La esperanza de los empresarios es que las restricciones anunciadas este viernes por el Poder Ejecutivo desaceleren el ritmo de contagios de covid-19 y eso les permita reanudar actividades el próximo lunes 20 de julio.
Las disposiciones implican poner en alerta naranja a 53 de los 82 cantones del país, con las limitaciones que conlleva en circulación y funcionamiento de establecimientos comerciales.
Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que el Ejecutivo les expresó, en una reunión realizada este mismo viernes, que las restricciones aplicarían solo por un plazo de nueve días.
“Claramente nos dijeron que volveremos el 20 de julio, lo que el gobierno quiere es tiempo para recuperar la huella del contagio, la trazabilidad, eso fue lo que nos dijeron y esperamos que en esa fecha vuelva, por lo menos la Gran Área Metropolitana, a alerta amarilla”, declaró Sáenz.
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El estado de alerta amarilla permite la operación de gimnasios, restaurantes, cafeterías y centros de culto, entre otros, de lunes a viernes.
En el mismo sentido se pronunció Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, quien aseguró que reconocen la seriedad de la situación y asumen el compromiso y el cumplimiento de protocolos. No obstante, esperan que se tenga en cuenta el efecto en la economía.
“Instamos al Gobierno a no dejar de lado la agenda económica y que se asuma este tema con la misma seriedad, compromiso y rapidez con la que se toman las disposiciones de tipo sanitario”, dijo el representante.
El comercio ubicado en los cantones con alerta naranja es uno de los sectores productivos más afectados por las medidas anunciadas.
Por ejemplo, además de las condiciones impuestas de lunes a viernes, los fines de semana solo pueden operar comercios que ofrecen servicios esenciales como farmacias, centros médicos, abastecedores, pulperías, servicios a domicilio de alimentación, suministros agropecuarios, de higiene, y funerarias.
En relación con hoteles, aquellos ubicados en zonas en alerta naranja pueden recibir a personal de instituciones públicas en labores, mientras que los de zonas en alerta amarilla pueden operar al 50%.
La Cámara Costarricense de la Construcción solicitó a la población respetar las reglas fijadas por el Gobierno, pero mostró su oposición a la paralización de construcciones.
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Para la organización, su actividad debería ser considerada esencial y por lo tanto se le debería permitir mantenerse, al tiempo que aseguró que se implementan protocolos muy estrictos.
“ Entendemos que las medidas son por una semana, esperamos que esto ayuda a minimizar los contagios y que, de este lunes en ocho días, retomar las construcciones nuevamente”, comentó Esteban Acón, presidente de la Cámara.
Precisamente, esta misma semana, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció el inicio de operativos en los sitios de obra, luego de que se contabilizaran 226 enfermos de covid-19 asociados al sector construcción.
Este viernes el país alcanzó los 6.845 casos acumulados de covid-19; 128 personas permanecen en hospitales, 17 de ellas en unidades de cuidados intensivos.
Transporte no descarta recortes
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), afirmó que respetarán las disposiciones y operarán el servicio de autobús a un 20% de la capacidad, como lo dispuso el Ejecutivo.
No obstante, no descartó que en consecuencia deban tomar medidas como suspensión de contratos laborales, reducciones de jornadas o despidos de choferes en los próximos días.
“Mantenemos una coordinación permanente con el Consejo de Transporte Público y sí sabíamos cuáles serían las medidas”, expresó Bolaños.
