De acuerdo con las autoridades, la resolución data del 22 de noviembre de este año; sin embargo, la notificación se recibió hasta este martes.
Con la decisión de la Corte IDH se dan por cerrados los casos Artavia Murillo y otros (conocido como fecundación in vitro) y Gómez Murillo y otros en contra del país, ambos presentados por la prohibición existente desde el 2000 para practicar la técnica FIV.
La Corte recalcó en su resolución conjunta que las medidas de reparación dirigidas a implementar nuevamente la técnica en el país, garantizar los derechos de las víctimas y a garantizar la no repetición de las violaciones son fundamentales.
Agregaron que se observan diversas acciones ejecutadas bajo la competencia de la Caja Costarricense de Seguro Social entre el 2015 y el 2019 para incluir la FIV en los programas de servicio de salud pública para cumplir con las sentencias emitidas de estos dos casos y las obligaciones del Estado.
Tras conocer la resolución, Manuel Ventura Robles, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, manifestó que el archivo de los dos casos refleja el absoluto compromiso del Estado para cumplir con sus obligaciones convencionales de buena fe, al acatar las sentencias de la Corte IDH de forma integral, conforme a las normas del Sistema Interamericano y los principios de Derecho Internacional.
La Corte IDH destacó el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS para crear la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, que opera desde junio de este año y que fue visitada por una delegación el 1.° de julio.
Esta Unidad está ubicada en terrenos del Hospital de las Mujeres, en San José, y para su creación la CCSS invirtió $7,6 millones en su diseño, construcción y equipamiento.
Durante la visita, el juez Patricio Pazmiño destacó “la voluntad del Estado de Costa Rica para cumplir con las sentencias de la Corte IDH”, que ordenó al Estado aplicar esta técnica de fecundación, y dejó patente “el efecto esperanzador que generó esta visita de supervisión de cumplimiento”.
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La sentencia de la Corte IDH, de noviembre de 2012, obligó al país a restablecer la fertilización in vitro y también exigió a la Caja facilitar este tratamiento en los hospitales públicos.
Por eso, el México y el Nacional de las Mujeres trabajan desde el 2017 en la lista de espera de los pacientes que califican para FIV.
Se calcula que alrededor de un 20% del total de quienes comienzan el proceso de evaluación de infertilidad calificarían para estos tratamientos.
