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Diez cantones en Costa Rica lideran el proceso de envejecimiento demográfico que vive el país, el cual implicará cambios en las necesidades de los habitantes en áreas como educación, salud e infraestructura, informó este miércoles el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
El listado viene de la última versión del Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) el cual mide y clasifica los cantones según cómo envejece su población. A partir de estimaciones demográficas, asigna a cada cantón un porcentaje de población adulta mayor hasta clasificar todos en “jóvenes”, “en proceso de envejecimiento” y “envejecidos”.
Los cantones a la cabeza en el proceso de envejecimiento son Montes de Oca, Tibás, Moravia y San José (en la provincia de San José), San Mateo y Atenas (Alajuela), Tilarán, Nandayure y Nicoya (Guanacaste) y Santo Domingo (Heredia).
Al otro extremo (cantones más jóvenes poblacionalmente) aparecen Siquirres, Guácimo, Matina y Talamanca (provincia de Limón), Garabito y Buenos Aires (Puntarenas), Los Chiles y San Carlos (Alajuela), Sarapiquí (Heredia) y La Cruz (Guanacaste).
Para 2020, solo 13,41% de cantones se encontraban en la categoría de “jóvenes” mientras 86,59 en “proceso de envejecimiento”. Sin embargo, Mideplán prevé 79,27% de todos en proceso de envejecimiento para el año 2025 y 13,41% ya envejecidos.
Por regiones, se tiene que en la Región Central sus 45 cantones se hallaban al 2020 en proceso de envejecimiento, pero para el 2025 se prevén siete en categoría de envejecidos.
En las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe, ocho de sus cantones conservan la clasificación joven y otros cuatro en proceso de envejecimiento. Para el 2025, cuatro estarán en proceso de envejecimiento, pero sin previsión de llegar a envejecidos.
¿Y cuál es la relevancia de esto? El IEC que elabora Mideplán en conjunto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) ofrece una respuesta:
“El cambio demográfico obliga a la sociedad a pensar en un desarrollo costarricense en función de las edades de la población, pues el envejecimiento biológico reviste consecuencias y consideraciones sociales, económicas, culturales muy diferentes, según el momento y el lugar”, advierte la última versión del documento, dada a conocer este 17 de noviembre.
El análisis recuerda que la población mayor de 65 años era 6% en el 2008 pero creció a 8,9% el año anterior, según proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La perspectiva para el 2030 es que llegará a 13% y luego por encima de 20% para 2050.
Al 2020, había 455.000 personas adultas mayores entre una población total proyectada de 5.111.000 habitantes, según el INEC.
Otros segmentos de población abarcaron ese año 71.500 menores de un año (1,4% de población total), también 889.000 niños de 1 a 12 años de edad (17,4%), y 378.000 adolescentes con edades entre 13 a 17 años (7,4% de habitantes).
Los segmentos mayores fueron los adultos jóvenes entre 18 y 35 años estimados en 1.558.000 (30,5% de población nacional) y personas entre 36 y 64 años quienes sumarían 1.758.000 (34,4% de quienes viven en el país).
“Esto significa que las políticas públicas a mediano y largo plazo deberán abocarse a revisar y actualizar el pacto generacional vigente, con el fin de establecer una adecuada prestación de servicios y prestar atención a temas como pensiones, salud pública y educación, entre otros”, señala el análisis.
Un aspecto destacado de las advertencias recae en las relaciones de dependencia de población por razones económicas, dada la condición de adultez mayor respecto a otra población considerada económicamente productiva debido a su menor edad.
Este fenómeno, indica el índice, casi no existe en los cantones de Siquirres y Guácimo, en Limón, y en San Carlos, en Alajuela. Sin embargo, los cantones que poseen mayor dependencia ahora son: San Mateo (Alajuela), Montes de Oca (San José) y Nicoya (Guanacaste).
Repercusiones
El documento profundiza en esa dependencia entre poblaciones a partir de análisis realizados por el demógrafo y salubrista Luis Rosero Bixby, contenidos en el texto.
Según Rosero, todos los costarricenses pagamos de alguna forma las transferencias económicas que realiza el Estado a partir de lo que se paga en consumo en general o se contribuye con impuestos. No obstante, añade, el Estado tiene un déficit el cual crece año a año.
Por eso reviste de importancia el bono demográfico fiscal (más población joven laborando y contribuyendo al fisco), pues Rosero indica que el país se enfrenta a una adversa factura demográfica iniciada en el año 2014 y que traerá repercusiones.
Advierte que un acelerado envejecimiento aunado a una inacción en política fiscal generará desafíos hacia el 2040, principalmente en educación, salud y pensiones donde las finanzas públicas enfrentarán un agujero de casi 6% del producto interno bruto (PIB) y que afectará el sostenimiento de esos servicios.
En setiembre pasado, entrevistado por La Nación, Rosero también hizo referencia a que esa “brutal caída”, en la razón de sustento demográfico, prevista en las próximas seis décadas podría destruir el sistema de seguridad social, a menos que se adopten reformas profundas.
“Ya el efecto en el sistema de pensiones se ha empezado a sentir, pero el impacto en el seguro de salud será tanto o más fuerte”, declaró el también fundador del Centro Centroamericano de Población.
