Esta fue la respuesta que dio la Contraloría General de la República (CGR) dio a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fafta), la cual solicitó un criterio técnico sobre los efectos de la adjudicación a cinco cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis en 10 áreas de salud, por un plazo de 10 años.
Estas contrataciones son objeto de una investigación judicial debido a que se otorgaron a pesar de la existencia de un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales. En la causa, denominada Caso Barrenador, figuran como imputados la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez; y seis directivos y exdirectivos.
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La adjudicación fue aprobada por la Junta Directiva de la Caja el 6 de julio pasado.
Según la Contraloría, de los 10 contratos, solo uno está pendiente de apelación, pues es el único para el que hubo dos oferentes. En los demás casos, las cooperativas incluso depositaron las garantías de cumplimiento. “Así las cosas, a este momento los adjudicatarios pasaron de oferentes a contratistas y la decisión tiene efectos jurídicos”, advirtió la CGR.
Esta conclusión se fundamenta en el artículo 100 de la Ley de Compras Públicas (9986), según el cual “la relación contractual entre quien promueva el procedimiento y el contratista se perfeccionará una vez firme el acto de adjudicación y rendida la garantía de cumplimiento cuando haya sido exigida”.
De esta forma, reiteró la CGR, la condición de los contratistas genera derechos para ambas partes, que se derivan de las condiciones del contrato, “que son de afectación tanto material como jurídica ya consumada”.
Esto implica que las cooperativas pueden solicitar a la Caja el refrendo interno de los contratos y luego exigir su cumplimiento “obteniendo así el pago de un servicio con sobreprecio, según los criterios técnicos del Área de Contabilidad de Costos” de esa institución.
Situación de los contratos para administrar Ebáis
Esas mismas cooperativas tienen en ejecución un contrato de administración de Ebáis con autorización de la Contraloría hasta junio de 2025, según precisó la CCSS a La Nación.
Es decir, la atención en esos centros de salud no sufrirá interrupción en los próximos nueve meses, pero para julio de 2025 debería entrar en ejecución un nuevo contrato.
“De frente a la prestación de servicios de salud se tienen unos contratos prontos a vencer (en junio de 2025) y otros contratos firmados en condiciones desfavorables, según el criterio del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, cuyo trámite ha consumido más de un año”, concluyó el oficio DFOE-DEC-4596 del 25 de setiembre, firmado por Rafael Picado López, gerente de Áreas de la CGR.
El nuevo proceso de contratación para la administración de Ebáis comenzó realmente en 2021, pero después de 17 meses de apelaciones, la CCSS decidió anular todo en marzo de 2023 y comenzar de cero. Un nuevo proceso se inició en noviembre de 2023 y el resultado fue la cuestionada adjudicación de julio pasado.
