La advertencia viene de dos juristas.
El juicio por lesividad que planteará la CCSS ante los tribunales para que declaren nulo el acuerdo del 20 de febrero, el cual dejó intacto el pago de pluses a los 57.000 funcionarios, corre el riesgo de ser rechazado ‘ad portas’ por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Así lo creen el abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, y el laboralista Marco Durante Calvo, este último de la firma BDS Asesores.
En caso de no ser admitido, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los 17 sindicatos de hospitales y clínicas estatales entrarían en otra controversia, pues, apostaron a este proceso judicial para que sea un juez el que resuelva el conflicto que originó la huelga de ocho días, durante la cual 82.000 pacientes perdieron sus citas, 1.600 se quedaron sin operar y 20.489 no obtuvieron sus diagnósticos.
Un proceso de lesividad se da ante el Tribunal Contencioso-Administrativo cuando un ente estatal, en este caso, la CCSS, quiere anular un acto propio que otorgó derechos a los administrados (funcionarios) y que considera perjudicial.
Hernández Valle es enfático en que cuando Román Macaya, presidente de la CCSS, firmó con los sindicatos el acuerdo del 20 de febrero donde garantiza que seguirá pagando los pluses en forma porcentual, no concedió ningún derecho porque actuó contra lo que dicta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esta ley, conocida como reforma fiscal, ordena, desde diciembre, que el pago de sobresueldos en todo el sector público debe convertirse de porcentual a nominal, es decir, montos fijos, con el fin de reducir el crecimiento exponencial en gasto público. Solo en la Caja, se pagan anualmente ¢541.000 millones en incentivos, mucho más que en salarios base.
“Lo que hizo Román Macaya es ilegal, porque, por desaplicar una ley, podría ser acusado de prevaricato. La única que puede desaplicar una ley es la Asamblea Legislativa”, afirma Hernández.
El abogado concluye que Macaya, con su firma, “no creó derechos (a pluses de pago porcentual) porque la ilegalidad no es fuente de derechos”.
Al no haber creado ningún derecho específico –porque la ley está sobre lo que Macaya dispuso–, cuando la CCSS plantee el proceso se expone a que el juez rechace el caso, pues en un juicio por lesividad se debate la legalidad o no de un derecho concedido.
El abogado Durante Calvo sostiene lo mismo: “El acuerdo del 20 de febrero no crea derecho, mantiene una situación” y por ello, tampoco descarta que el caso pueda ser rechazado “ad portas”.
Agregó que los procesos de lesividad “son contra actos administrativos, es decir, contra un acto unilateral de la administración y, en este caso, se trata de un acuerdo entre la CCSS y los sindicatos y, al ser un acuerdo, esto no es un acto administrativo propiamente dicho de la administración”
“Algo que a nosotros nos genera dudas, y que el juez deberá resolver, es si un acuerdo con sindicatos de la CCSS se entiende como acto administrativo propiamente dicho sobre el que cabe un proceso de lesividad”, añadió el especialista laboral.
En caso de que el proceso sea aceptado por los jueces, los dos juristas ven un camino complicado, pues el Poder Judicial tendrá que notificar a los 57.000 funcionarios del trámite que se inicia.
“El proceso de lesividad obliga a notificar a todos los empleados que se puedan ver afectados, es decir, a los 57.000. Eso tomaría uno o dos años en notificar a toda la gente y, mientras no se haga, no empieza a correr el plazo. Este juicio no terminaría nunca, es una locura”, afirmó Hernández.
Mientras tanto, durante los meses y años que llevaría este proceso (al menos cinco años para llegar a sentencia definitiva), los funcionarios de la CCSS continuarán recibiendo al menos 19 tipos de sobresueldos en forma porcentual, mientras, a una mayoría de la planilla del Gobierno Central ya se le convirtió a montos fijos.
El por qué la CCSS se obligó ella misma a solicitar a los tribunales una declaración de lesividad es calificado por Hernández Valle como una “estupidez jurídica”.
“Hábilmente los sindicalistas tiraron la pelota a la CCSS porque nunca iban a ganar nada en los tribunales”, indicó.
Explicó que si el proceso de lesividad fuera rechazado “ad portas”, “obligaría a los sindicalistas a impugnar en la vía contencioso-administrativa el decreto del 22 de mayo, en el cual se ratificó que los pluses deben pagarse por un monto fijo y no porcentual. Pero, un juez nunca les otorgaría la suspensión de ese acto porque un elemento a ponderar es el daño entre el interés público y el privado y, en este caso, es evidente que el daño al interés público es mil veces superior al privado, es decir, al que se le hace a los empleados de la CCSS”.
Consultado sobre en qué podría terminar el conflicto, Hernández dijo: “Muy fácil. La Contraloría puede improbar el presupuesto de la CCSS por no ajustarse a la legalidad. La mejor salida es que la Contraloría diga que esto viola la ley e impruebe el presupuesto porque no se ajusta a ley y que la CCSS se vea obligada a ajustar su presupuesto y tire la pelota a los sindicalistas. La bola, ahora, está en el campo de la Contraloría”.