambos seguros, y la posibilidad de destinar algún porcentaje del impuesto de valor agregado (IVA) con el mismo propósito: inyectar recursos al IVM.
La institución también evaluará actuarialmente lo que denomina “totalización” o integración de tres regímenes: el IVM, el del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, contemplando incluso la posibilidad de reconocer cuotas a quienes laboren fuera del país; una posibilidad que actualmente no existe.
El componente de innovación es uno de los más fuertes de la propuesta y con implicaciones sobre todo para el seguro de Salud.
Aquí se estudiará la posibilidad de extraer valor a toda la información contenida en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), cuidando la confidencialidad de los datos que contiene esa gran base.
“La base de datos del EDUS son cientos de expedientes y lo único que hay que hacer es minar los datos. Es monetizar la información, garantizando la seguridad y la confidencialidad a los pacientes".
En la mira de la potencialidad de la innovación tecnológica están los 1,8 millones de muestras que componen la base del programa nacional de tamizaje, basado en la prueba del talón que se le hace a los recién nacidos para detectar enfermedades.
“Este es un tema país. Es la oportunidad de iniciar un diálogo político, con 'P' mayúscula. Es tiempo de ser creativos, pragmáticos y patrióticos”, aseguró Macaya.
La propuesta tiene un calendario que ya arrancó, con el objetivo de tener resultados pronto pues desde la Presidencia de la República se solicitó dar prioridad, incluso, adelantar la mesa de diálogo para revisar la situación del principal régimen de pensiones del país.