“Le confirmo que este informe de resultados es falso”.

Con esa frase, la multinacional suiza SGS, que se declara líder mundial en verificación y certificaciones de calidad, desmintió que haya emitido un certificado de calidad de 440.000 batas quirúrgicas descartables que una sociedad anónima costarricense pretendía vender a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El documento cuestionado lo aportó Adrián Herrera Ramos, en representación de Cuatrinove Arbora S. A. al ofertar las batas de talla mediana por ¢607 millones. Se trata de una compra de urgencia de esos insumos para proteger a funcionarios de clínicas y hospitales del contagio de la covid-19.

Herrera Ramos es la persona que también representó a la empresa de jardinería que entregó 700.000 mascarillas no médicas a la Caja el año anterior; hecho que comprometió el abastecimiento de ese producto en centros médicos.

¿Qué ocurrió ahora? El 21 de enero, en el concurso por la millonaria compra que haría la CCSS, Herrera entregó, bajo declaración jurada, supuestas pruebas de laboratorio emitidas por SGS, multinacional con 97.000 empleados en varios países dedicada a la inspección, verificación y elaboración de certificados de múltiples productos y servicios.

Los certificados aportados por Herrera, disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) bajo el número de procedimiento 2021CD-000002-00011011, están firmados en México e indican que sus batas cumplen con estándares de fabricación internacionales, pruebas de resistencia y calidad de los materiales, entre otros.

La Nación consultó a la oficina de Société Générale de Surveillance (SGS) en México sobre la autenticidad de los informes. Luego de varias consultas, indicaron que la respuesta la daría Guadalupe González, ejecutiva de ventas de SGS en ese país.

El miércoles 10 de febrero, ella comunicó que el documento “es falso”.

González confirmó que el número de informe entregado por Herrera a la CCSS corresponde a un fabricante diferente.

El jueves 11 de febrero, a través de otro correo electrónico, el Equipo de Seguridad Corporativa de SGS, declaró que el certificado no es auténtico, que “no tiene ningún valor y le recomendamos que no confíe en él para ningún propósito”. La empresa solicitó a La Nación llenar un formulario para abrir una investigación formal.

Herrera ofreció a la CCSS batas de un fabricante llamado Shaodong Tengchuang Medical Equipment y de la marca Tengchuang.

El martes 9 de febrero, al ser consultado por este medio de comunicación, admitió que los certificados dados a la CCSS parecen manipulados y se comprometió a revisarlos.

“Yo esto no lo conocía. De ser así lógicamente ni siquiera se hubiera presentado”, expresó.

El miércoles 10 de febrero, el contratista comunicó a La Nación que retiró la oferta. Sin embargo, lo que consta en Sicop es que pidió a la Caja autorización para ofrecer batas de otra marca debido a “diferencias con el proveedor”.

Herrera no le detalló a la CCSS a qué se refería con la frase “diferencias con el proveedor”.

El jueves 11 de febrero, el representante declaró que no retiró del todo su propuesta porque a él no le consta que los certificados de calidad sean falsos.

“En ningún momento yo he aceptado que eso es falso. Creo en su palabra y creo en su investigación, pero en ningún momento lo he aceptado y no puedo comprarme un problema de tipo legal diciendo que eso es falso. El proveedor mío tiene que certificarme eso, si es falso o no, pero ante la duda y por su trabajo he procedido de esta manera”, expresó.

¿Mecanismos de control?

La Nación solicitó, el 9 de febrero, conversar con Esteban Vega de la O, gerente de Logística interino de la CCSS para consultarle sobre los mecanismos de control que ejerce la entidad para detectar eventuales irregularidades, pero la oficina de prensa contestó que por ser una contratación en curso no se podían referir.

En la actualidad, el concurso por las 440.000 batas está en evaluación técnica y aún no ha sido adjudicado.

De acuerdo con Sicop, de entre 13 ofertas recibidas por la CCSS, la propuesta de Herrera obtuvo la segunda mejor calificación en la evaluación administrativa, con 91,1, solo detrás de la planteada por Yire Médica HP. En esa fase, se valora si el interesado está al día con sus obligaciones con el Estado y si está inscrito como proveedor ante la Caja, entre otros aspectos.

Entretanto, los resultados de la evaluación técnica aún está en proceso. Sin embargo, en los registros de la CCSS puede verificarse que Cuatrinove Arbora S. A. no dio muestras de las batas que deseaba vender.

Herrera afirmó que él recibió los certificados de Dennis Zúñiga, un hondureño radicado en el país.

Al preguntarle a Zúñiga sobre el origen de los certificados, declaró que los recibió de otra persona que, a su vez, los obtuvo de personas que los enviaron desde Panamá.

“Esas batas, que son el caso específico del problema, a nosotros nos las cotizaron unos representantes de una compañía panameña que están en Costa Rica (...) Ya hablamos con ellos, ya iniciamos una investigación, porque a ellos los documentos se los enviaron desde Panamá y ni ellos, ni yo, ni don Adrián, nunca nos imaginamos que esos certificados eran falsos, es la primera vez que estamos en una situación de esta naturaleza”, aseveró Zúñiga.

Zúñiga expresó que no revisó la autenticidad de los certificados por “exceso de confianza” o “falta de malicia”.

Semanas atrás, Herrera tuvo que comparecer ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por presuntas irregularidades en un contrato de mascarillas, el cual consiguió a nombre de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT.

Él afirmo ser un “experto en contratación” que gestiona compras públicas para empresas que lo buscan y que por su trabajo recibe una comisión en caso de resultar ganadores. Dijo haber desempeñado la actividad en Centroamérica y el Caribe.

Las mismas funcionarias

La comisión técnica que elaboró los requisitos para la compra de las 440.000 batas quirúrgicas descartables de talla mediana es la misma que, en junio del año anterior, recibió las 700.000 mascarillas de uso no médico entregadas por Herrera a nombre de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT.

Esa es la empresa de jardinería que ganó el año pasado un contrato por $1,1 millones para la entrega de 2,9 millones de mascarillas.

Los 700.000 tapabocas defectuosos fueron distribuidos en los centros de salud. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron su eficacia y fueron retirados.

Las funcionarias investigadas por la Caja por haber recibido esos equipos son las profesionales en enfermería Shirley Ramírez Moya, Magda Canto Oreamuno y Grace Corrales Saborío, quienes enfrentan una investigación administrativa para determinar si incurrieron en faltas al momento de aceptarle a Herrera las mascarillas que no eran para uso de personal de salud.

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No obstante, las tres han continuado al frente de la verificación técnica de las compras de equipo de protección médico como mascarillas, gorros, batas, guantes y otros.

¿Por qué la CCSS no suspendió o trasladó de puestos a esas funcionarias?

Según Roberto Cervantes, gerente general de la Caja, no se consideró en este caso la necesidad de medidas cautelares como sería separarlas del cargo que ocupaban porque los hechos que se investigan están resguardados.

“Las medidas cautelares se establecen dentro de un procedimiento administrativo con un carácter precautorio, con el fin de asegurar y conservar los hechos sobre los cuales se deberá establecer la verdad real. En el tanto esos hechos se encuentren resguardados, no es necesaria la imposición de una medida cautelar”, manifestó.

Argumentó, además, que la Administración Pública se rige por principios de rango constitucional y legal como el debido proceso, principio de defensa y presunción de inocencia.

Actualmente, en la CCSS hay por lo menos tres funcionarios suspendidos con goce de salario y dos más separados de sus cargos al estar bajo investigación por eventuales anomalías en otros procesos de compras urgentes en pandemia. En todos los casos, también se aplican los principios que rigen en la Administración Pública.

Cuatrinove Arbora S. A.

¿Qué personas están detrás de Cuatrinove Arbora S. A.? La presidenta de la Junta Directiva es María Charpentier Artavia, una exfuncionaria de Aduanas.

Ella dijo desconocer los detalles de la oferta presentada a la CCSS.

“Mire, yo en eso no sabría decir nada exactamente, yo soy de la sociedad, pero le voy a dar el teléfono de mi esposo para que él le informe (...) Yo no sé, es algo que van a traerle a la Caja, pero todavía no se lo han traído”, señaló.

El abogado Gustavo Jiménez Ocampo, esposo de Charpentier y quien representa legalmente a Cuatrinove Arbora, enfatizó que su cónyuge no tiene nada que ver con la oferta a la CCSS.

Según él, ellos vendieron, meses atrás, las acciones de la sociedad anónima a Juan He, una ciudadana china, pero no han hecho las modificaciones en el Registro Nacional debido a la pandemia.

El abogado aportó documentos que respaldan esa transacción.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Hacienda, Cuatrinove Arbora S. A. se dedica, desde agosto de 2019, a la fabricación, ensamble y venta de sistemas para el aprovechamiento de energías renovables y, en agosto de 2020, se inscribió como distribuidora de equipo médico y medicamentos.

El portal de la Contraloría General de la República registra adjudicaciones a favor de esa sociedad en 2020 por ¢44 millones. Le vendió al Instituto Costarricense de Electricidad cuerdas de polidacron de diferente grueso por ¢43,7 millones. El resto lo distribuyó en contratos pequeños con el Instituto Costarricense sobre Drogas y con la Municipalidad de Alvarado.

En 2019 le vendió al Sistema Nacional Nacional de Educación Musical instrumentos por ¢3,7 millones.