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En tan solo tres meses, una empresa de asuntos periodísticos y políticos, inexperta en suministro de materiales hospitalarios, logró que la CCSS le asignara tres contratos por un total de $3,5 millones (poco más de ¢2.000 millones).
La sociedad MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martínez Ruiz, obtuvo el primer contrato con la CCSS el 2 de abril; otro el 27 de mayo y el último, el 11 de junio para el suministro de mascarillas, gorros quirúrgicos y otros dispositivos para proteger al personal de hospitales y clínicas contra el contagio de la covid-19.
¿Cómo logró esos contratos millonarios pese a que compitió con otras empresas que sí tienen experiencia como proveedores de materiales médicos? Martínez Ruiz dice que ella se enteró, en una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que había necesidad de esos dispositivos, ofertó a la CCSS y lo logró.
No está claro si concretó la entrega de todos los materiales porque ni ella ni la CCSS aportaron documentos.
Lo que sí está confirmado es que el cargamento de 5 millones de mascarillas, que le contrataron el 27 de mayo, debía estar en siete días en Costa Rica, pero no llegó al país. MR Comunicaciones Políticas ofreció traerlas de Vietnam, pero alegó que tuvo problemas logísticos.
Ese mismo 27 de mayo, los funcionarios de la CCSS asignaron un contrato de $2,1 millones a David Landergren Castro, un contador público costarricense de 32 años. Era la compra de 7 millones de mascarillas, de las cuales solo ha entregado el 17,5%. En suma, las dos compras adjudicadas ese día eran $4 millones.
Por la emergencia sanitaria en que está el país, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está autorizada a hacer estas compras directas, pues la intención es lograr celeridad en la entrega.
Varios diputados anunciaron que, ante la investigación publicada por La Nación este martes, donde informó que el contador público y la empresa de la periodista ganaron contratos millonarios pese a que había más oferentes con experiencia, propondrán una investigación legislativa.
Aunque la CCSS no desembolsó ni un centavo a MR Comunicaciones Políticas, perdió más de dos meses en su objetivo de conseguir las mascarillas. Este hecho ocurre en momentos en que varios sindicatos denuncian escasez de esos productos en hospitales, clínicas y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), al punto de que podrían llegar a utilizar mascarillas de tela, lavables.
El incumplimiento del contrato también puso a la Caja a correr ante la Contraloría General de la República (CGR) para que le autorizara un nuevo concurso para conseguir los 5 millones de mascarillas que no entregó la empresa de la periodista, más otros 5 millones que le permitan ampliar el inventario y así disminuir el riesgo de desabastecimiento.
“Nos inscribimos como proveedores cuando comenzó la pandemia”
MR Comunicaciones Políticas, según su sitio web, ofrece servicios de relaciones públicas, estrategia digital, mercadeo y gestión de prensa, entre otros.
Con ese perfil, ¿cómo gana frente a empresas con más trayectoria y reconocimiento en el área médica?
Martínez narró que ella asesora a una firma tecnológica –cuyo nombre no quiso revelar– que dispone de equipos capaces de “analizar pruebas de covid-19 por medio de inteligencia artificial”.
Como su cliente quería hacer negocios en el país, ella gestionó una cita en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en esa reunión se enteró de la necesidad de equipo de protección personal en el país.
“Entonces ahí, nosotros averiguamos con la Caja, vemos que hay licitaciones y nos inscribimos como proveedores cuando comenzó la pandemia”, detalló la comunicadora.
Al preguntarle quién participó en esa reunión, cuándo fue y por qué le hablaron en la Cancillería de la necesidad de esos materiales, declinó responder.
La Nación envió a la Cancillería consultas para corroborar esa historia, pero aún no han respondido.
El primer contrato de MR Comunicaciones llegó el 2 de abril. Ese día recibieron la orden de compra de 570.000 respiradores tipo KN95 por $1,3 millones.
Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS, aseguró que esa mercadería sí ingresó al almacén de la entidad, pero no indicó si fue remitida a tiempo.
La Nación le solicitó a la Caja, desde el 27 de julio, copia del expediente de ejecución de esa compra para revisar si MR Comunicaciones Políticas suministró a tiempo lo requerido, pero a la fecha no lo ha enviado.
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El segundo contrato se dio el 27 de mayo. Ese día, la CCSS le encargó 5 millones de mascarillas por $1,9 millones, pero esa entrega aún no se ha concretado.
Pocos días antes, el 13 de mayo, la Comisión Técnica de la CCSS declaró que no era viable adjudicar los contratos a la consultora política y al contador público porque “no cumplen técnicamente” los requisitos.
El 18 de mayo, Hans Vindas Céspedes, asesor legal de la Gerencia Logística, envió un correo en el cual solicitó a la Comisión Técnica estudiar nuevas propuestas de Landergren y MR Comunicaciones Políticas. Ese mismo día hubo respuesta de los tres técnicos: “Sí se recomienda”.
Pero vino otro tropiezo. El 25 de mayo, dos días antes de adjudicarle el millonario contrato, la CCSS le comunicó a MR Comunicaciones Políticas la existencia de una deuda patronal por ¢38.038 y le pidió pagarla para poder continuar con el proceso.
“A mí, cuando me van a adjudicar, me dicen que tengo una cuota pendiente. Entonces, me dicen que no me pueden adjudicar porque estaba morosa y fui y pagué la cuota, como puede ver es solo una única cuota”, reconoció la periodista.
Luego, el 11 de junio la CCSS le asignó otro contrato; esta vez fue para 570.000 gorros descartables por un monto de $250.000.
Martínez declaró que esa mercadería ya entró al país, hecho que no ha sido confirmado por la CCSS.
Antes de la pandemia, MR Comunicaciones Políticas no había participado en concursos de contratación con la CCSS.
“Yo soy española, en España la crisis comenzó mucho antes. Entonces, todo este tema de la venta de mascarillas y todo eso se puso en auge muchísimo antes. Entonces yo empecé a tener contactos con fábricas y empecé a generar alianzas”, alegó la periodista.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, expresó que la Auditoría Interna de la CCSS realizará una investigación de esta y otras contrataciones directas.
“Para eso ya hay una auditoría interna ya en proceso, hay que esperar a ver qué surge, si hay hallazgos o no hay hallazgos, y nosotros actuaremos como a derecho corresponda”, señaló.
Diputados entrarían a investigar
A raíz del reportaje de La Nación, los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público conocerán este jueves una moción para investigar la contratación de 12 millones de mascarillas a dos oferentes inexpertos.
Este martes fueron presentadas dos mociones en esa línea. Una de ellas la lidera Carlos Ricardo Benavides, legislador del Partido Liberación Nacional, y la otra un grupo de más de 20 diputados de diferentes agrupaciones políticas.
Los congresistas convocarían a los adjudicatarios de los contratos: David Landergren Castro y Miren Martínez Ruiz.
Además, incluyeron en la lista a Roman Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS; Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, y Hans Vindas Céspedes, asesor legal de esa gerencia.
También convocarán a los miembros de la comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
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Se trata de Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, quienes en un primer informe rechazaron la oferta de mascarillas propuesta por el contador y la firma de la periodista y en un segundo informe los avalaron sin detallar por qué cambiaron de criterio.
Además, uno de los oferentes involucrados en ese procedimiento de compra presentó este martes una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue todo el proceso que siguió la CCSS para otorgar contratos de material hospitalario a un contador público y una empresa de una periodista.
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