El camino está claro, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) requiere agilizar procesos, optimizar el uso de recursos y eliminar duplicidades para asegurar su futuro y el de los servicios de salud en el país.
La urgencia fue señalada desde 2011 por una comisión de notables, pero diez años después la transformación sigue atorada entre millonarias consultorías, análisis de equipos intergerenciales de “alto nivel”, decenas de acuerdos de Junta Directiva y la resistencia de un grupo de funcionarios.
Hasta ahora, el proceso le ha costado a los costarricenses ¢860 millones en dos consultorías y cientos de millones en salarios pagados a los funcionarios de la CCSS a cargo del proyecto.
La primera asesoría se acordó en 2016 con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) por ¢283 millones para el diseño de una nueva estructura administrativa de la institución. La segunda, de 2018, estuvo a cargo de la empresa Ernst & Young que cobró ¢577 millones por señalar la ruta para migrar hacia el nuevo modelo.
De acuerdo con el Cicap, las seis gerencias actuales (Médica, Financiera, Administrativa, de Pensiones, Infraestructura y Logística) se reducirían a cuatro específicas: Gerencia de Salud, Gerencia de Pensiones, Gerencia de Operaciones y se crearía una Gerencia General.
No obstante, nada de eso ocurrió, el único resultado visible es la creación de la Gerencia General, en 2019.
La Auditoría Interna de la CCSS reprochó, en agosto del año anterior, que la inversión en consultorías no se ha traducido en “cambios de impacto” para la entidad. En el informe ASF-071-2020, los auditores señalaron que los rezagos en el proceso de reestructuración tienen un impacto negativo en los servicios de salud y pensiones.
Otras deficiencias señaladas fueron la incapacidad de las autoridades para definir prioridades y la falta de personal con conocimientos sobre estructuras organizacionales, Ingeniería Industrial o médicos expertos en salud pública.
Un ingrediente adicional es la oposición de algunos mandos medios al cambio. Por ejemplo, el 24 de julio de 2017, seis directores de departamentos de la Gerencia Médica expresaron su malestar con la propuesta del Cicap.
Los seis funcionarios pidieron por escrito a la Junta Directiva, no aprobar el modelo sugerido por el Centro de Investigación y discutir las modificaciones con las jefaturas de los departamentos de todas las gerencias.
“La reestructuración se requiere porque la institución, cada vez, tiene que atender más con proporcionalmente menos.
“El envejecimiento de la población en el país es tal que no tiene que crecer el número de habitantes para que se dispare la demanda de servicios de salud, solo tienen que envejecerse (...) Eso nos obliga a ser más eficientes y ser más relevantes para los usuarios, que la gente sienta que la institución le resuelve sus necesidades, creo que eso hoy se siente, pero la barra cada vez va a estar más alta”, reconoció Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.
Para el jerarca, el proyecto avanza pese a la resistencia interna.
“A nadie se le va a degradar sus condiciones (laborales), lo que hemos encontrado es que el proyecto avanza, no digo que no hay ninguna resistencia, pero sí avanza”, añadió.
Pregunta clave
La CCSS tenía un total de 63.723 empleados, según datos a agosto pasado, aproximadamente el 10% de la planilla pertenece a oficinas centrales.
Frente a ese dato y a la reforma del sistema central surge una pregunta inevitable: ¿Habrá despidos o traslados de personal administrativo hacia sedes, clínicas y hospitales regionales?
“Yo esperaría que se hagan movilizaciones, pero de una manera totalmente apegada a la normativa, de una manera totalmente apegada a la directrices de Recursos Humanos y a los dictámenes legales, porque hay que ver la cuestión jurídica, pero movilizaciones dentro de la institución sí las esperaría.
“Ya sobre los despidos, yo no me metería en eso. Pienso que la institución tiene una cartera de construcciones en las que va a crear muchas plazas, entonces es muy probable que, si tuviéramos que movilizar personal, sería a establecimientos nuevos, hablemos de Cartago, Puntarenas o Turrialba”, consideró Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS.
¿Cuántas personas deberían movilizarse? ¿Cuándo se tendrían que hacer las movilizaciones? ¿Requerirían readecuaciones de plazas? Esas preguntas no tienen respuesta aún.
“No podemos decir: ‘son tantos los que hay que movilizar’, porque esto es dinámico, esto está en proceso, por algo no se ha concretado todo, pero ya para el año entrante esperamos tener claridad”, afirmó Macaya.
Julio de 2022 es la fecha señalada por las autoridades para concretar esos aspectos y ejecutar las modificaciones necesarias.
Otro asunto en el que no hay una respuesta contundente es la reducción de gerencias planteada por el Cicap.
“De momento está detenido”, declaró Cervantes.
La reducción del número de gerencias dependerá, según el funcionario, de la evolución del proyecto y de las decisiones que tome la Junta Directiva.
En los últimos seis años, la reforma del nivel central de la CCSS ha tenido tres directores, la última en asumir el cargo es Ileana Balmaceda, quien fue presidenta ejecutiva en el periodo 2010-2014.
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Cuestionamientos
Pablo Sauma, catedrático de la Universidad de Costa Rica y uno de los integrantes de la comisión de notables que advirtió de la urgencia de la transformación, criticó el desinterés de la Caja por reducir su tamaño y racionalizar los costos.
“Aquí hay que hablar de la estructura administrativa, que es enorme, es gigante, con muchas duplicidades, hay dos departamentos de planificación, dos de estadística y ninguno de los dos realmente tienen claras sus funciones.
“Hay toda una estructura que está sobrando que se puede simplificar, pero no hay interés, es muy difícil hacer cambios. Mientras sea contratar gente, sobra la iniciativa”, criticó Sauma.
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El economista e investigador reclamó la pasividad de la Junta Directiva con respecto a este tema.
“La Caja necesita mejorar la eficiencia, la eficacia y la razonabilidad de los costos, porque no se vale que trabajen a cualquier costo”, concluyó Sauma.