
Para proteger contra la covid-19 a cientos de habitantes de calle se necesitarán, al menos, 10.000 dosis de vacuna.
Es la cifra que se ha discutido en el seno de la llamada Mesa Patriótica por la Vacunación, Unidos por la Vida.
El grupo tiene entre sus prioridades dar respuesta a los riesgos de contraer esta enfermedad entre quienes viven a la intemperie, durmiendo en las aceras, principalmente en la capital.
Se calcula que en esa condición podrían estar alrededor de unas 6.000 personas, confirmó a La Nación Edwin Aguiluz Milla, sacerdote vocero del grupo.
“En la mesa de diálogo se hizo una recomendación: elaborar un protocolo para incluirlos. El Gobierno convocó para esto a las instituciones del Estado, encabezadas por el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), y a dos municipalidades con experiencia en el manejo de estas personas: la de San José y la de Turrialba. Y se invitó a la Mesa Patriótica para dar respuestas pronto”, confirmó Aguiluz.
Miembros de este foro comenzaron a reunirse con su contraparte del Ejecutivo el 10 de junio, en atención a su solicitud de espacio para colaborar desde la sociedad civil en el manejo de la emergencia por covid-19.
Desde entonces, dijo Aguiluz, las reuniones ordinarias se realizan los viernes.
La Mesa la integran más de 50 cámaras empresariales, más de 100.000 trabajadores sindicalizados de salud, educación, agro e industria, entre otros. También a 3.580 asociaciones de desarrollo comunal, 594 cooperativas y del solidarismo, así como municipalidades, alcaldías e intendencias de todo el país.
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De acuerdo con una respuesta escrita enviada por el Viceministerio de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el Gobierno designó para estas conversaciones los enlaces técnicos y políticos.
“(...) de parte del Gobierno es el viceministro de Salud, Pedro González, y el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola. A nivel técnico, ambas partes también han designado enlaces para el diseño y ejecución de las propuestas que se establezcan.
“El espacio ha contado con tres sesiones, en donde se ha generado un esquema de trabajo para lograr registrar las posibilidades de cooperación en diferentes campos y además, profundizar en los elementos importantes sobre el tema de vacunación”, respondieron el 21 de junio, ante consulta de La Nación.
La mesa de parte del Gobierno la integran, además, enlaces del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Sin prioridad
La vacunación de la población que vive en las calles no es un asunto fácil de resolver.
Aguiluz reconoce el riesgo que existe de no completar el esquema de dos dosis, que es el que actualmente se aplica en el país, tanto para la vacuna producida por Pfizer como la de AstraZeneca.
Cuando se defina este proceso, dijo, se espera contar con el apoyo de todas las organizaciones que trabajan con esos grupos.
En el marco del proyecto informativo de La Nación ‘Ciudad Pandemia’, se detectó que ni el Ministerio de Salud ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tenían contemplado a este grupo.
Cuando este diario consultó a ambas instituciones, las dos alegaron que estas personas deben cumplir con los mismos requisitos que el resto de ciudadanos.
Trascendió que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del Ministerio de Salud consideró innecesario priorizar la inmunización de estos habitantes.
Plan de trabajo
La discusión con el Gobierno ha cubierto otros asuntos vinculados con la vacunación contra la covid, dijo Aguiluz.
Uno de los más importantes está relacionado con la cantidad de dosis que recibe el país. Se busca aumentar la cantidad, sea mediante compra o donación.
“Sabemos que no es por negligencia o incapacidad, sino por la disponibilidad internacional de la vacuna. Hubo un pico alto de ingresos que permitió las jornadas masivas, hace unas semanas, pero en junio bajó la cantidad.
“Es un tema que nos preocupa mucho porque esta fluctuación incrementa la inseguridad. Se deben explorar posibilidades también para la participación del mercado privado en este proceso”, dijo Aguiluz.
Según el sacerdote, la mesa bipartita trabaja en un plan conjunto con tres componentes básicos:
El primero, aumentar la cantidad de dosis que recibe el país en el corto plazo.
El segundo componente es incrementar la capacidad instalada mediante la utilización de los recursos que organizaciones, tanto públicas como privadas, ponen a disposición del Estado.
Sobre esto, dijo Aguiluz, se está en proceso de hacer un gran inventario de recursos, a los cuales se recurrirá cuando sea necesario.
El tercer componente de ese plan, tiene que ver con facilitar el acceso a información científica y objetiva que permita derribar mitos sobre la vacunación.
“Hemos estado trabajando en esto en un marco de buen entendimiento y cooperación”, aseguró el sacerdote.
