EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) un documento para que se refiera a la “eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta” del contrato para operar por 10 años el Área de Salud San Francisco-San Antonio, en San José, por ¢31.310 millones.
La razón expuesta por la Contraloría es que la adjudicación que hizo la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a Coopesana no se basó en un estudio de razonabilidad de precios, como lo exige el artículo 41 de Ley General de Contratación Pública y el artículo 44 del reglamento de esa misma legislación. El fundamento para la decisión, dice la CGR, fue un análisis cuantitativo elaborado por la propia CCSS para evaluar la gestión de las áreas de salud.
“(...) No se concluyó de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando”, dijo la Contraloría en la notificación enviada a Coopesana, la cual fue subida al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el pasado viernes 4 de octubre a las 7:32 p. m.
El análisis mencionado, según el órgano contralor, se limitó a indicar el costo “promedio” del servicio en las áreas de salud administradas directamente por la Caja.
“Así las cosas, en apariencia, no consideró la competencia del mercado. En consecuencia, el contenido de los oficios Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros (...) no resultaría suficiente”, enfatizó la CGR.
Argumento se aplicaría a otras adjudicaciones
Aunque el proceso de nulidad aplica solo para la adjudicación a Coopesana del contrato de operación del Área de Salud San Francisco-San Antonio, el argumento de la Contraloría aplicaría para las otras nueve adjudicaciones que la Junta Directiva hizo a cuatro cooperativas y a una asociación médica, ya que todas se basaron en el análisis cuestionado. Sin embargo, en esas otras nueve adjudicaciones no se presentaron apelaciones, porque solo se presentó un oferente.
En el caso del Área de Salud San Francisco-San Antonio, sí hubo dos empresas interesadas: Coopesana y Psicomed. Esta última presentó una apelación el 30 de julio. Ante esa gestión, la semana pasada, la Contraloría amplió hasta el 17 de octubre el plazo para resolver el reclamo, debido a su complejidad.
El principal argumento de Psicomed es que existen criterios técnicos que señalan precios excesivos en esa y otras ofertas presentadas ante la Administración para la operación de diez áreas de salud en la Gran Área Metropolitana.
Según los documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicos (Sicop), la oferta de Psicomed S. A. fue por ¢28.992 millones, es decir, ¢2.318 millones menos que Coopesana. A pesar de eso, la CCSS descalificó a Psicomed por razones “administrativas” y adjudicó a la Cooperativa.
Ahora, las partes interesadas en el proceso tienen tiempo hasta el miércoles para contestar el proceso de nulidad iniciado por la Contraloría.
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Caso Barrenador
En total, la Junta Directiva adjudicó diez áreas de Salud a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones. De las diez contrataciones para administrar 138 Ebáis, nueve están en firme, según confirmó la Contraloría días atrás.
Sin embargo, el pasado 23 de setiembre trascendió que la Fiscalía investiga el proceso. La sospecha es que los integrantes de la Junta Directiva de la CCSS ignoraron los informes que señalaban precios excesivos y avanzaron con la adjudicación, causándole un perjuicio a la Seguridad Social por un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones por año.
Como parte de la investigación, denominada Caso Barrenador, el Ministerio Público realizó 28 allanamientos en oficinas de la CCSS y viviendas de directivos, exdirectivos y varios funcionarios, a los que sigue causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. Entre las casas allanadas está la de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS.
En la actualidad, Esquivel y siete imputados más, entre los que también está la gerente general interina, María de los Ángeles Gutiérrez, esperan que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva medidas cautelares en su contra. El Ministerio Público solicitó la suspensión de los imputados por seis meses mientras avanza la investigación, así como la prohibición de salir del país y la presentación a firmar al Juzgado.
Millonarias adjudicaciones a cooperativas
El Sistema Integrado de Compras Públicas refleja que la CCSS adjudicó las 10 áreas de salud que atienden a 600.000 asegurados, a cinco entidades: Asemeco; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud); Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín); Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba).
A Asemeco le entregó las áreas de salud de La Carpio-Leon XIII y San Sebastián-Paso Ancho por ¢45.740 millones y ¢39.237 millones, respectivamente, durante esos 10 años.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud le adjudicó las áreas de salud de Pavas por ¢78.290 millones y Desamparados 2 por ¢65.228 millones.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud le otorgó el área de salud de Tibás por ¢39.558 millones durante una década.
A la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana le adjudicó las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio por ¢50.269 millones, ¢49.014 millones y ¢31.310 millones, respectivamente.
Por último, a la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva le adjudicó las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, por ¢28.802 millones y ¢43.710 millones, respectivamente.
En todos los casos, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento. En total, la CCSS recibió depósitos vinculados a ese requerimiento legal por ¢2.118 millones.
La única que no está en firme es la adjudicación a Coopesana del Área de Salud San Francisco-San Antonio.
