Daniela Cerdas E.. 5 septiembre, 2019
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, el ministro de Trabajo, Steven Núñez y los dirigentes sindicales luego de la conferencia de prensa del 12 de agosto donde revelaron el acuerdo para acabar con una huelga de ocho días en los hospitales públicos. Foto: Rafael Pacheco Foto: Rafael Pacheco
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, el ministro de Trabajo, Steven Núñez y los dirigentes sindicales luego de la conferencia de prensa del 12 de agosto donde revelaron el acuerdo para acabar con una huelga de ocho días en los hospitales públicos. Foto: Rafael Pacheco Foto: Rafael Pacheco

El sector empresarial celebró que la Contraloría General de la República le ordenara a la Caja cumplir con las disposiciones de la reforma fiscal, e ignorar los acuerdos sobre anualidades y sobresueldos suscritos con sus sindicatos.

Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, manifestó que ninguna institución está por encima de la ley y ese es un “principio básico para el avance de nuestro país”.

“Siempre consideramos que el acuerdo del 12 de agosto era ilegal, incorrecto, improcedente e inadecuado. Esta semana hemos tenido dos maravillosas noticias para el aumento de la confianza en el país: este pronunciamiento de la Contraloría General de la República y la aprobación en primer debate del proyecto de huelgas.

“Aplaudimos a la Contraloría General de la República por reafirmar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dijo Gamboa.

La resolución de la Contraloría se emitió este jueves y sostiene que los acuerdos del 20 de febrero y 12 de agosto de este año, "no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a anualidades e incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) también celebró el criterio emitido por la Contraloría pues, según ellos, coincide con las exigencias que han emitido en varias ocasiones de que ninguna institución debe saltarse la norma.

“La petición del sector privado ha sido clara y contundente en el sentido de que se debe dar marcha atrás al documento firmado en acuerdo con los sindicatos del sector salud, pues la ley en Costa Rica debe cumplirse. Es nuestro deber externar total respeto y apego a la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como indicar a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que el Estado no puede tener islas independientes en la función pública y que todos tenemos que cumplir la ley”, manifestó la unión de cámaras en un comunicado de prensa.

Añadió que esperan que otras instituciones que se sienten “independientes” se apeguen por igual al criterio de la Contraloría.