EscucharCansado de esperar tres días sentado sobre los tubos de una silla de ruedas sin asiento, un hombre que requería con urgencia una cirugía de vesícula biliar terminó fugándose del servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia, en abril anterior.
Este paciente interpuso un recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que la Sala IV acogió parcialmente. En él relata la travesía que padeció desde que le empezaron fuertes dolores abdominales acompañados de vómito, diarrea y fiebre, el 14 de abril.
Ese día era domingo. El señor, cuya identidad no trascendió, acudió a Emergencias de la Clínica de Coronado donde lo dieron de alta con un diagnóstico de disrepsia funcional, o malestar estomacal sin una causa obvia.
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Tres días después, volvió a acudir a emergencias con los mismos síntomas. En el Ebáis de Vista del Mar le informaron que parecía tener la vesícula inflamada y que necesitaría cirugía. Para confirmar el diagnóstico, le programaron un ultrasonido para el 18 de febrero de 2025 y lo mandaron para la casa.
Sin embargo, los síntomas persistieron y se agudizaron. El viernes 19 de abril, casi una semana después de su primera consulta en emergencias, regresó a la Clínica de Coronado. Ahí le hicieron exámenes de sangre, heces y orina con resultados normales, y le insistieron en esperar la fecha del ultrasonido.
Según relata el expediente del recurso de amparo, la madrugada del 20 de abril el hombre regresó a Emergencias de la Clínica de Coronado con un dolor insoportable. De ahí fue referido al Hospital Calderón Guardia, pero también lo enviaron para la casa con un diagnóstico de gastritis y una inyección.
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No habían pasado 24 horas cuando el señor regresó al Calderón. El médico que lo atendió le envió dos ultrasonidos que confirmaron que tenía la vesícula inflamada y en riesgo de reventar. Este diagnóstico hizo que lo internaran en Emergencias en espera de un espacio para quirófano.
Tres días en silla de ruedas sin asiento
La principal denuncia que hace este paciente de la CCSS se basa en la experiencia que vivió a partir del momento en que lo pusieron a esperar la cirugía de vesícula. Es también la razón por la que los magistrados declararon parcialmente con lugar su queja.
Según el señor, permaneció tres días en una silla de ruedas sin asiento, prácticamente sentado sobre tubos y sin poder tomar o comer algo porque debía estar preparado y en ayunas para la cirugía.
Cuando él pidió un cambio de silla de ruedas en el hospital le dijeron que esa era la única disponible y que su caso debía ser valorado para ver si se la podían cambiar. Con un poco de suerte −que al final no tuvo− le conseguirían una camilla o una cama.
En esos tres días de espera la operación nunca llegó. Según explicaron a los magistrados Tania Jiménez Umaña, directora general interina del Calderón Guardia, y Laura Vásquez Sancho, jefa interina de Emergencias de ese hospital, la plétora del servicio de recuperación, la poca disponibilidad de salas de operaciones y la atención de múltiples emergencias pospusieron la operación que el señor esperaba.
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Cansado de soportar esas condiciones, el paciente se fue del hospital por sus propios medios. Jiménez y Vásquez confirmaron que, al llamarlo varias veces, no respondió. Cuando se le llamó por teléfono, el señor informó de que estaba en su casa. Lo clasificaron como “paciente fugado del servicio”.
Al declarar el recurso de amparo parcialmente con lugar, los magistrados ordenaron a la dirección del Calderón Guardia para que, en un plazo de seis meses improrrogables, doten al hospital de sillas de ruedas y camillas en condiciones óptimas y en número adecuado para los pacientes de ese nosocomio.
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Los jueces justifican su resolución, contenida en el expediente 24-010797-0007-CO, del 10 de mayo, en que el recurrente decidió unilateralmente dejar el hospital en donde esperaba a que le hicieran un procedimiento quirúrgico por colecistitis aguda de emergencia.
“Por lo tanto, él es el responsable de que no se le pudiera practicar la cirugía que requiere y no la administración”, sostienen los magistrados, quienes citan un antecedente sucedido en febrero del 2020, en el Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón.
En este hospital, un paciente de Ortopedia solicitó su egreso para buscar una cirugía más expedita. En su análisis de este caso, la Sala descartó la infracción de los derechos fundamentales, pues fue por su decisión que no fue operado.
