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La Sala Constitucional reiteró este viernes la posibilidad de los funcionarios del Ministerio de Salud de dar declaraciones a la prensa sin tener que solicitar la autorización de la jerarca de esa institución, Joselyn Chacón Madrigal. Así lo declararon al resolver un recurso de amparo de tres periodistas contra una orden emitida en julio por la funcionaria.
El lunes pasado, los magistrados constitucionales ya habían declarado con lugar un reclamo planteado por el diario digital CRHoy.
En este nuevo caso, los recurrentes son los periodistas Alejandro Fernández Sanabria, Luis Manuel Madrigal Mena y Vivian Andrea Mora Zamora; estos dos últimos del diario digital Delfino.cr quienes del mismo modo objetaron el oficio emitido por Chacón Madrigal.
“Se anula parcialmente el oficio N°MS-DM-6218-2022 del 22 de julio de 2022, en cuanto a la prohibición en brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva de los jerarcas del Ministerio de Salud”, señala la sentencia 2022023695 de este viernes 7 de octubre.
La directriz dejada sin efecto imponía a los directores del nivel central, regional, de las áreas rectoras, así como a las jefaturas y coordinaciones de todas las unidades y áreas de trabajo del Ministerio de Salud la obligación de pedir permiso a la ministra para atender a los medios de comunicación.
Las dos sentencias emitidas sobre el caso sí dejan incólume la parte del oficio, según la cual, la gestión de consultas debe realizarse mediante un correo institucional del Ministerio.
Con satisfacción
“Esperamos el fallo integral de la Sala, pero recibimos con beneplácito el por tanto que confirma que el oficio de la ministra contenía órdenes ilegítimas a sus subalternos. No esperábamos un resultado diferente a la luz de la gran cantidad de jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre este tipo de gestiones, en las cuales jerarcas intentan limitar las fuentes de los medios de comunicación”, declaró Madrigal Mena al ser consultado.
Su colega Mora Zamora agregó que la sentencia confirma la solidez de la institucionalidad costarricense “frente a intentos claros para limitar la libertad de prensa y el acceso a información que es pública, lo que evidentemente es un irrespeto a la ciudadanía y a la democracia”.
La ministra de Salud, Joselyn Chacón, declaró el lunes anterior, tras conocer el fallo del primer amparo, que su orden tenía como objetivo que todos pudieran hablar “y no solo las personas con nombres y apellidos dentro del Ministerio”.
“Lo que hay es un voto, la sentencia no está redactada. Está en trámite. Hay un oficio del gobierno anterior que decía quiénes eran las personas, con nombres y apellidos, que podían hablar. Yo no concuerdo con esa directriz porque en las áreas regionales hay personas que pueden hablar de diferentes temas”, manifestó entonces.
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Y agregó: “Entonces, yo anulo esa directriz y digo que, eso sí, pidan el permiso porque muchas veces tienen que desplazarse hasta canales a dar entrevistas. Si al funcionario le pasa algo en el camino o deja su puesto por varias horas y no avisa, es importante que tengamos un permiso de respaldo”, anotó Chacón en un audio difundido por su oficina de prensa.
Fernández Sanabria, otro de los recurrentes, expresó este viernes que hay suficientes antecedentes legales para que los ciudadanos puedan defenderse de estas arbitrariedades.
“Muchas personas trabajaron desde el aparato institucional para que, en coyunturas como las actuales, los ciudadanos nos pudiéramos defender. Ojalá más personas activen garantías como estas para frenar los excesos gubernamentales”, manifestó.
