Cinco años después de que la obligaron a dejar su cargo como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz ganó en estrados judiciales el reconocimiento de derechos laborales.
El caso llegó hasta la Sala Segunda, última instancia en materia de trabajo, cuyos magistrados le dieron la razón y ordenaron a la Caja pagar el reclamo económico a la exjerarca. La resolución fue dada a conocer por Ameliarueda.com este jueves.
Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron en junio de 2017, cuando Sáez votó a favor de una reforma al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Por ese voto que dio como miembro de la Junta Directiva de la entidad, el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la invitó a renunciar al cargo.
Al dejar el puesto, Sáenz reclamó el pago de cesantía y preaviso porque consideró que su salida no fue una renuncia voluntaria, sino que fue obligada a dar un paso al costado. Sin embargo, no consiguió el reconocimiento de esos derechos.
En una entrevista con La Nación, la también exministra de Salud aseguró que no dio la lucha por dinero, sino para hacer respetar la autonomía de su cargo y la toma de decisiones de manera colegiada, como ocurre en la Junta Directiva de la CCSS.
- ¿Cómo se dio su salida de la CCSS?
- Básicamente se me pide la destitución porque en la Junta Directiva se había tomado la decisión de aumentar en un 1%, de forma gradual, el aporte de los trabajadores para el régimen de pensiones, lo cual estaba basado en el estudio actuarial que se había hecho y que había sido aceptado por todas partes. Entonces, en ese sentido, me piden la renuncia porque no voté en contra de esa decisión.
“Esa reforma era un tema que estaba bien documentado, era necesario aumentar el porcentaje de los aportes, si no, ya se hubiera empezado, este año , a tocar el fondo de pensiones. Además, le voy a decir otro aspecto muy importante: el Poder Ejecutivo estaba enterado de ese estudio y de que íbamos a ver ese asunto en Junta Directiva y, en ningún momento, se me dijo que eso no debía aprobarse”.
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- Usted como presidenta ejecutiva de la CCSS es representante del Gobierno en la Junta Directiva. ¿Los otros dos representantes también votaron a favor, pero solo a usted se le pidió la renuncia?
- Es correcto.
- ¿Cuántos días transcurrieron entre la decisión tomada en la Junta y la solicitud del presidente Luis Guillermo Solís de que renunciara?
- Casi que fue inmediato.
- ¿Cuál fue su reacción en ese momento?
- A mí me sorprendió, porque nosotros habíamos hecho una reunión en Casa Presidencial para presentar el informe actuarial, en la reunión participaron varios ministros, incluido el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Comunicación; se presentó el estudio actuarial para que se viera la magnitud del problema y no hubo ninguna manifestación en contra de la decisión.
“Yo recuerdo que les dije: ‘Es inminente esta decisión, porque los documentos y el informe son muy sólidos’. A mí no se me dijo que votara en contra y eso es importante decirlo.
- Luego de que usted se ve obligada a renunciar presenta un reclamo administrativo para que le cancelen la cesantía y el preaviso. ¿Correcto?
- Hice un reclamo administrativo y al final de ese proceso se dijo que, por la forma en que se dio la renuncia y por ser un puesto político, lo que correspondía era pagar las vacaciones, el proporcional del salario escolar y el aguinaldo.
- ¿Cuál fue la motivación para dar esa lucha?
- Yo tengo que decirle que, desde mi perspectiva, lo más importante es que se reconozca que yo era una trabajadora que fue despedida y que, por lo tanto, tengo derechos laborales. Para mí eso era lo más importante. Además, consideraba que el despido o la solicitud de renuncia había sido injusta, porque nunca me dijeron que esa decisión, que iba a tomar la Junta Directiva, tendría yo que cargar con toda la responsabilidad. Sin embargo, tengo que decir que no me arrepiento de la decisión. Realmente era una decisión que había que tomar y si la vida me ofreciera una oportunidad similar, lo volvería a hacer, sin duda.
- Es común que haya, en todos los gobiernos, diferencias entre el presidente de la República y jerarcas de entidades y eso provoque salidas del gabinete, el último caso fue el Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja destituido por apoyar un aumento salarial retroactivo. ¿Cree que su caso marca un precedente?
- Creo que sí, pero también va a sentar un precedente a nivel de la autonomía propia de la institución (la Caja), porque las decisiones en la Junta Directiva son colegiadas, ahí se votan las decisiones, yo estaba segura de que si yo hubiera votado en contra, igual se hubiera aprobado la reforma al sistema de pensiones.
“Usted vio lo que sucedió, lo mismo que con don Álvaro, no hay vuelta atrás una vez que está la decisión en firme. La enseñanza es que Costa Rica tiene un Estado de Derecho, que hay unas leyes que se respetan y que si las decisiones están basadas en estudios técnicos, con claridad, con orientación y que buscan el beneficio de la mayoría, porque aquí se buscaba el beneficio de sostener el fondo de pensiones.
“Entonces, me parece que ahí hay una protección muy grande a las decisiones institucionales y que los políticos tienen que entender que esas decisiones se respetan y que ese fue el pacto que hicimos los costarricenses”.
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- ¿Usted acudió a la vía judicial luego del rechazo en el proceso administrativo?
- Así es. Primero, un juzgado de trabajo no me dio la razón, pero luego la Sala Segunda sí me dio la razón. Un aspecto que yo analizaba, a la luz de esta situación, que es muy fuerte, porque uno siente que cometieron una injusticia y hay una soledad en esa violación de sus derechos, que fue terrible. Yo no tuve nadie que dijera ‘mirá, es una injusticia’ o ‘deberían pagarle’. Yo tuve que sufrirlo en el silencio familiar y personal.
“Quiero decirle que en todo el proceso, no hubo apoyo de mujeres políticas, no hubo partidos políticos, no hubo una sola compañera del gabinete que tomara el teléfono y dijera: ‘Mirá, Rocío ¿En qué te podemos ayudar?’”.
- ¿Considera que la resolución de su caso le dará más respaldo y autonomía a quien ocupe el puesto de presidente ejecutivo de la CCSS?
- Sin duda, por eso yo digo que en Costa Rica hay una institucionalidad y tiene que respetarse (...) Me parece que es un buen antecedente para que se respete esa autonomía, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de Derecho.