Incumplimientos de proveedores, contratistas morosos con el Estado, restricciones legales y concursos declarados desiertos tienen a la CCSS a punto de quedarse sin guantes de nitrilo, un “insumo fundamental” para los servicios de salud, sobre todo, en medio de la pandemia.

Desde abril de 2020, la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició cuatro procesos de contratación directa para conseguir ese producto, pero ninguno se completó con éxito.

Según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la bodega central de la Caja tenía, al 26 de marzo, 172.000 unidades talla grande y 76.000 de los medianos. Esas cantidades cubren el consumo institucional de menos de una semana.

En un intento por remediar el asunto, la institución solicitó permiso a la Contraloría General de la República (CGR) para comprar 15 millones de guantes grandes y 15 millones medianos por más de ¢5.800 millones por medio de una contratación directa con oferente idóneo.

Eso quiere decir que la entidad evaluó y preseleccionó las ofertas de dos contratistas: Librería Lehman y la división médica de Grupo Capris.

La adquisición de los 30 millones de guantes fue publicada en SICOP el viernes 26 de marzo a las 7:50 p. m.. La recepción de ofertas empezó a las 8:31 p. m. y cerró a las 8:59 p. m..

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Esteban Vega, gerente de Logística interino de la CCSS, explicó que solo dieron media hora para ingresar cotizaciones porque ya se habían revisado las opciones disponibles y esas compañías eran las que cumplían con lo requerido.

“Me preocupa que quede esa sensación de que estamos trayendo esos fantasmas, que ninguno quiere que vuelva a pasar en la vida, de que ya estaba, digamos, compadre hablado; para nada es así.

“Cuando fuimos a pedir permiso a la Contraloría es porque ya teníamos identificados oferentes idóneos, en etapas previas ya se habían identificado esos oferentes”, declaró Vega.

Según documentos de la Caja disponibles en SICOP, las funcionarias encargadas de avalar las ofertas de Librería Lehman y Capris fueron Magda Canto Oreamuno, Gloriana Gutiérrez Galagarza y Shirley Ramírez Moya, integrantes de la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico.

En la etapa de revisión, la Comisión descartó una oferta de Inversiones y Desarrollos ARI-HE S. A. por no presentar muestras.

El año pasado, varios miembros de esa Comisión estuvieron involucrados en cuestionamientos por presuntas irregularidades en la compra y recepción de mascarillas.

Incluso, Canto Oreamuno enfrenta una investigación por el ingreso de 700.000 mascarillas de uso no médico a los almacenes de la CCSS.

Semanas atrás, La Nación publicó que esa Comisión recibió, en un proceso de compra de batas descartables, certificados de calidad falsos por parte de un oferente.

“Si fuera un proceso ordinario concursado con esos tiempos para la recepción de ofertas (30 minutos) yo mismo hubiese sido el que detiene el proceso, pero esto es porque estamos amparados en un permiso de Contraloría, en el que hubo una fase previa de selección de los oferentes”, agregó el gerente de Logística de la CCSS.

El plan de la Caja es finiquitar los detalles administrativos de la contratación y presentarla a la Junta Directiva la próxima semana, pues todas las compras superiores a $1 millón deben tener luz verde por parte ese órgano.

Los problemas

¿Cómo llegó la Caja Costarricense de Seguro Social a tener un inventario de guantes de nitrilo que no alcanza para cubrir ni una semana de consumo?

Desde abril del año pasado, KPO Alpha Inc y Panamedical, empresas contratadas entre 2016 y 2018 para suplir ese insumo según la demanda de clínicas y hospitales incumplieron entregas de millones de unidades producto de la pandemia, declaró el gerente de Logística.

El 13 de abril de 2020, KPO Alpha Inc debía entregar 5,4 millones de ese tipo de guantes, pero solo envió 3,7 millones. Luego, el 30 de junio, ese mismo contratista tenía que despachar 5,7 millones, pero no proporcionó ni uno.

El 3 de noviembre anterior, Panamedical también infringió compromisos con la CCSS: debía suministrar 9,6 millones, pero solo depositó 4 millones y el 17 de noviembre no logró un envío por 4,6 millones.

Además, la Dirección de Aprovisionamientos y Servicios echó a andar cuatro compras de emergencia que terminaron en manos de proveedores que no lograron entregar o no se concluyeron por razones administrativas.

Para paliar la escasez de guantes, la Caja autorizó a los hospitales a comprar guantes de forma directa en pequeñas cantidades.

“A aquellos hospitales que no han podido concretar procesos procesos de compra les vamos reabasteciendo (...) Los guantes de nitrilo son un insumo fundamental en la atención de salud, los utiliza el personal en atención hospitalaria y el covid-19 aumentó su demanda exponencialmente y revisten mayor relevancia.

“Se han empezado a tomar medidas sobre el uso racional de los guantes, se hace un control estricto de las existencias y redistribuir guantes de un centro de salud a otro porque quizá uno ya logró comprar y otro aún no”, concluyó Vega.

Investigación en proceso

Al pedir autorización de la Contraloría, la Gerencia de Logística de la CCSS manifestó que abrió investigaciones preliminares para determinar si hay funcionarios que llevaron a la entidad a la escazes de guantes.

“No se omite señalar que, esta Administración analizará las circunstancias acaecidas a lo interno mediante investigaciones preliminares que permitan determinar si existen funcionarios responsables ante los escenarios que colocaron a la institución en la situación que hoy nos encontramos”, expresó Randall Herrera, director interino de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.

También hay procedimientos abiertos para determinar si corresponden sanciones sobre los proveedores que incumplieron entregas o finiquitar los contratos con ellos.

Vega y Herrera sustituyen, respectivamente, a Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística y Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, separados de sus cargos por investigaciones disciplinarias relacionadas con aparentes irregularidades en millonarias compras de mascarillas.

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