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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se expone a pagar alrededor de ¢200 millones por demandas de tres exgerentes de la institución, a quienes presionó para que renunciaran en el 2011 como una medida ante la crisis financiera que encaraba la entidad.
La primera sentencia en firme salió el 14 de agosto del año pasado en favor de Ubaldo Carrillo Cubillo, exgerente de Logística y quien hoy ocupa el cargo de director de Pensiones.
A Carrillo, la CCSS le tuvo que desembolsar ¢62,9 millones luego de que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia –que conoce casación en materia laboral–, confirmara la condena que ya había dictado el Juzgado de Trabajo.
El fallo la obligó a girarle al exgerente las diferencias de salario desde que fue removido injustificadamente, el 14 de octubre del 2011, hasta la fecha en que finalizaba su nombramiento como gerente, el 2 de abril del 2015. Se sumaron los reajustes por aguinaldo, salario escolar e intereses.
Carrillo no quiso referirse a esta sentencia.
Otras dos sentencias en espera
Actualmente, están en espera de resolución las demandas laborales de la exgerenta médica Rosa Climent Martin y el exgerente administrativo José Alberto Acuña Ulate.
Climent tampoco quiso referirse públicamente a su caso por recomendación del abogado. En este momento, ella se desempeña como médica evaluadora de la Dirección de la Red de Servicios de Salud.
Las sentencias a favor de Climent, en primera y segunda estancia, fueron impugnadas ante casación por la CCSS, y ella está a la espera de ese fallo.
Consultado por La Nación, Acuña Ulate calcula que, entre los tres casos, la CCSS podría llegar a pagar alrededor de ¢200 millones.
Él también tiene dos fallos a su favor, en primera y segunda instancia. Solamente está a la espera de que la Caja decida si acude o no, a la Sala II con un recurso de casación.
“Espero que se haga justicia. Tengo dos fallos a mi favor. Los dos reconocen que la Junta Directiva de la Caja de ese entonces violó mis derechos laborales, y están procediendo a que se reconozcan las diferencias salariales y el daño moral”, dijo Acuña.
El exgerente, atribuye estas resoluciones a errores legales de la Caja.
“No hubo un buen asesoramiento a la Junta. Se la llevó a tomar decisiones contra las leyes. La Caja no es cualquier institución; también está llamada a velar por los derechos de los trabajadores”, expresó Acuña, quien actualmente ocupa un puesto de director financiero administrativo institucional.
Sobre el fallo en favor de Carrillo, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, informó por medio de la oficina de prensa de que la institución “es respetuosa de la resolución de los tribunales de trabajo”.
"En cuanto a los reclamos pendientes debemos esperar lo que se resuelva y actuar conforme en derecho corresponda”, manifestó el jerarca.
Crisis fue la justificación
Los hechos que dieron origen a estas demandas se remontan a setiembre del 2011, un periodo en que la CCSS justificó decisiones muy importantes con el argumento de la crisis institucional.
En la sesión 8351 del 13 de setiembre de ese año, la Junta Directiva –presidida por Ileana Balmaceda Arias–, solicitó la renuncia a los gerentes de ese entonces, ante la necesidad de adoptar “una serie de medidas y acciones que busquen una responsable y eficiente revisión de su organización, sus procesos internos y sus programas”.
Esas renuncias debían hacerse efectivas en el plazo de un mes.
En ese entonces, la Gerencia Médica la ocupaba Rosa Climent; la de Logística, Ubaldo Carrillo; la Administrativa, José Alberto Acuña; y la de Infraestructura, Gabriela Murillo Jenkins.
En Pensiones estaba Miguel Pacheco Ramírez; y en la Financiera Manuel Ugarte Brenes. De la solicitud de renuncia se exceptuó a Pacheco por razones que no trascendieron.
En la transcripción del artículo 35 de esa sesión, se afirma que todos manifestaron “su anuencia de presentar la renuncia en el acto”.
Pero el contenido de la sentencia en firme en el caso de Ubaldo Carrillo (expediente 12-001991-1178-LA, resolución 2018-001393), se afirma todo lo contrario.
A Carrillo, la CCSS lo nombró por seis años como gerente de Logística, el 2 de abril del 2009. Era el responsable de todo lo relacionado con la compra de los insumos que necesitan los hospitales y Ebáis para funcionar.
Al recibir la solicitud de renuncia planteada por la Junta en setiembre del 2011, Carrillo presentó una carta, el 4 de octubre, en la cual, según la sentencia, “le comunicó a la Junta Directiva el apoyo y respeto en cuanto a las decisiones que esta adoptara, manifestando que, como todo servidor público, estaba a disposición de la Junta, desde el mismo día en que fue designado en el cargo”.
"Lo anterior no puede reputarse como una renuncia, pues el accionante lo que hizo fue ponerse a disposición ante una eventual remoción que efectuara la Junta Directiva.
“De manera errónea y arbitraria, la Junta Directiva sustentó su destitución en una supuesta renuncia al cargo, hecha –según ellos– en la nota referida”, señalaron en su fallo los magistrados de la Sala Segunda.
Ubaldo Carrillo dejó de recibir un salario de ¢4,2 millones mensuales, más aguinaldo y salario escolar desde su destitución, en octubre del 2011, hasta la conclusión de su nombramiento como gerente general, el 2 de abril del 2015.
Los magistrados también reconocieron que la destitución de Ubaldo como gerente, “se motivó en presuntas faltas endilgadas al gestionante, sin el debido proceso que necesariamente debió anteceder el despido sin responsabilidad patronal, lo que lesionó el derecho de defensa”.
La institución no se refirió al desempeño de su Dirección Jurídica en el manejo de estos casos.
