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Tres miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitaron, este lunes, una auditoría interna para investigar por qué hubo errores en los estudios que recomendaron retomar la operación de 37 Ebáis localizados en los cantones de Curridabat, Montes de Oca y La Unión.
La solicitud para que se abra la pesquisa fue firmada por José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo; Maritza Jiménez Aguilar, representante del solidarismo; y Marielos Alfaro Murillo, representante del sector privado.
Los 37 centros médicos estaban, hasta el 18 de febrero anterior, en manos de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS decidió insitucionalizarlos y dejar de comprarle los servicios a ese centro de enseñanza.
El 25 de mayo, La Nación publicó que los informes financieros presentados a la Junta para tomar la decisión de reasumir los Ebáis tenían un error de cálculo del 30%.
“La institucionalización de los servicios está costando alrededor de 30% más que si hubiéramos continuado con la vía de la contratación de los servicios (a Unibe)”, reconoció Sergio Gómez, director de Presupuesto de la institución, según el acta de la sesión 9.068.
Gómez explicó que solo las remuneraciones de los 419 empleados tiene un costo de ¢6.600 millones este año. A ese monto se debe sumar el costo de la adquisición de equipos, alquileres, implementos médicos y suministros.
Cuando se acordó institucionalizar los Ebáis se afirmó que el gasto sería similar al pago anual que se hacía a la Unibe, de ¢4.838 millones. Sin embargo, la Directiva aprobó la contratación de nuevos trabajadores.
Ante esta situación, los tres directivos pidieron iniciar un procedimiento que analice y evalúe los informes financieros presentados a la Junta Directiva y comparen los costos presentados en esos documentos con los gastos reales de los Ebáis, tras el cambio de administración.
Además, piden que, de llegar “a la conclusión de que la Junta Directiva fue inducida a error, indicar quienes serían los presuntos responsables de dichos informes”.
En la nota afirman que los cálculos de costos defectuosos pudieron inducir a error “de forma consciente” a la Junta Directiva de la Caja.
“La Junta Directiva toma decisiones basada en criterios técnicos, informes y estudios de factibilidad, es decir, basados en eso tomamos decisiones y es obvio que las personas que entregan esos estudios deben tenerlos muy bien fundamentados para no hacer incurrir a la Junta Directiva en errores. Necesitamos que investiguen todo lo actuado por los técnicos sobre los estudios que ordenó la Junta Directiva”, dijo José Luis Loría.
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En su escrito, los tres directivos solicitan que se analice la actuación del director Regional Central-Este, Armando Villalobos, la Dirección de Compras de Servicios de Salud y la Unidad de Costos.
“Partiendo que actuaron de buena fe, si los técnicos nos presentan un informe y esos informes no están bien fundamentados, ellos son los responsables. Igual son responsables si lo hicieron porque maquillaron el informe o por lo que sea. Es importante investigarlo”, agregó el directivo.
